Gobierno de Leopoldo F. Galtieri

El nuevo presidente, que retuvo la comandancia general del Ejército, dio la sensación de que se sentía instalado en el poder, demostrando quererlo desempeñar cabalmente. Lo revela la designación de gobernadores civiles en las provincias importantes, sin tener en cuenta que hasta ese momento estaban regidas por oficiales de las Fuerzas Armadas, según lo convenido entre ellas. El acceso al ministerio de Economía de Roberto T. Alemann, y al de Relaciones Exteriores de Nicanor Costa Méndez, especialistas de prestigio, cualquiera fuere el juicio respecto de sus orientaciones específicas, denotaba el propósito de generar políticas ambiciosas y no meramente transitorias. Pero en marzo de 1982, las dificultades económicas se hicieron sentir cuando la recesión se manifestaba con un crecimiento considerable de la desocupación, llevando angustia a sectores de la población. El 30 de marzo las fuerzas del trabajo organizaron una movilización en toda la República, opositora a la política económica implementada, que tan serias consecuencias había generado. En la Capital la represión policial fue muy dura, provocando las reacciones consiguientes.

Frente a este contexto político y económico-social, no es aventurado conjeturar que Galtieri y su entorno necesitaran de un episodio que revirtiera la decadencia y la mala opinión pública en que había caído el operar del Proceso, a fin de que éste pudiese, luego, encontrarle una salida constitucional favorable a sus responsables.

La guerra de las Malvinas

No es del caso analizar en detalle los antecedentes históricos de la usurpación de las Malvinas por Inglaterra. Para ello recomendamos la lectura de trabajos científicamente inobjetables 1175. Las repetidas protestas de nuestros sucesivos gobiernos desde 1833, fecha del despojo, había empezado a dar sus frutos durante el mandato de Illia, cuando en el año 1965, de acuerdo con la resolución nº 2065 de las Naciones Unidas, Gran Bretaña fue obligada a sentarse en la mesa de las negociaciones para discutir con Argentina la cuestión de la soberanía sobre el archipiélago. En los años 1966, 1967, 1969, 1971 y 1973, dicha Organización reiteró aquella resolución de 1965. En el último año, el alto foro internacional expresaba su preocupación por la falta de progreso de las tratativas 1176, empero no había avances porque la posición británica era inflexible e irreducible, no exenta de cordialidad veterana, pero también de ladinas maniobras.

Durante la gestión de la esposa de Perón, el 4 de febrero de 1976, se produjo entre ambos países un grave incidente cuando el crucero argentino «Almirante Storni», cañoneó a un buque británico que realizaba bajo la dirección del investigador lord Shackleton, exploraciones en aguas adyacentes a las Islas para detectar la existencia de petróleo, violando el principio de no innovar en la materia, que se había pactado. La nave inglesa huyó a Puerto Stanley. En 1976, la ONU, por 94 votos contra uno de Inglaterra y 32 abstenciones, volvió a insistir en una posición que implicaba una condena hacia ésta. Desde el comienzo del gobierno de Videla, la Armada encabezaba una postura agresiva frente al tema Malvinas.

En 1982 nuestro embajador en las Naciones Unidas, el doctor Eduardo Roca, aseveraba: «la negativa constante del Reino Unido a dar pasos efectivos para una solución de la disputa, como lo demuestra esta dilatada tratativa de 16 años de duración, que se suman al viejo reclamo argentino, configuran una forma adicional de agresión hacia mi país»1177. Mientras, el embajador ante la OEA, Raúl Quijano, recalcaba respecto de Inglaterra «una actitud terca, renuente, ofreciendo, cuando llegó a sugerir algunas ideas, el congelamiento del reclamo y otras fórmulas que indicaban claramente la falta de voluntad para la negociación... En febrero de este año (1982), se realizó una rueda más de negociaciones en la ciudad de Nueva York, con resultados idénticos a los de muchas reuniones precedentes. La Argentina presentó por escrito propuestas muy concretas, tanto sobre los procedimientos como aspectos sustantivos, pero las propuestas no merecieron siquiera la cortesía de un acuse de recibo»1178.

