Sumario: Un nuevo estilo. El menemismo. Política interior. En el campo de la economía y las finanzas. Los niveles éticos. La corrupción. En educación. La política internacional.

Un nuevo estilo

Hemos dicho que la victoria de Menem sobre Angelóz fue neta: obtuvo el 47% de los sufragios contra el 33% de su oponente, que solo pudo triunfar en la Capital Federal y provincia de Córdoba. Llegaba así a la primera magistratura un político muy bien dotado para ese oficio. Diestro en su arte, carismático, conocedor de la realidad y del manejo del tiempo. No adjetivamos su posición ideológica o su vida privada. De la primera algo se dirá, o se trasuntará de lo que expresemos. De la segunda no nos corresponde hacerlo en este texto. Nos referimos solamente a su sagacidad para el manejo de la cosa pública. Su paso por el poder ha dejado signos de su estadía. Es verdad que la calificación de esos signos, será negativa o positiva de acuerdo a las convicciones u opiniones de quienes observen el accionar de este riojano de ascendencia siria, que tiene en los repliegues más íntimos de su persona características que le prodigó la cultura hispano-criolla en el escenario geofísico donde se formó, en mixtura singular con los rasgos psicofísicos de la raza a que pertenece. Menem es uno de los tantos frutos que produce este crisol de sangres y ancestros que es nuestra Argentina. Luis Alberto Romero descubre en él «un estilo político mucho más tradicional» que el de Cafiero y su entorno, «que habían remodelado el peronismo a imagen y semejanza del alfonsinismo: estricto respeto a la institucionalidad republicana, propuestas modernas y democráticas, elaboradas por sectores de intelectuales, distanciamiento de las grandes corporaciones». En cambio Menem, afirma Romero, «demostró una notable capacidad para reunir en torno suyo todos los segmentos del peronismo, desde los dirigentes sindicales, rechazados por Cafiero, hasta los antiguos militantes de la extrema derecha o la extrema izquierda de los años setenta, junto con todo tipo de caudillos o dirigentes locales desplazados por los renovadores...’’1260. Estas observaciones pueden ser interpretadas como negativas para la figura del riojano, y creo que en ese sentido fueron escritas. Al que esto escribe, le parecen ciertas y positivas. El político debe sumar y no restar o dividir.

El menemismo

Su paso por el poder dejó el trazo del fenómeno político llamado menemismo, tan denostado por unos, como observado con atención por otros. Con poco ingrediente ideológico y mucho pragmatismo, yendo a las cosas, como lo hizo con la inflación, las privatizaciones o la reforma constitucional, y con una actitud abierta a todos los sectores de la vida nacional en un esfuerzo por extirpar el odio y las prevenciones existentes desde hace décadas entre los argentinos, Menem inauguró una época de concertación tratando de cerrar el ya veterano enfrentamiento nacional. Concertación impuesta con mano firme o dura, o astuta, dirán algunos, pero conciliación al fin. Si determinado mérito no debe desconocérsele al hombre de Anillaco, es esa actitud acogedora o considerada, al menos, que surge de sus palabras o gestos. Esa capacidad para sonreír. Puede coincidirse con Massot cuando define así al menemismo: «No se entenderá al menemismo si no se toman en consideración su voluntad de abrazar la economía de mercado, sólo que sin abjurar de las consignas peronistas; su vocación de alinearse con los Estados Unidos, poniendo fin a una posición tercermundista anacrónica; su disposición por construir una coalición social que reclutase, por igual, a sus seguidores de Barrio Norte y de las villas miseria; su peculiar estilo de conducción, omnímodo y unipersonal, a la vez que capaz de delegar en dos poderosos ministros el peso de la administración pública. Por fin, la intención de sucederse a sí mismo en la medida en que el éxito en materia económica corone su gestión»1261.

