A partir de la independencia de los Estados Unidos, en 1776, las naciones del mundo que iban constituyendo nuevos estados se fueron estructurando con las formas de gobierno que revolucionaban la época: una ley suprema que aspiraba a representar la voluntad de los pueblos, que se denominaba constitución.

El principio de la soberanía popular se fue arraigando en Francia a partir de la revolución de 1789 y se propagó a otras naciones que la consagraban en sus constituciones, surgidas de la voluntad popular. Nacida en un comienzo para limitar los poderes de los monarcas, como sucedió en Francia, Inglaterra y otros países, se volcaron luego decididamente hacia el establecimiento de la forma republicana de gobierno.

Nuestro país no fue ajeno a la influencia de las ideas liberales de la época y en los años sucesivos a la revolución de Mayo de 1810, la discusión sobre la manera de alcanzar la organización nacional oscilaba en torno de adoptar un sistema unitario u otro federal.

En esta disputa los grupos defensores del centralismo lograron establecer sus principios en algunos proyectos constitucionales elaborados entre 1812 y 1853, año éste último en que, finalmente, se dictó la Constitucional Nacional que, con las sucesivas reformas, es la que nos rige en la actualidad. Aquellos intentos de organizar constitucionalmente al país bajo el sistema unitario, no tuvieron mayor éxito debido a la reacción de los partidarios federales.

No obstante, durante las cuatro décadas del mencionado período se fueron elaborando numerosos documentos que fueron estableciendo las bases legales que fue fundando la organización nacional, concretada finalmente en la letra de la Constitución.

La Asamblea General Constituyente de 1813, se ocupó sobre todo de la abolición de los elementos de tortura, los títulos de nobleza, la libertad de vientres; también los proyectos constitucionales que allí se presentaron.

El Estatuto Provisional de 1815, dictado por el Directorio, fue valioso antecedente, especialmente por las disposiciones relativas a la elección indirecta de los gobernadores, es decir por electores de cada provincia, diferenciándose así de los proyectos anteriores.

Los antecedentes que ejercieron la mayor influencia sobre nuestra constitución, fueron la Constitución de 1819 y la Constitución de 1826.

En la primera se establecía el Poder Ejecutivo unipersonal y Poder Legislativo bicameral, y dentro de éste, un particular Senado con rasgos aristocráticos. Esta Constitución de 1819 nunca entró en vigencia porque fue rechazada por las provincias por considerarla centralista y monárquica, derivando en luchas que enfrentaron a los caudillos del interior con las autoridades de Buenos Aires desde el año 1820.

La nación continuó estructurando su organización mediante acuerdos entre las provincias -los pactos interprovinciales- en los que éstas se iban pronunciando por la forma federal de gobierno. El más importante de estos acuerdos fue el Pacto Federal de 1831, que con una vigencia de más de veinte años ordenó jurídicamente a la Confederación, período en el cual las provincias fueron adoptando una organización interna, formaron sus propias legislaturas y designaron a sus gobernadores.

La Constitución dictada en el año 1826, también de tipo unitaria o centralista, consagraba un Poder Ejecutivo en manos de un Presidente y un régimen Legislativo bicameral. Establecía que los gobernadores provinciales eran designados por el Presidente con el acuerdo del Senado. Al no coincidir con las aspiraciones del interior fue rechazada por las provincias antes de leerla, por considerarla un atropello a sus propios intereses, y a sus autonomías.