Suplantada en EEUU la administración de Cárter por la de Ronald Reagan, éste varió la posición estadounidense frente a la represión de la guerrilla que efectuaban diversos países latinoamericanos, los que recibieron el apoyo del nuevo presidente yanqui. La colaboración argentina con Honduras, El Salvador, Guatemala y con los «contras» nicaragüenses, en lucha contra el sandinismo, había despertado en Reagan simpatía por este apoyo nuestro a las contiendas antisubversivas que llevaban a cabo esos países hermanos Esto hizo presumir a Galtieri, entre otros antecedentes, que EEUU permanecería neutral ante una eventual ocupación de las Islas Malvinas 1179.

En febrero de 1982, Argentina concurría a Nueva York en pos de nuevas tratativas con Inglaterra, instando a agilizar las negociaciones y requiriendo una reunión por mes a tales efectos, además de la fijación del plazo de un año para agotar el diálogo y resolver la disputa. Nuestro contendiente continuó en la senda de las dilaciones y vaguedades. El 11 de marzo de ese año 1982, trabajadores argentinos, acompañados por efectivos de la Armada, viajaron a las Islas Georgias del Sur, también usurpadas por los ingleses, a fin de desmantelar una factoría ballenera sita allí, de acuerdo con el contrato celebrado por la empresa que los había enviado. Pero llegados a su destino, los obreros izaron una bandera argentina, cosa que científicos británicos denunciaron junto con la noticia que algunos de los llegados portaban armas. Inglaterra mandó un buque de guerra para desalojarlos, mientras Argentina hacía lo propio con un navío de transporte y dos corbetas misilísticas.

El 2 de abril fuerzas armadas argentinas tomaron las Malvinas designándose gobernador al general Mario Benjamín Menéndez y cambiándole el nombre a la capital, Puerto Stanley, por el de Puerto Argentino, cuidándose nuestras tropas de no producir ninguna baja entre los británicos. Gran Bretaña logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por diez votos a favor (Gran Bretaña, EEUU, Japón, Francia, Irlanda, Togo, Jordania, Uganda, Guyana y Zaire), cuatro abstenciones (Unión Soviética, China, Polonia y España) y un voto en contra (Panamá), ordenara mediante la resolución n° 502 el inmediato cese de las hostilidades y el retiro de las fuerzas argentinas de las Islas. De acuerdo a esta votación, ya se iba viendo cual sería la actitud de neutralidad de los Estados Unidos 1179 bis. Sin embargo, Reagan envió a su secretario de Estado, Alexander Haig, cómo mediador. Previo paso por Londres, donde la implacable y artera primer ministro Margaret Thatcher, le señaló que la única alternativa que se aceptaba era el cumplimiento por nuestra parte de la resolución 502, Haig arribó a Buenos Aires el 10 de abril y ulteriormente viajó otra vez a Londres. Luego, EEUU propuso un arreglo sobre la base de la evacuación de las tropas argentinas, un retroceso de la escuadra de guerra británica que se estaba dirigiendo hacia las Islas, el establecimiento de un gobierno tripartito formado por EEUU, Inglaterra y Argentina en el territorio objeto del conflicto, la negociación de las dos partes involucradas con la asistencia norteamericana, y un referéndum entre los habitantes de las Islas para escrutar sus preferencias. Pero las tratativas con Haig respecto a la aceptación por nuestro país de esas bases, fracasaron.

El 28 de abril, la OEA, por 17 votos a favor y 4 abstenciones (Chile, Colombia, Trinidad Tobago y EEUU), urgió a las partes en conflicto a mantener la paz «teniendo en cuenta los derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas así como los intereses de sus pobladores»1180.

A pesar de la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que recomendaba a los países miembros de la OEA, entre los que se encontraba EEUU, correr en auxilio de algún país americano atacado, el 30 de abril esa potencia acusó a Argentina de ser la agresora. Abandonó su posición de «neutralidad», y además de preconizar sanciones económicas contra nuestra nación, proporcionó información satelitaria y armamentos sofisticados a su socia de siempre, Gran Bretaña. Según algunos, entre ellos el Almirante Anaya, hubo algo más: las gestiones de Haig tuvieron como propósito hacer transcurrir el tiempo necesario para que la flota británica accediera a las Malvinas. Este juicio no lo compartimos. El 1 de mayo comenzó el bombardeo inglés sobre las Islas 1181, y los combates en sus tierras, cuando fuerzas enemigas ya habían tomado las Georgias.