Política interior

Menem inició su presidencia con una medida, entre otras, que seguramente quiso mostrarla como símbolo de la Argentina más fraterna que pergeñara: la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas. Rescatamos este indicio como positivo, más allá del acto de justicia elemental con un prócer fundador, a pesar de que para otros argentinos esta figura sea merecedora del repudio por su carácter de dictador. Esto fue signo de algo mucho más actual y concreto: en octubre de 1989, indultó a los ex-comandantes condenados por su responsabilidad en la guerra de Malvinas, a otros cuarenta militares involucrados en actos contrarios a los derechos humanos, a cerca de setenta guerrilleros subversivos y a casi doscientos militares sublevados en los sucesos de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli, ya citados. Un año después, les llegaba el indulto incluso a los ex-comandantes aun detenidos, Videla, Massera y Viola, y asimismo al ex-cabecilla de Montoneros Mario Firmenich. Por supuesto que hubo organizaciones y referentes que pusieron el grito en el cielo, pero con el correr del tiempo se visualizó que este dar vuelta la página de nuestras atrocidades y errores contribuyó a crear un mejor clima de convivencia. Y tiene esta actitud su mérito, que no debe dejar de destacarse, teniendo en cuenta que Menem había permanecido preso varios años por el Proceso. Su afán por echar un manto de olvido sobre un pasado reciente pleno de odios, resentimientos y rencores, lo llevó a mostrar otras actitudes elogiables, como entrevistarse y alternar con el almirante Isaac F. Rojas, tan frontal enemigo del peronismo.

En otro aspecto a destacar: el giro del presidente hacia lo que denominó «economía popular de mercado», que en el fondo significaba una aproximación a la derecha liberal en esa área, cosa que se vislumbraba con el nombramiento de María Julia Alzogaray, de la Unión del Centro Democrático, al frente de ENTEL, la telefónica del estado, el ofrecimiento hecho a álvaro Alsogaray para ocupar la embajada en EEUU, los contactos con el grupo Bunge y Born, provocaron escisiones dentro del justicialismo. La CGT se dividió: por un lado, la denominada Mesa de Enlace, encabezada por el mercantil Guerino Andreoni, decidida a secundar los planes del presidente; y por el otro, el sector liderado por Saúl Ubaldini, llamado CGT Azopardo, dispuesto a jugar un rol al menos independiente y expectante.

Del bloque justicialista se separó un grupo de ocho diputados, entre los cuales cobraría especial realce Carlos «Chacho» Alvarez, que se conoció como «Grupo de los ocho». Pusieron énfasis en la política económico-social implementada, a la que denostaron acerbamente.

En la UCR el fracaso de su gestión generó desaliento y fracturas, al menos momentáneos, de tal manera que esto facilitó la gestión presidencial que pudo ir conquistando objetivos ambiciosos y difíciles, como el de las privatizaciones de los servicios públicos, a las cuales se opusieron la fracción ubaldinista de los trabajadores y el Grupo de los ocho. El liderazgo de Menem se afirmó asimismo dentro del justicialismo cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente del partido justicialista, Antonio F. Cafiero, promovió en su provincia una consulta popular tendiente a pulsar la opinión pública sobre la posibilidad de reformar la constitución en ese Estado que permitiera su reelección. Un 67,20% de votos le dijo que no a su propuesta. El descrédito consiguiente le llevó a renunciar a la presidencia partidaria, que asumió Menem.

Pero el 3 de diciembre de 1990, en Palermo y otros centros castrenses de Buenos Aires, se producía una nueva rebelión «carapintada», en alusión a los rostros manchados con carbón de los sublevados, que así se identificaban, liderada por el coronel Seineldín. El alzamiento fue sofocado no sin cruentas alternativas de lucha. Muchos militares y civiles fueron arrestados, entre ellos Seineldín, quien fue condenado por la justicia federal a prisión perpetua.

Así llegó el primer test electoral a que se sometería la experiencia menemista. En las elecciones nacionales de septiembre de 1991, el oficialismo fue ganador en diez de las trece provincias convocadas, consagrándose como gobernadores justicialistas Carlos A. Reutemann, Eduardo Duhalde y Ramón Ortega, entre otros, en los importantes distritos de Santa Fe, Buenos Aires y Tucumán, respectivamente. El 27 de octubre las elecciones fueron en otras ocho provincias, afirmándose la supremacía menemista. El electorado se inclinaba hacia esta posición ante los primeros éxitos obtenidos por el plan de convertibilidad del ministro Cavallo, que había frenado la inflación produciendo una proliferación del crédito, que hacía posible que muchos hogares argentinos comenzaran a renovar su vetusto mobiliario.

Corolario de esta victoria fue la unificación de la CGT En las elecciones bonaerenses, Saúl Ubaldini sólo había obtenido un magro 2% de los votos, lo que fue causa que quedara relegada su influencia dentro del panorama sindical. Esto llevó a dicha unificación, con dirigentes dispuestos al diálogo y convivencia con el gobierno. Sólo algunos pocos gremios, el docente entre ellos, quedaron en posición contestataria con el régimen político. Más adelante, hacia principios de 1993, el descenso del nivel de vida de los trabajadores como fruto del ajuste económico que implicaba el plan de convertibilidad, llevó a que se formaran en el campo sindical alianzas decididas a una actitud más firme frente a las políticas económicas implementadas. Tal el Grupo de los 15, liderado por Cavalieri, Zanola y Lescano, entre otros. Más frontal resultó el Congreso de Trabajadores Argentinos, con Mary Sánchez, Víctor de Gennaro y otros referentes.

