Sumario:La cuestión electoral. La figura de Roque Sáenz Peña. El proceso legislativo. Características de la reforma. Puesta en práctica.

La cuestión electoral

En la primera década del presente siglo, dos graves problemas aquejaban a Argentina. En el campo económico-social, ya se ha visto que los principios del liberalismo aplicados crudamente después de Pavón, pero especialmente a partir de 1880, habrán generado una situación difícil para la clase trabajadora que soportaba jornadas de labor agobiadoras, condiciones de trabajo muchas veces inhumanas, salarios reales no siempre suficientes, carencia de viviendas aptas e higiénicas.

Los reclamos, manejados en buena parte por la dirigencia anarco-sindicalista, fueron en muchas ocasiones violentos, por sobre todo en Buenos Aires y Rosario. Desde el punto de vista social, pues, se vivió un clima tensionado.

En el ámbito institucional, la burla en que se habían transformado los comicios, constituyó otro motivo explosivo. Juárez Celman reconocía en 1906 en carta a Wilde: «La verdad verdadera es que hace veinte años que no hay elecciones en la República, pues desde el Presidente de la República hasta el gobernador de Jujuy, son nombrados, si no por decreto, por orden de su antecesor, y esto, más tarde o más temprano, ha de traernos un gran escándalo»827. Otro de los responsables de este estado de cosas, Pellegrini, lo reconoció claramente en ese año 1906: «Tenemos una nación independiente, libre, orgánica y vivimos en paz pero nos falta algo esencial: ignoramos las prácticas y los hábitos de un pueblo libre y nuestras instituciones son sólo una promesa o una esperanza... las prácticas viciosas que han ido aumentando día a día han llevado a los gobernantes a constituirse en los grandes electores, a sustituir al pueblo en sus derechos políticos y electorales»828. Si éstas eran las opiniones de los beneficiarios del régimen de fraude en que se vivía, puede imaginarse cuál sería el pensamiento de la opinión pública objetiva, o el juicio de la fuerza opositora por excelencia, el radicalismo. Así, la abstención electoral de éste, lograda por la austeridad, la paciencia y el dominio de sí mismo de Yrigoyen durante casi dos décadas, fue revolucionaria. El último estallido había sido en febrero de 1905, pero luego de alguna manera la conspiración continuó.

Tales elementos inflamables juntos podían provocar un incendio de imprevisibles consecuencias. Así lo comprendieron las mentes lúcidas del régimen conservador como Carlos Pellegrini. José Figueroa Alcorta, Mariano Demaría, Indalecio Gómez, Guillermo Udaondo, Roque Saenz Peña 829. Había que abrir una válvula de escape a tanta presión comprimida, y pareció que debía comenzarse por una reforma electoral que posibilitara el juego limpio comicial 830, que sin comprometer la suerte triunfadora del conservadorismo gobernante, cuya mayoría se descontaba con optimismo suficiente, posibilitara que la minoría radical compartiera el poder como oposición de la élite en el poder.

José Figueroa Alcorta, siendo presidente, en entrevistas sucesivas con Hipólito Yrigoyen, ante reclamos de éste para que se concretara dicha reforma electoral, según las versiones de ambos protagonistas, mostró predisposición para que el cambio se produjera, dando noticia a Yrigoyen de que había enviado al Congreso un proyecto de padrón militar. Dicha inclinación favorable del presidente parece ser exacta teniendo en cuenta que Figueroa Alcorta, además de sepultar la carrera política de Roca e intentar hacer lo mismo con la de Marcelino Ugarte, dos hombres del régimen renuentes a admitir dicho cambio, posibilitó el acceso al poder, en 1910, de Roque Sáenz Peña, cuyas intenciones al respecto eran claras 831.

La figura de Roque Sáenz Peña

El que fuera presidente argentino en el lapso 1910-1914, Roque Saenz Peña, era a la sazón una prestigiosa figura de nuestra vida política. De clara ascendencia federal, pues sus dos abuelos fueron integrantes de la legislatura de la provincia de Buenos Aires hasta Caseros, aunque fue miembro de la élite liberal que nos gobernó desde 1880, siempre se lo vio enfrentar a lo peor que ese grupo dirigente produjera en hombres y en hechos. Era de una moral y austeridad personales inobjetables, repudiaba las actitudes maquiavélicas. En lo internacional fue americanista convencido como se lo señalaba la ascendencia federal que puntualizamos 832.