Fue entonces que el presidente peruano. Femando Belaúnde Terry ofreció su mediación sobre la base del cese de hostilidades, gobierno interino de las islas por potencias neutrales hasta que la cuestión soberanía quedara zanjada, y reconocimiento de ambas partes que los puntos de vista e intereses de los habitantes isleños, habrían de ser tenidos en cuenta por las partes. En momentos en que la Junta Militar estudiaba este documento, se tuvo conocimiento que el submarino nuclear inglés «Conqueror» había hundido a nuestro crucero «General Belgrano» fuera de la zona de exclusión, determinada por el propio Reino Unido alrededor del archipiélago, con su tripulación a bordo, más de mil marinos, resultando muertos 323 de ellos. Según se puede colegir de palabras del comandante del «Conqueror», Cristopher Wedford-Brown, de conceptos vertidos en investigaciones como las de los periodistas británicos Max Hastings y Simón Jenkin, de la BBC de Londres, como también en los libros de Arthur Gaushon, Desmond Rice y Geoffrey Underwood, el hundimiento fue premeditado para evitar cualquier tipo de mediaciones o negociaciones 1182.

El acercamiento intentado por el Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, fracasó 1182 bis. A pesar de la fe, patriotismo heroico y eficiencia profesional de nuestros aviadores especialmente, que hicieron cosas notables 1183, terminó imponiéndose la aplastante superioridad técnica británica, apoyada por la mayor superpotencia de la tierra que prestaba su colaboración «económica y militarmente al colonialismo invasor», según precisas palabras del embajador Eduardo Roca en una reunión del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados. Y agregaba: «el pueblo argentino no comprenderá ni olvidará que en una de las horas más criticas de su historia, contrastando con la solidaridad que le llega de todos los rincones del continente, los Estados Unidos hayan preferido tomar el lado de una potencia ajena al hemisferio, cooperando con sus designios agresivos»1184.

La conducción de la guerra fue deplorable, llena de imprevisiones e improvisaciones. La primera y única rendición rioplatense ante los varios conatos de prepotencia británicos operados en estas playas a lo largo de nuestra historia, se produjo el triste día 14 de junio de 1982. En las tumbas de Liniers, álzaga, Felipe Arana, Lucio Mansilla, Rosas, y en las de aquellos héroes anónimos que entonces pelearon o los acompañaron en sus epopeyas, hubo más luto que de costumbre. Aún hoy, ese crespón negro luce en el alma de muchos argentinos.

La guerra de las Malvinas produjo una fuerte conmoción en la comunidad nacional. Se habían creado expectativas de pronunciadas esperanzas. Por ello, la decepción ante la derrota hirió de pleno a la sensibilidad de nuestro pueblo. El presidente, la Junta Militar y el ministro de Relaciones Exteriores, éste en menor grado, según creemos, fueron responsables del desgraciado episodio. Veamos una opinión autorizada, la del teniente general Benjamín Rattenbach, quien actuó como miembro de una comisión militar que produjo un informe sobre las causas de la frustración. El experimentado militar las centró en dos motivos: falsa evaluación diplomática y fallas en la estrategia y táctica militares. Posteriormente, los tres miembros de la Junta Militar, Leopoldo F. Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo, fueron condenados a doce, catorce y ocho años de prisión mayor por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. En todo el decurso de los acontecimientos, las actitudes y conducta del almirante Anaya, especialmente, fueron de una soberbia tan torpe como ciega. No deben tampoco salvarse del duro dicterio algunos líderes políticos civiles, que intentaron en algún momento del conflicto, sacar pecho y réditos de su demagogia contumaz.