De esta manera se aproximaban las elecciones para la renovación parcial de la Cámara de Diputados en octubre de 1993. Esta nueva lid electoral adquiriría ribetes de suma trascendencia ante las aspiraciones de Menem referidas a una posible reforma de la Constitución que le permitiera su reelección en el cargo. Ya por entonces el proceso inflacionario aparecía como un recuerdo. En agosto no había habido inflación alguna, y a lo largo de ese año el índice sólo había trepado un 7,4%. No fue extraño entonces que este nuevo test favoreciera al justicialismo que reunió un 42,3% de los votos contra un 30% del radicalismo, imponiéndose en todas las provincias menos en cinco, entre ellas Córdoba. Hasta en la Capital Federal, donde normalmente la suerte de las urnas le había sido esquiva al peronismo, éste se impuso aunque por estrecho margen. El camino hacia la reforma constitucional, escabroso como era, se había allanado un poco. El Pacto de Olivos, finalmente, lo haría posible.

En el campo de la economía y las finanzas

Para interpretar el giro hacia el neo-liberalismo que Menem le impuso a la economía argentina, es menester tener en cuenta datos, que un perspicaz observador de la realidad como es el riojano, no dejaría de sopesar: 1°) Alfonsín había recibido una economía en grave crisis, pero hacia 1989 el panorama era de catástrofe, con un 4.923% anual de inflación, todas nuestras reservas en el Banco Central no llegaban a los cien millones de dólares, existía cesación de pagos de nuestra deuda externa y por ende se nos había cortado el crédito proveniente de allende las fronteras, y el desabastecimiento de las mercaderías esenciales para la subsistencia humana había provocado el asalto a las bocas de expendio; 2°) El mundo próspero o medianamente próspero, integrado por EEUU, Canadá, Europa Occidental, Japón, el sudeste asiático, el mismo Chile, Méjico, hacia ya tiempo que había abandonado las recetas keynesianas, estatistas y distribucionistas, con mayor o menor énfasis, sosteniendo una política económica de libre mercado, con privatizaciones, ajuste fiscal, inversiones productivas y competitivas y fomento de las exportaciones; 3°) Nuestro vecino Brasil, luego de la segunda guerra mundial, había sabido aprovechar una suerte de alianza en todos los ámbitos con los EEUU, lo que le reportó un crecimiento notable de su producto bruto, industrializándose aun en rubros sofisticados, mientras Argentina se mantenía cerrada en general a las posibilidades que en materia de créditos blandos, radicación de capitales e importación de tecnologías brindaba el mundo desarrollado de las post-guerra, que EEUU lideraba.

Estos tres factores deben de haberse constituido en un libro abierto para quien en julio de 1989 asumía la responsabilidad de reconstruir el orden económico-financiero, rodeado de un cúmulo de graves problemas. Menem, además, poseía la experiencia que le daba la empresa familiar que integraba. No hesitó entonces en acercarse al ingeniero Alsogaray y a los integrantes del poderoso grupo Bunge y Born. Este último le brindaría sus dos primeros ministros de economía, Miguel Roig, fallecido muy prematuramente, y su reemplazante Néstor Rapanelli. Aumento en las tarifas de los servicios públicos y en la nafta, congelamiento de precios, promesas de privatizaciones de entes estatales, ajuste fiscal, suspensión de los subsidios estatales a los sectores privados, fueron medidas que se constituyeron en el primitivo programa económico con estos dos ministros. Con Rapanelli comenzó el proceso de privatización de teléfonos, ferrocarriles. Yacimientos Carboníferos Fiscales e YPF. Pero la inflación no cedió todo lo necesario a pesar de las políticas implementadas, incluyendo las cambiarías.

