Sumario: La cuestión de la capital. Reforma constitucional de 1866.
Se ha visto que los constituyentes de 1853 declararon en el artículo 3 de la Constitución, capital de la República a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores; que esto no fue aceptado por la provincia separada y que Urquiza hubo de gobernar desde su provincia federalizada. Que al terminar su mandato en 1860, la provincia de Entre Ríos fue desfederalizada, y que sólo Paraná fue sede de las autoridades nacionales durante la presidencia de Derqui, mientras Urquiza volvía a la gobernación de su provincia. Que la reforma de 1860 devolvió a la provincia de Buenos Aires su capital, estableciéndose que la capital futura de la República sería designada por el Congreso de la Nación con acuerdo, de la o de las legislaturas, a cuya jurisdicción perteneciera la ciudad o zona a federalizarse.
Encargado Mitre del poder ejecutivo nacional por las provincias, no admitió ir a gobernar la República desde Paraná. La Legislatura de la provincia de Santa Fe había ofrecido su ciudad cabecera como capital de la Nación. Otras voces hablaron de federalizar San Nicolás o San Femando. Pero el ministro de Mitre en la provincia de Buenos Aires, Eduardo Costa, expone la opinión de aquél: Buenos Aires debía federalizarse para asegurar el proselitismo liberal en toda la República451. Ante esto, el Congreso de la Nación, reunido desde mayo de 1862, en Buenos Aires, llegado el mes de agosto, en una de sus primeras leyes, federalizó nada menos que toda la provincia de Buenos Aires. El argumento del diputado nacional Zavaleta fue el predominante entre quienes votaron la federalización: la necesidad de «extinguir radicalmente el caudillaje»452. Era ir más allá de lo que había pretendido el mismísimo Rivadavia: de un plumazo se pretendía hacer desaparecer la autonomía de toda la provincia de Buenos Aires.
Hacía falta, de conformidad con el artículo 3 de la Constitución, el acuerdo de la legislatura porteña. El Club Libertad, cuya alma era el hijo del prominente ex-unitario Valentín Alsina, llamado Adolfo, se puso en acción para evitar que la Legislatura porteña admitiese la federalización de la provincia, lo que significaba su desaparición como tal; de allí el nombre de «autonomismo» que tuvo su fracción política de larga y trascendental actuación en los próximos años. Frente al autonomismo, quedaron con Mitre quienes consideraron que la autonomía porteña debía sacrificarse en beneficio de la Nación y que, por ende, recibirían el nombre de «nacionalistas». El enfrentamiento de estas dos corrientes del partido liberal se profundizó de aquí en más, especialmente por las dotes de liderazgo que demostró el jefe del autonomismo, Adolfo Alsina, proceso que ya analizaremos en el próximo capítulo.
Volviendo a la cuestión de la capital, la Legislatura porteña, animada por el Club Libertad, rechazó la solución del Congreso Nacional, y se volvió a fojas cero. Entonces Mitre forzó un desenlace conciliador, amenazando con su renuncia. Se llegó a la «ley de compromiso», que sancionó el Congreso a principios de octubre, y a la que la Legislatura le prestó su acuerdo. Por ella, la ciudad de Buenos Aires sería por cinco años residencia de las autoridades nacionales, las que tendrían jurisdicción sobre todo el municipio, esto sin dejar de ser capital de la provincia de Buenos Aires. El municipio seguiría teniendo su representación en la Legislatura de la provincia, y se dejaba a ésta la administración del Banco de la Provincia de Buenos Aires, los demás establecimientos públicos radicados en la ciudad, y los juzgados y tribunales de justicia.