Haber creído que tanto los Estados Unidos como los más poderosos países europeos, miembros de la OTAN junto con Inglaterra, compadres económico-financieros y socios enfrentados al bloque soviético, iban a permanecer neutrales en una guerra por las Malvinas, fue una grosera utopía, de una puerilidad inconcebible 1185. Desafiar a Gran Bretaña, sin un despliegue técnico militar parejo con el que ella detentaba con su cohorte de potencias aliadas, nos parece un desatino de lo más burdo. La mejor de las causas fundada en la más meridiana justicia, corre el riesgo de perderse o empeorarse si no se usa la virtud moderadora de todas las demás virtudes: la prudencia. Una guerra, además, por lo que significa en vidas, no resulta enteramente justa, aunque se trate de recuperar el objeto de una usurpación territorial, si no existen posibilidades concretas de éxito. Es verdad lo que dice Julián Marías: en los hechos fue Inglaterra la que declaró la guerra. Pero la causa remota que la generó, fue un acto de lesa temeridad, de irreflexión supina de la Junta Militar y de su ministro de Relaciones Exteriores, que bien deberían haber sabido de la trayectoria internacional y moral del país con el que pretendían medir fuerzas. Llevar a los jóvenes a la muerte irresponsablemente, imbuidos los líderes solamente de un exultante triunfalismo alelado, o –en el peor de los casos, ensayando revertir el azar político apelando al lanzamiento de los dados de un cubilete– 1186 nos parece una ligereza insensata rayana en lo antiético, irracional e injusto, aunque esto contradiga la opinión de un insigne maestro que respeto y admiro que llamó a la recuperación de las Malvinas, «guerra justa», entiendo que equivocadamente, aunque en opúsculo escrito una vez desatado el conflicto armado 1187. De cualquier forma, los centenares de jóvenes patriotas argentinos muertos, yacentes en aquellos fríos desiertos, son acreedores a nuestra veneración más sentida y a nuestro recuerdo e intento de imitación permanente.

Por ahora, a Argentina no le queda otro camino que la negociación y una paciente espera. Sin descartar el uso de la fuerza cuando la prudencia lo permita y aconseje, agotadas irremediablemente las instancias pacíficas.

Terminamos estos párrafos sobre la guerra de las Malvinas, conscientes de que carecemos de autoridad moral para sopesar todo aquello quienes no hemos sufrido la metralla, el miedo, el clima gélido de aquellas tierras plenas de vientos y soledad que llevamos clavadas en el alma los argentinos, ni la humillación personal concreta y palpable de haber rendido las armas anticuadas ante ese enemigo de siempre, que esta vez nos infligió una derrota lograda a fuerza de nuestra estolidez y farolería, en la expresión de Pérez Amuchástegui en su obra «Mentalidades argentinas».

Administración de Bignone y la restauración democrática

La derrota provocó no solamente la renuncia de Galtieri, sino el fin del Proceso.

La Armada y la Fuerza Aérea se retiraron de la Junta Militar, y el nuevo comandante en jefe del Ejército, general Cristino Nicolaides, designó presidente a su colega el general retirado Reynaldo B. A. Bignone. La única misión de éste fue organizar de alguna manera el operativo de retomo a la vigencia de las instituciones previstas por la Constitución Nacional.

Como primera medida, el 26 de agosto de 1982, el poder ejecutivo nacional dictó la ley orgánica de los partidos políticos nº 22.627. A éstos les cabía excluyentemente proponer candidatos para funciones públicas electivas. Eran condiciones para aceptar su personería ostentar principios que fijaran metas tendientes al logro del bien común, con respeto de las normas democráticas y del texto de la Constitución Nacional. Se les exigía ese acatamiento comenzando por protagonizar elecciones internas correctas para la nominación de autoridades partidarias y candidatos a cargos públicos.

Para ser reconocido como partido político nacional, deberían obtener personería jurídico-política en cinco distritos y un total de afiliados en toda la República de por lo menos el dos por mil de todos los inscriptos en el Registro Nacional de Electores. Se admitía que efectuaran coaliciones esporádicas para determinada elección. Se les aseguraba derecho a un nombre que no debía hacer alusión a personas físicas y que debía diferenciarse del asignado a las agrupaciones ya reconocidas. Quedaban excluidas aquellas corrientes negadoras de los derechos humanos, o que pretendieran sustituir nuestro régimen democrático de gobierno, o que preconizaran el uso de la violencia, o la instauración de una administración puramente personal. Cada partido debía poseer organismos deliberativos, ejecutivos, de control y disciplinarios, y la duración del mandato en todos y cada uno de esos cargos no podía sobrepasar los cuatro años. Se establecía un Fondo Partidario Permanente a fin de apoyar económicamente a las organizaciones partidarias, siempre y cuando ellas alcanzaran el tres por ciento de los votos válidos totales emitidos en la última elección de quien se tratare.