Frente al cuadro de fraude, escepticismo e indiferencia cívica de su época, fue de los primeros en advertir que ello se debía a la ausencia del pueblo en el momento en que las magistraturas políticas se renovaban. Su oposición, y hasta enemistad con Roca, en este sentido, son esclarecedoras. Lo cierto es que al asumir la primera magistratura el 12 de octubre de 1910, el nuevo presidente tenía ya decidida una profunda reforma electoral. El tema lo había estudiado y conversado en Europa con Indalecio Gómez, pues ambos se desempeñaban como diplomáticos argentinos en los meses previos a su ascenso al poder. Por ello es que el gran autonomista salteño, hombre de recia raigambre católica, que había recibido del grupo de José Manuel Estrada su definida preferencia por el juego limpio electoral, fue ministro del interior en esta presidencia histórica.

El proceso legislativo

Saenz Peña tuvo dos entrevistas con Yrigoyen en septiembre de 1910, en las que éste fue informado del propósito del presidente electo de impulsar una reforma electoral con padrón militar y representación de la minoría. Y efectivamente, poco después de haber asumido, en diciembre de 1910, por conducto del ministro Indalecio Gómez, se elevaron dos proyectos de ley al Congreso, el primero de enrolamiento general, el segundo de padrón electoral. Un tercer proyecto, estableciendo el voto secreto y obligatorio y el sistema electoral de lista incompleta, que posibilitaba la representación parlamentaria de las primeras minorías, fue presentado en la Cámara de Diputados en agosto de 1911.

En julio de 1911 quedaron aprobados los proyectos de enrolamiento militar y padrón electoral. El proyecto de ley electoral fue objetado en la cámara baja, pues el articulo 37 de la Constitución Nacional establece que la elección de diputados se hace «a simple pluralidad de sufragios», con lo que parecía prohijar el sistema de la lista completa, y ahora se preconizaba el sistema de la lista incompleta. Indalecio Gómez intentó demostrar que el texto constitucional es compatible con un sistema que a simple pluralidad de sufragios, le dé la mayoría a una lista de candidatos y la minoría a otra. El diputado Manuel Augusto Montes de Oca, profesor de Derecho Constitucional de gran prestigio, arguyó en favor del sistema adoptado por el proyecto, que los constituyentes de 1853, en materia de sistema electoral, «no podían tener, como no tuvieron, noticia plena a su respecto. No puede decirse, pues, que proscribieran de un sablazo, lo que no conocían de antemano», y agregó más adelante: «La frase ‘simple pluralidad de sufragios’, estén persuadidos de ello los señores diputados, iluminada por los antecedentes de la República, no significa otra cosa que dar facilidades a los congresos e imponerles que no conviertan en un recaudo sine qua non la exigencia de la mayoría absoluta»833.

La iniciativa fue finalmente aprobada en su totalidad, menos en lo que refiere a la obligatoriedad del sufragio. En el Senado se sanciona el proyecto completo, incluyendo la obligatoriedad. Al volver a Diputados, esta Cámara ahora se pliega a la posición del Senado, era febrero de 1912.

La ley no 8.871, conocida como ley Sáenz Peña, fue promulgada por el presidente con un manifiesto en el que se lee: «...la sangre dejó de derramarse en los campos de la rebelión, pero corrió en los comicios, y los comicios presenciaron cruentas contiendas entre el pueblo apasionado y el oficialismo partidario. La ausencia de las armas marcó, sin duda, un progreso, pero no es signo definitivo de la conquista democrática. No basta. Necesitamos destruir a los agentes sucedáneos de la fuerza: a las artes hábiles que hacen ilusorio el voto y el efectivo imperio de las mayorías. Cuando ellas desaparezcan, entonces sí habremos llegado... Ni la ley ni el sistema que ella crea es una finalidad: es apenas un medio que ha de realizar obra viviente por el calor y el aliento de los ciudadanos... No necesito repetir que al ejecutar la ley, cumpliré mis compromisos contraídos con la Nación... He dicho a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario. Quiera votar»834.

Características de la reforma

Veremos ahora en rápida síntesis lo fundamental de la reforma electoral.