Mientras se aproximaba el vencimiento del plazo de cinco años establecido, comenzó a crecer la urgencia por resolver el problema. El primer parlamentario que afrontó la cuestión, fue el senador nacional Martín Piñero, quien en junio de 1866, presentó en su Cámara un proyecto de ley declarando capital de la República a Fraile Muerto, hoy Bell Ville, con excelente ubicación en el centro de la República. El proyecto fue cruzado por otros legisladores, que consideraban debía ser aplazada la solución de la cuestión, debido a la guerra del Paraguay en la que se estaba. En septiembre, el Congreso devolvió a la provincia de Buenos Aires el gobierno del municipio de la ciudad, que le había conferido la «ley de compromiso» a la Nación, debido a las tensiones entre los poderes nacionales y provinciales por ese problema. Ahora sí que la potestad nacional era un mero «huésped» de Buenos Aires.
En julio de 1867, el diputado nacional Manuel Quintana, presentó en su Cámara una iniciativa por la cual se declaraba capital de la República la ciudad de Rosario. Concomitantemente, la Legislatura de la Provincia de Córdoba ofrecía su ciudad capital para serio de la República, y la Legislatura de la de Santa Fe hacía otro tanto con Rosario, mientras algunos diputados presentaban otro proyecto pensando que la capital debería estar en el trayecto del ferrocarril de Rosario a Córdoba. Quintana recomienda Rosario por carecer de significación política, poseer comercio y población propios453, independientes del resto de la provincia, la que debía poner su acento en la colonización del Chaco, y ostentar buenas comunicaciones con el resto de la República. Condena a los que quieren obtener la estabilidad de las instituciones colocando la capital «a la par de los caciques de la pampa», escogiendo «un desierto» para residencia de autoridades454. Diputados aprobó el proyecto de Quintana, pero el Senado lo rechazó por apenas un voto.
Al vencer en octubre de 1867 el término de cinco años de la ley de compromiso, el poder ejecutivo nacional, mediante un decreto, resolvió fijar su mera residencia en la ciudad de Buenos Aires, fundando esta decisión, en el derecho de simple residencia que los poderes públicos nacionales tienen en cualquier punto del territorio argentino, esperando que el Congreso le diera definitiva solución a la cuestión.
En mayo de 1868, el senador Joaquín Granel insiste con el proyecto de federalizar Rosario. Después de intenso debate, el Senado lo aprueba y también lo hace Diputados, no obstante hay en ambas cámaras votos para otras soluciones: Las Piedras, hoy Villa Constitución; Villa Nueva, frente a Villa María en Córdoba; Buenos Aires; Córdoba. De tal manera que Rosario parece va a ser la capital de la República. Pero el presidente Mitre veta la sanción del Congreso, y como en éste no se reúnen los dos tercios de votos de sus cámaras para sobreponerse al veto, la capitalización de Rosario no se concreta. Mitre argumenta que debía ser consultado su sucesor, Sarmiento, al respecto. En realidad, las verdaderas razones las da el ministro Eduardo Costa en el debate en Diputados: «...porque se han arraigado aquí grandes intereses que han de sentirse heridos si estas autoridades salieran del recinto de la ciudad de Buenos Aires»455.
Durante la presidencia de Sarmiento, Granel vuelve, en mayo de 1869, con su proyecto de federalización de Rosario, que es sancionado por ambas cámaras. La cosa está ahora en manos de un presidente provinciano, y no porteño. Pero Sarmiento veta por segunda vez a Rosario, fundado en la «difícil situación política y económica» por la que atravesaba la República; en la guerra del Paraguay, que exigía conservar la capital en Buenos Aires, la más rica, inteligente y poblada de la República, para «mantener el crédito interior y exterior en las ventajosas condiciones en que hoy se encuentra»456. Tampoco le fue posible al Congreso insistir con los dos tercios exigidos por la Constitución. Oroño, dice en el Senado que el presidente no quería salir de Buenos aires para no desprenderse de los elementos de fuerza, poder y opinión, para gobernar apartándose de las instituciones, no faltando más que se mandaran intendentes a las provincias como en tiempos de los virreyes 457.