En la UCR, que había sido liderada por Ricardo Balbin hasta su muerte en septiembre de 1981, surgió con fuerza Raúl R. Alfonsín como cabeza de la fracción interna denominada Movimiento de Renovación y Cambio, enfrentada con la corriente Línea Nacional, en la que divergían Juan Carlos Pugliese y Femando de la Rúa. En las elecciones internas de Julio de 1983, para nominar fórmula presidencial, se impuso en forma neta el binomio Alfonsín-Víctor Martínez por sobre las candidaturas de de la Rúa y Carlos Perette de Línea Nacional.

El otro gran partido, el Justicialismo, presentaba un mosaico de opciones pro-gramáticas: el verticalismo, o línea ortodoxa o histórica, era la corriente en la que militaban hombres más o menos fieles a la viuda de Perón, y los antiverticalistas, opuestos a ese presunto liderazgo. Se detectaba asimismo una vertiente ultraverticalista, estrechamente ligada a Isabel. Se candidatearon para la presidencia de la República ángel Federico Robledo, Raúl Matera, Vicente Leónidas Saadi, Antonio Cafiero, ítalo Argentino Luder. Después de muchas idas y venidas, el Congreso Nacional Partidario, recién en setiembre de 1983, casi en vísperas de los comicios, se decidió por el último. María Estela Martínez de Perón quedó elegida presidenta del partido.

Otra fuerza, aunque menor, era el partido Intransigente, bajo la conducción de Oscar Alende. El Movimiento de Integración y Desarrollo, cuyas principales figuras eran Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, sufrió el desmembramiento de un sector importante, disconforme con el planteo económico que consideraba demasiado doctrinario de Rogelio Frigerio, fracción que ingresó a la UCR. Frigerio fue candidato a presidente por el MID. Los conservadores de algunas provincias, y el partido Federal de Francisco Manrique confluyeron en una Alianza Federal que proclamó a Manrique como su postulante a la primera magistratura. En junio de 1983 vio la luz una de las tantas fracciones que liderara en las últimas décadas álvaro Alsogaray, la Unión del Centro Democrático, de tendencia liberal-conservadora. El socialismo aparecía dividido, como parece ser su destino: el partido Socialista Popular orientado por Guillermo Estévez Boero, del que se desprendieron grupos menores, y el partido Socialista Democrático que, aliado a la democracia progresista, generaron la fórmula presidencial Rafael Martínez Raymonda-René Balestra. Hubo también expresiones de izquierda de irrelevante significación: el partido Obrero, de tendencia trotskista, el Movimiento al Socialismo (MAS), con el inexorable Luis Zamora al frente; el Frente de Izquierda Popular de Jorge Abelardo Ramos; el partido de Izquierda Popular de Jorge Spilimbergo; y el partido Comunista que apoyó la fórmula justicialista Luder-Deolindo Bittel. Por su parte, el partido Demócrata Cristiano, escindido en partido Popular Cristiano y partido Revolucionario Cristiano, logró unificarse nominando a Francisco Cerro como candidato presidencial.

En el tiempo previo a las elecciones, las corrientes políticas se expresaron a través de una Carta Democrática tendiente a defender el marco constitucional, para lo cual proponían, de cara al futuro proceso de vigencia de las instituciones, una clara coincidencia que pusiera a salvo el sistema representativo republicano federal y su estabilidad, defendiendo los derechos humanos, bregando por la conciliación de los argentinos, condenando de antemano cualquier golpe o acto subversivo que serian considerados delitos contra la Patria, debiendo ser sancionados sus autores, reformulando el rol de las Fuerzas Armadas dentro de ese contexto. En el campo económico-social se trabajaría en favor del crecimiento y la justicia social.

En julio de 1982, el poder ejecutivo nacional levantaba la suspensión del accionar de los partidos políticos. El 12 de julio de 1983 se convocaba al pueblo argentino a elecciones generales de magistraturas nacionales, provinciales y municipales.