Se produjo entonces el relevo de Rapanelli reemplazado por Antonio Erman González. Al comenzar 1990, con el fin de darle un respiro a las finanzas públicas y al sistema bancario, se dispuso un aplazamiento de los vencimientos de los depósitos a plazo y de los títulos públicos correspondientes a la deuda interna por un total de seis mil millones de dólares, trocando dichas sumas y valores con la entrega de bonos externos serie 1989. Esto no alcanzó a frenar las quiebras de algunos bancos y el dólar continuó su suba aparentemente incontenible. Los alimentos –la carne por ejemplo– se encarecieron notoriamente. Continuaron las medidas respecto de la banca oficial, limitándose las actividades del Banco Hipotecario Nacional y del Banco Nacional de Desarrollo. Se intervino a éste y se le prohibió al Banco Central auxiliar al tesoro de la Nación en sus dificultades. La poda en el ámbito burocrático fue amplia, jubilándose a masas de empleados y suprimiéndose numerosas reparticiones públicas. Se apretó la mano en el área impositiva.

Mientras tanto, a lo largo de 1990, el impulso dado a las privatizaciones de las ineficientes y en general deficitarias empresas estatales de servicios públicos, comenzó a visualizarse. Con respecto a ENTEL y Aerolíneas Argentinas, el ministro Dromi lanzó los pliegos licitatorios. También se licitaron áreas petrolíferas y cerca de 10.000 kilómetros de caminos nacionales fueron sometidos al sistema de peaje. Miles de empleados ferroviarios se separaron en vista de la privatización consecuente. En octubre la privatización de los teléfonos fue un hecho: el área norte del país se le concedió a dos compañías, una italiana y otra francesa, y la zona sur a Telefónica de España. A su vez, Iberia de España y un grupo económico local, Pescarmona, se hicieron cargo de Aerolíneas Argentinas.

Todo este efectivo operativo privatizador se efectuó en medio de un debate vibrante. Empleados cesantes, gremios azuzados, partidos interesados, corrientes ideológicas definidas, medios informativos motivados, consideraron que los servicios públicos involucrados perderían el necesario control del Estado respecto de su prestación; que los grupos económicos adquirentes de ellos detentarían una cuota de poder peligrosa, especialmente los extranjeros; avizoraban que éstos llevarían al exterior sus ganancias pues no se aseguraba que ellas se reinvirtiesen entre nosotros; que las ventas de las corporaciones del Estado se hacían por precios más bajos que su valor real; que se provocaba desempleo. En la vereda de enfrente, usuarios despechados, una buena franja de la opinión pública independiente, sectores políticos e ideológicos vinculados al neo-liberalismo, y por supuesto, el propio gobierno, razonaban que esos servicios públicos se prestaban en condiciones de extrema obsolescencia y precariedad con perjuicio de los habitantes; que la supresión del enorme déficit que ellos generaban ayudaría en la tarea de equilibrar las cuentas fiscales; que las empresas privadas concesionarias que ahora prestarían dichos servicios oblarían impuestos que contribuirían a paliar el déficit del tesoro; que los precios pagados por las empresas adjudicatarias serían un ingreso importante en la misma dirección del restablecimiento del equilibrio fiscal, acuciados como estábamos por la deuda externa.

Pero el dólar no cejaba en su escalada, y finalmente González dejó el ministerio a principios de 1991. Menem entonces convocó a Domingo F. Cavallo para cubrir ese cargo. Llegaba así a la escena pública nuevamente –ya había sido ministro de economía anteriormente en las postrimerías de la gestión de Viola– el actor fundamental, luego del propio presidente, de los sucesos nacionales de los años que sobrevendrían. Nacido en San Francisco (provincia de Córdoba), se había doctorado en la universidad norteamericana de Harvard en su especialidad. Cavallo se rodeó de integrantes de un centro de estudios económicos que lideraba, con sede en la ciudad de Córdoba, la Fundación Mediterránea.

El plan económico que elaboró Cavallo, con connotaciones fuertemente monetaristas, tenía estos cimientos: 1°) El cúmulo de moneda circulante, más la depositada en los bancos sería equivalente al monto de las reservas en dólares existentes en el Banco Central; 2°) Partiendo de esta base se establecía la libre convertibilidad del austral, la moneda vigente, con el dólar, a razón de 10.000 australes por un dólar. Cualquier poseedor de

10.000 australes podía convertirlo en un dólar acudiendo al organismo oficial respectivo; 3°) Le quedaba vedado al propio Estado emitir australes sin respaldo equivalente en dólares depositado como reserva en el Banco Central; 4°) Era suprimida toda suerte de indexación; 5°) Se seguiría una política fiscal estricta, consistente en que el Estado gastase lo que efectivamente recaudase, para lo cual, además de crearse los impuestos necesarios, se exigiría estrictamente su pago, suprimiéndose el déficit.