Entre 1870 y 1871 se presentaron proyectos en una u otra Cámara federalizando Rosario, Buenos Aires, Córdoba, San Femando o Villa María. En el Senado, finalmente en 1871, la votación favoreció a Villa María, en un área cuadrada de veintiséis kilómetros de lado. La capital se denominaría «Rivadavia». Rawson, en diputados, encomió la excelente ubicación central del villorio elegido458. Esta pequeña población había adquirido relevancia en esos años, pues era estación importante del F. C. Central Argentino y cabecera del F. C. Andino, que uniría Córdoba con Cuyo y Chile, además de estar conectada por telégrafo y tener una población creciente. Lo mejor de Villa María era su envidiable posición geográfica para ser capital de la República. Se creía que la inclinación del presidente hacia los modelos yanquis facilitaría la concreción de la ley y Villa María habría de transformarse en la Washington argentina.
Sarmiento, quien desde «Argirópolis» había preconizado en 1850 la instalación de la capital fuera de Buenos Aires, en una zona equidistante de los centros de población e influencia del país, veta la sanción de ambas cámaras. Es que ya «La Nación» alertaba en el sentido de que la capital en Villa María «es una reacción contra la idea liberal»459. He aquí los argumentos de Sarmiento: llevar la capital al «despoblado», era «alejar de la gestión de los negocios públicos a los hombres más prominentes, que por su edad y situación están poco dispuestos a someterse a las privaciones de una residencia improvisada en medio de los campos»; teme por el crédito interno y externo desde que se alejara la capital de los centros comerciales; crear una ciudad nueva para la capital, podía ser posible en Estados Unidos, «tierra tan prolífica» que en setenta años duplicó sus Estados y creó «cien ciudades y cuarenta mil villas que son el asombro del mundo»; «el gobierno no puede decretar que se traslade a Villa María una sociedad culta... Durante medio siglo los amigos de la libertad y de la civilización se parapetaron en las ciudades para hacer frente al atraso de las campañas que minaban las instituciones libres; y cuando apenas cesa la última tentativa que ha producido la tradición de los caudillos por conservar su predominio, sería tentar a la providencia el poner por diez años el gobierno Nacional en los campos»460.
La dogmática aseveración de que la barbarie era patrimonio del interior desértico, perseguía a nuestros liberales hasta estos extremos. Las Cámaras no pudieron insistir con los dos tercios reglamentarios, a pesar de que el senador Aráoz fustigó a quienes no podían hacer «el sacrificio de patriotismo y civismo» yendo a gobernar la República desde «donde no hay palacios, donde no hay hoteles». Insta a tener fe en la Nación, contestando a las dudas del presidente de poder construir una capital en el desierto; faltaba «la voluntad del Poder Ejecutivo y un poco de actividad, un poco más de fe en el porvenir del país, y un poco más de fe en la consolidación de la Nación Argentina»461.
En 1872 y 1873, Granel insistió con su proyecto de federalización de Rosario. El primer año fracasó, pero en 1873, nuevamente, las Cámaras votaron a la ciudad santafesina, a pesar de la opinión de otros legisladores en favor de Villa Constitución, Villa María, o de una ciudad a levantarse entre San Nicolás y Villa Constitución. Pero estaba Sarmiento, con sus prevenciones. Y nuevo veto, fundado en que «disminuye el número de votos que apoyan esta idea», o en que el poder ejecutivo estaba «en medio de las premiosas atenciones que reclama la rebelión» refiriéndose al segundo levantamiento de López Jordán en Entre Ríos 462. Una vez más no se logró en el Congreso superar el veto presidencial.
En 1874, el diputado Villada Achával pugnó por federalizar la ciudad de Córdoba; su proyecto no fue considerado.
