En las escuelas de Buenos Aires se enseñaba el catecismo, conforme a una ley provincial que recogía la tradición, vigente sin discusiones desde siempre. El 1881, el ministro Pizarro lanza un proyecto de Ley de Educación General de la República, que le da carácter gratuito y obligatorio, manteniéndose la enseñanza religiosa. Para otorgarle respaldo al proyecto, convoca un Congreso Pedagógico, que reunirá a figuras notables de la cultura y la política argentinas. Antes de inaugurarse dicho Congreso, renuncia Pizarro y lo sustituye en el ministerio Eduardo Wilde.

A poco de iniciarse las sesiones, se aprueba una moción que excluye de los debates “la cuestión de la enseñanza laica o de la enseñanza religiosa”. No obstante ello, al tratarse el plan propuesto por el director del Colegio Alemán, se advirtió que la cuestión era insoslayable pues, si la enseñanza religiosa no se mantenía expresamente, quedaría indirectamente suprimida. Propuesta su inclusión por los congresistas católicos –José Manuel Estrada, Miguel Navarro Viola, Pedro Goyena, Tristán Achával Rodríguez y otros–, la misma no es aprobada y los católicos se retiran del Congreso.

Se inicia un encendido debate que conmueve al país. Los representantes que se han retirado del Congreso fundan el diario La Unión y se reúnen en un club al que llaman “La Asociación Católica”, opuesto al “Club Liberal”, fundado por Juan María Gutiérrez. Toma activa participación en aquella controversia la masonería, y Sarmiento, que no ha dejado de militar en ella, truena contra los jóvenes de La Unión desde las columnas de El Nacional.

El proyecto de ley del gobierno, que mantiene la enseñanza del catecismo en las horas de clase, llega a la Cámara de Diputados. Allí es modificado por la mayoría, que lo ajusta al plan del Congreso Pedagógico, eliminando tal disposición. Wilde no sólo acepta sino que impulsa la modificación.

Al concluir el período ordinario de sesiones, la ley tiene sólo media sanción y la polémica continúa, enconada. Avellaneda publica un folleto, en defensa de la enseñanza religiosa; Sarmiento publica otro, a favor de la enseñanza laica. Así las cosas, en abril de 1884, el Vicario Capitular de Córdoba, monseñor Gerónimo Clara, difunde una pastoral donde, entre otras disposiciones, prohibe a los católicos enviar sus hijos a la Escuela Normal cordobesa, regenteada por maestras protestantes, norteamericanas. El gobierno califica como “subversiva” la pastoral y suspende en sus funciones a monseñor Clara, fundándose en el Derecho de Patronato.

El de “Patronato” era el derecho concedido por el Papa a los reyes de España, para resolver respecto a determinadas cuestiones privativas de la Iglesia, figurando entre ellas intervenir en la designación de obispos y la provisión de parroquias. Se trataba de una concesión otorgada en atención al acendrado catolicismo de los monarcas españoles y a las peculiares circunstancias planteadas por la guerra de reconquista contra los moros y la evangelización de América. Los gobiernos que se sucedieron, después de la Revolución de Mayo, sostuvieron haber heredado aquella facultad. Roma no lo entendió así.

Monseñor Clara responde, declarando nulas las resoluciones oficiales “que coartan el magisterio de la Iglesia”. Cuatro profesores universitarios adhieren a lo expresado por el prelado y son cesanteados por el gobierno. Entre esos profesores se cuenta Estrada, que dicta Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y es rector del Colegio Nacional. Al despedirse de sus alumnos pronuncia un inflamado discurso, uno de cuyos pasajes se hará célebre: “de las astillas de las cátedras destrozadas por el despotismo, haremos tribunas para enseñar la justicia y predicar la libertad”, dice.

El 8 de julio de 1884, la Cámara de Senadores aprueba el proyecto modificado en Diputados y queda sancionada la ley 1420, de Enseñanza Común.

Poco después, la señorita Armstrong –directora de la Escuela Normal de Córdoba– se entrevista con el Delegado Apostólico, monseñor Matera, a fin de procurar el levantamiento del interdicto que pesaba sobre esa escuela, desde que lo dictara monseñor Clara. La entrevista disgusta al gobierno y, luego de algunas alternativas, éste expulsa al Delegado del Papa y quedan rotas las relaciones del país con la Santa Sede (18 de octubre de 1884).

No pasó mucho tiempo desde el dictado de la ley que suprimía la enseñanza del catecismo en horas de clase hasta la sanción de otra, creando el Registro Civil. En virtud de ella, las actas administrativas de nacimiento reemplazarán a las partidas de bautismo, asentadas en los libros parroquiales, y los matrimonios pasarán a ser celebrados por funcionarios públicos. Tal medida fue considerada una nueva provocación dirigida contra los católicos y otras se sumarían a ella. Ya que el gobierno intervino en la provisión de parroquias y, en septiembre de 1886, cedió al pastor anglicano Thomas Bridges 8 leguas de campo en Tierra del Fuego, para apoyar así su tarea de convertir los aborígenes al protestantismo. Oponiéndose a la cesión, los legisladores católicos señalaron atinadamente que la misma vulneraba el mandato constitucional que establecía la obligación del gobierno de catequizar a los indios.