Por la ley n° 8.129, de enrolamiento general, se dispuso que éste fuera organizado por el ministerio de Guerra: los ciudadanos varones, al llegar a los 18 años, tenían la obligación de enrolarse en las oficinas del Registro Civil, recibiendo un comprobante que se denominó Libreta de Enrolamiento. Ese registro de ciudadanos era base para el cumplimiento del servicio militar obligatorio.

Mediante la ley n° 8.130, de padrón electoral, se disponía la confección de esa nómina, tomando como fundamento la lista de enrolados resultantes de la ley anterior. Esa tarea, esto es, la hechura de la nómina de votantes en condiciones de sufragar en las elecciones, era del resorte de la justicia federal, que debía controlarla, depurarla y nombrar a los funcionarios que debían organizar y llevar a la práctica los comicios.

Las principales disposiciones que incluyó la ley electoral no 8.871, pueden sintetizarse así:

1°) Sufragio universal, sin excluidos por razones de cultura o condición económico-social. Quedaban, sin embargo, descartados los dementes declarados tales en juicio, los sordomudos que no sepan hacerse entender por escrito; los eclesiásticos regulares; soldados, cabos y sargentos de las fuerzas armadas; agentes de policía; detenidos por juez competente; dementes y mendigos recluidos en asilos y en general los que se hallen asilados en hospicios públicos, o habitualmente a cargo de congregaciones de caridad; reincidentes condenados por delitos contra la propiedad durante cinco años después de cumplida la condena; penados por falso testimonio o delitos electorales durante cinco años; los que hubiesen sido declarados por autoridad competente incapaces de desempeñar funciones públicas; quebrados fraudulentos hasta su rehabilitación; los privados de tutela y curatela por defraudación a los bienes del menor o incapaz mientras no restituyan lo adeudado; los que estén bajo pena corporal y hasta que sea cumplida; los que hayan eludido las leyes de servicio militar, hasta cumplir la pena correspondiente; los excluidos del ejército con pena de degradación o por deserción hasta diez años después de la condena; los deudores por apropiación o defraudación de caudales públicos hasta que no satisfagan su deuda y los dueños y gerentes de prostíbulos.

2°) Voto obligatorio en todas las elecciones, con publicación del nombre del infractor y multa en caso de incumplimiento. El voto no es obligatorio para las personas mayores de setenta años.

3°) Sufragio secreto: nadie puede conocer el texto del sufragio de los ciudadanos electores, a cuyos efectos se instrumenta el uso del cuarto oscuro, el sobre cerrado, etc.

4°) Escrutinios centralizados y supervisados por la justicia federal, lo cual no es óbice a que pueda realizarse el escrutinio provisorio en la mesa al término del acto electoral.

5°) Adopción del sistema electoral de lista incompleta. Cada ciudadano vota solamente por las dos terceras partes de las vacantes a cubrirse, y no por la totalidad de ellas. Entonces, la mayoría obtiene sólo dos terceras partes de las vacantes a llenarse, la otra tercera parte es obtenida por la minoría. Al hacerse el escrutinio por candidatos, y no por lista partidaria, resulta factible que las bancas de la minoría sean adjudicadas a candidatos de diversos partidos políticos.

Mediante el sufragio obligatorio se trató de terminar con la indiferencia cívica reinante. El voto secreto era una garantía de que el sufragante votaría con libertad, sin la presión consiguiente a la publicidad de su decisión. El padrón electoral estructurado por la justicia federal, automáticamente, sin apelar a que el ciudadano se inscriba en él voluntariamente, y el control sobre los comicios ejercido por esa justicia nacional, eran vallas opuestas a la posibilidad de que se cometiera fraude. El sistema de lista incompleta facilitaba la supervisión del trabajo de la mayoría por la minoría, y contribuía a que el partido ganador tuviera en la Cámara de Diputados una mayoría que, al menos, allanara la eficacia en su labor de gobierno.

Puesta en práctica

La primera aplicación de la reforma electoral se produjo en marzo de 1912, con motivo de la elección de gobernador y vicegobernador para la provincia de Santa Fe. Allí se utilizaron los nuevos padrones, y el comicio fue controlado por el ejército. Triunfó la fórmula radical Menchaca-Caballero sobre sus contendientes, una coalición conservadora obtuvo el segundo puesto, y el candidato de la Liga del Sur, Lisandro de la Torre, se ubica tercero.

Alentado por esta victoria, al mes siguiente, abril de 1912, el radicalismo vuelve a imponerse en las elecciones de diputados nacionales de la Capital Federal.