La nominación de diputados nacionales, de electores de presidente y vicepresidente, de electores de senadores de la Capital Federal, de concejales y consejeros vecinales también de la Capital Federal, se haría por el sistema de representación proporcional en la variante D’Hont. El número de diputados a elegir sería de uno cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500 habitantes, agregándose por cada distrito tres diputados más; cada uno de esos distritos elegirían, en total, por lo menos cinco diputados, cualquiera fuera el número de sus habitantes. Tampoco podía ser inferior el número de diputados que cada distrito poseía al 23 de marzo de 1976. Además, el entonces territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur, elegiría dos diputados nacionales y cuatro electores de presidente y vicepresidente. Las autoridades provinciales convocarían en cada una de las provincias las respectivas elecciones de las magistraturas locales. El 10 de diciembre de 1983 asumirían las autoridades electas.

Hasta el 30 de octubre de 1983 se asistió a una confrontación propagandística de ribetes sensacionales, en la que lidiaba una remozada UCR, bajo el liderazgo de un Alfonsín realmente carismático, en apariencia, al menos, más coherente y con mejor imagen en cuanto a la defensa de las instituciones democráticas.

El justicialismo, en cambio, llevaba sobre sus espaldas el fuerte déficit de la aventura montonera, que de alguna manera salpicaba, aunque injustamente en el caso de Luder. Tampoco lo ayudaba para nada el recuerdo de las administraciones de Cámpora y de María Estela Martínez de Perón, resultado ambas de desacertadas elecciones para desempeñar la primera magistratura, prohijadas por el propio Perón. El recuerdo de las administraciones de ambos, no ayudaba para nada. Tampoco el recuerdo del «rodrigazo», del inicio de la represión durante las dos últimas gestiones peronistas, del nefasto paso por el poder del lopezrreguismo, promotor de la Triple A. Las divisiones internas, que llevaron a una tardía definición de la fórmula presidencial agregaban su aporte negativo. La gota que quizás, finalmente, rebasó el vaso, fue la actuación del dirigente gremial Herminio Iglesias, con payasesca y contraproducente ocurrencia, especialmente para la suerte electoral de su partido 1188. El candidato del justicialismo, sin embargo. ítalo Argentino Luder, era un hombre de límpida trayectoria, de gran lucidez, aplomo y firmeza, político de raza y comprometido con lo mejor de nuestra cultura.

Las elecciones de 1983

Los comicios del 30 de octubre de 1983 fueron de los más cristalinos de nuestra historia, lo que honra no solamente a las fuerzas políticas actuantes, sino también a las autoridades militares que los regentearon. Por su vibrante desarrollo y la definición que apareció en ese momento de gran significación para el futuro de la República, son comparables a las elecciones del 24 de febrero de 1946. Prevalido del apoyo de la clase media, de gruesos sectores de mujeres y jóvenes, incluso de la izquierda, aun de la más radicalizada, y de buena parte de las clases altas, esa UCR de Alfonsín lograría un claro triunfo obteniendo 7.725.171 sufragios, el 51,74% de los emitidos, contra los 5.994.406, el 40,15%, conseguidos por el justicialismo. El resto de todas las otras diez fórmulas presidenciales juntas, no llegaron a obtener el 10% de esos votos. Fue una expresión electoral claramente polarizada.

El 10 de diciembre de ese año, asumía el binomio Alfonsín-Martínez, iniciándose una nueva etapa en la vida política argentina. En los días que escribimos esto, a casi diez años de esa fecha, podemos afirmar con satisfacción que el clima de estabilidad institucional parece afirmarse, pese a voces agoreras y a los graves contratiempos militares, económico-sociales, de discordias y de corrupción que han debido afrontarse.

De la lucha política encarnizada y llena de sobresaltos que hemos visto, han ido surgiendo personajes con desvalores, pero es verdad también que, en general, la tendencia es que vayan quedando en el camino. Al mismo tiempo, se van abriendo futuro nuevas figuras políticas pujantes, inteligentes, honestas y prudentes, que el pueblo argentino sabrá en su momento catapultar, si ya no lo ha hecho. Esto nos lo reflexionaba un hombre del común hace pocos días.

La historia, que es la experiencia de los pueblos, nos enseña que no se puede pretender que en tan corto lapso surja una clase dirigente con todas las barbas, capaz de encaminar la República a altos destinos. La democracia tiene sus tiempos, pero al fin, es el mejor método para el logro de esos objetivos.