Mientras gobierna Avellaneda, nuevos proyectos de distintos legisladores proponen otra vez a Rosario, la federalización del territorio comprendido entre los arroyos Ramallo y Pavón, o Córdoba, nuevamente. El ministro del interior de Avellaneda, Simón de Iriondo, en el debate de diputados, propone que una convención reformadora del artículo 3 de la Constitución resolviera la cuestión, bonita manera de aplazar la solución del acuciante problema463. Clemente J. Villada, diputado cordobés, contrario a la federalización de Buenos Aires, vaticinó, al oponerse a esta idea: «el cuerpo aun pequeño, diremos así, como es la Nación Argentina, puesto que recién empieza a vivir, tendría una cabeza demasiado grande, que absorbería todas las fuerzas vitales de aquél; y esta cabeza seguiría creciendo desproporcionalmente con el resto del cuerpo; de manera que vendría a ser un monstruo la República Argentina con la capital en Buenos Aires, por ser demasiado grande su cabeza»464. Hoy comprobamos la validez del aserto. En Diputados, triunfó la tesis de hacer de Rosario la capital de la República. En el Senado, el proyecto durmió el sueño de los justos, pese a que en 1877 y 1878 el senador Argento insistió en la sanción.
Ya veremos que la solución del problema llegaría en 1880 con la federalización de la ciudad de Buenos Aires, tópico que abordaremos en el próximo capítulo.
Reforma constitucional de 1866
Este año los impuestos a la exportación cesaban como nacionales, no pudiendo ser provinciales. Así lo disponía la reforma de 1860 que había enmendado las correspondientes disposiciones de los artículos 4 y 64, inciso 1º, de la Constitución de 1853, para la que esos derechos serían nacionales sin límite en el tiempo. Había sido una concesión a la provincia de Buenos Aires, cuyos hombres pensaron que alguna vez podrían volver a pertenecerle, al menos, los derechos de exportación recaudados en su poderosa aduana, que por el Pacto de San José de Flores había pasado a ser nacional, y esto a pesar de que la cuestión se transó especificando que dichos derechos de exportación en 1866 no podrían ser provinciales.
El partido liberal, que en 1859 había sido derrotado en Cepeda, y en 1860 debía soportar un gobierno nacional con cierto matiz federal, en 1866 era el que gobernaba la República. El federalismo, derrotado de la manera que vimos en Pavón, por la deserción de Urquiza, empezaba a ser un recuerdo.
En plena guerra con el Paraguay, el frente de guerra se tragaba fortunas en avituallamiento de la tropa, sus sueldos, armas, etc. Hacía falta dinero. Fue por ello que Valentín Alsina presentó un proyecto en el Senado, modificatorio de los mencionados artículos 4 y 64, inc. 1º, éste último, que desde la reforma de 1860, era el 67, inciso 1º. También proponía la enmienda del artículo 88 respecto a responsabilidad de los ministros del poder ejecutivo, y el artículo 100 relativo a la jurisdicción de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación, que a juicio de Alsina había sido mal traducido del texto constitucional norteamericano, cosa en la que tenía razón como hemos visto. El Congreso sólo admitió la reforma del artículo 4, y del 67, en su inciso 1º.
Las elecciones de convencionales se realizaron el 22 de julio. El Club Libertad se abocó a una intensa campaña contraria a la reforma, entendiendo que los derechos de exportación debían ser provinciales, como en Estados Unidos, posición en la que coincidieron opiniones federales del interior. Este juicio encontraba eco también en la opinión pública, que en forma cada vez más terminante se oponía a la continuación de la presencia argentina en la guerra contra el Paraguay. Por ello, el gobierno de Mitre tuvo que extremarse para poder imponer la reforma, que sólo obtuvo por 22 votos contra 19.
La enmienda consistió en la eliminación de la frase del artículo 4: «hasta 1866 con arreglo a lo estatuido en el inciso 1º del artículo 67», y en el artículo 67, inciso 1º, la supresión de las palabras: «hasta 1866, en cuya fecha cesarán como impuesto nacional, no pudiendo serlo provincial». Con lo que, en resumidas cuentas, los derechos de exportación pasaron a ser, definitivamente, recursos de la Nación.