Parecía que el presidente Sáenz Peña estaba dispuesto a cumplir con la palabra empeñada, pero los resultados de las elecciones de gobernadores, en ese mismo año 1912, en las provincias de Salta, Córdoba y Tucumán, donde gana el conservadorismo, con protestas radicales de haberse cometido fraude en las dos primeras, siembran la duda entre los prosélitos de Yrigoyen.

Los triunfos socialistas en elecciones de legisladores nacionales en la Capital Federal, en 1913 y 1914, ahora son materia de preocupación para las filas conservadoras, pues no debe olvidarse que el socialismo era el partido «extremista» de esta época 835.

En La Rioja y Jujuy, en 1913, triunfan también los conservadores, con maniobras que empañan la limpieza comicial.

En agosto de 1914 muere Sáenz Peña y asume ahora como titular del poder ejecutivo nacional el vicepresidente Victorino de la Plaza, quien no tiene las mismas convicciones del autor de la reforma electoral respecto a la necesidad de aplicar ésta. Sin embargo, en 1914 el radicalismo gana la provincia de Entre Ríos, y Córdoba en 1915.

Entre tanto, por esos años el sector más moderno y lúcido del régimen oficialista, liderado por Mariano Demaría y Lisandro de la Torre, urden el Partido Demócrata Progresista, experiencia que consistía en tratar de confederar todos los partidos del liberal-conservadorismo, proclamando la fórmula De la Torre-Alejandro Carbó para las elecciones presidenciales de 1916. Otros hombres del régimen, como Marcelino Ugarte, al que pronto se pliegan Benito Villanueva y el doctor Julio A. Roca, hijo del general, descreídos de la posibilidades de éxito que tendría el enfrentar al radicalismo en elecciones honradas, afrontarían las elecciones en distintos distritos sin plegarse a la fórmula demócrata progresista.

El radicalismo, mientras tanto, arrastra su propia problemática interna. El líder, Hipólito Yrigoyen, debido probablemente a los resultados adversos en algunas provincias fruto de los manejos oficialistas, era más bien partidario de abstenerse en las elecciones presidenciales. Chocó con la posición concurrencista de la mayoría de la convención partidaria, que proclamó la fórmula Yrigoyen-Pelagio B. Luna. El caudillo renuncia a su postulación, pero ante el rechazo de la dimisión, que por aclamación unánime hace la asamblea radical, expresa: «Hagan de mí lo que quieran»836.

Las elecciones para renovar el poder ejecutivo nacional se desarrollan el día 2 de abril de 1916. Se eligen 300 electores de presidente y vicepresidente. De acuerdo a la Constitución Nacional se necesitaban 151 para el triunfo, pues de lo contrario el Congreso decidía entre las dos fórmulas más votadas. Debe puntualizarse que aquél tenía amplia mayoría conservadora.

El binomio Yrigoyen-Luna sólo obtiene 141 electores, porque los electores santafesinos, 19 en total, a pesar de ser radicales, como se mantienen en disputa con el comité nacional del partido, se resisten a votar a Yrigoyen. A pesar de esto, el radicalismo en todo el país ha obtenido 370.000 votos, contra 340.000 de todos los demás partidos juntos. Los dirigentes radicales, deseosos de llegar al poder, incitan a Yrigoyen a negociar la adhesión de los electores santafesinos; pero el líder, enemigo de los enjuagues de trastienda, se encierra en su establecimiento de campo, negándose a transar, y dejando en libertad a los electores santafesinos para que cumplieran con el dictado de sus conciencias. En realidad, lega a la posteridad un gran ejemplo de conducta cívica y de dominio de sí mismo 837.

Los conservadores no demócratas progresistas obtuvieron 69 electores, y 65 la fuerza de Lisandro de la Torre. Entonces, los primeros se entregaron a urdir una maniobra que llevara el proceso electoral al Congreso, donde pensaban imponer su fórmula ángel D. Rojas-Juan R. Serú.

Fue Ricardo Caballero quien convenció a los disidentes santafesinos a decidirse por Yrigoyen para que finalmente éste obtuviera los 152 electores necesarios 838.

Incitado el presidente de la Plaza a desconocer este resultado, por presuntas irregularidades que se habrían cometido durante las elecciones, del 2 de abril, en los distritos de Santa Fe y Santiago del Estero, el primer mandatario desechó la instigación dando otro ejemplo de civismo.