Ya en abril de ese año 1991 se percibía una notable disminución de la inflación que se confirmó en los meses subsiguientes, lográndose poco a poco la estabilidad de nuestro signo monetario. El 1 de enero de 1992 se sustituyó el austral con una nueva moneda, el peso, canjeándose a razón de un peso por cada 10.000 australes, con lo que la paridad cambiaría quedó establecida en 1 peso equivalente a 1 dólar norteamericano –pudiéndose trocar nuestra moneda por la de EEUU, libremente, en los bancos– que subsistió durante una década. En abril de ese año 1992, Argentina hizo su ingreso al Plan Brady, destinado al refinanciamiento de nuestra deuda externa a fin de hacer posible su pago, ingreso que nos significó una rebaja del 35 % sobre la parte privada de esa deuda, además del establecimiento de nuevos plazos para el pago y de la fijación de un interés del 4% anual en los seis primeros años de la vigencia de lo convenido.

Argentina vivió un momento satisfactorio en el campo de la economía como consecuencia de la estabilidad lograda. Esta hizo posible el crédito que, como ya se ha dicho, le permitió a muchos renovar electrodomésticos, automotores, etc. Pero la apertura a la importación masiva de esos bienes convirtió a nuestra balanza comercial en deficitaria, mientras se iba erosionando el aparato productivo, a pesar de que el producto bruto crecía después de largos años de entumecimiento. La Bolsa incrementaba sus operaciones dado el alto volumen de ingreso de capitales foráneos, los que lograban jugosas ganancias, mejores que las que podían lograr en el primer mundo. Pero este capital, denominado golondrina, era meramente especulativo, veloz para llegar e igualmente para irse, pues en general, no se radicaba entre nosotros generando inversiones permanentes que hicieran crecer nuestra productividad y con ello las posibilidades de empleo de nuestros connacionales. Ya en abril de ese año 1991 se percibía una notable disminución de la inflación que se confirmó en los meses subsiguientes, lográndose poco a poco la estabilidad de nuestro signo monetario.

Pero volviendo a 1992, el proceso privatizador se aceleró. Así se procedió con Agua y Energía, YPF, Gas del Estado, Hidronor, Segba, Tandanor, Somisa, petroquímicas, Transener, hipódromos; más adelante con puertos, central hidroeléctrica del Chocón, etc. Los precios de las adjudicaciones fueron utilizados por nuestro tesoro para equilibrar sus cuentas y mantener la convertibilidad. Algunas fuentes de opinión, compararon aquel operativo privatizador y al destino de los fondos obtenidos, con «las ventas de las joyas de la abuela».

Hacia fines de 1994 algunos datos eran significativamente negativos en cuanto a la marcha de la economía de la República. Esta se había convertido en una nación cara debido al plan de convertibilidad, los trabajadores poseían salarios congelados y se encontraban con precios en dólares que suavemente crecían, pues nuestra moneda, el peso, estaba sobrevaluada. En ese año, el índice de desocupación creció al 14%, mientras que en 1995 llegaría al 18%. En 1994 el déficit de nuestra balanza comercial treparía a 5.800 millones de dólares.

Una gruesa franja de jubilados, la mayor parte de ellos, subsisten a duras penas con una percepción mensual que oscila en los ciento cincuenta pesos. Aunque debe acotarse que esta situación del sistema previsional es una pesada herencia de desvarios cometidos por anteriores administraciones imprevisoras que no supieron ordenar al mismo; lejos de ello, echaron mano a los dineros de las cajas para paliar angustias del tesoro, sin propender con eficacia a que los responsables de los aportes previsionales los efectuasen, y permitiendo otras anormalidades. La administración de Menem intentó poner orden en ese caos, agravado por los incontables juicios de los jubilados al Estado en pago de actualizaciones, retroactividades, etc., proyectando la privatización de las cajas. De esta manera los aportantes, asalariados y patrones, harían sus depósitos previsionales, que son obligatorios, a empresas privadas, eliminándose en el futuro los subsidios del Estado para el pago de las jubilaciones y pensiones. Por otro lado, esas administradoras de fondos de jubilados y pensionados, denominadas AFJP, manejarían ingentes masas de dinero y acudirían al mercado de capitales para hacer inversiones con el interés convenido, ayudando de esta manera al proceso productivo. A esas AFJP les correspondería, a su tiempo, el pago de las prestaciones a los asalariados aportantes; se suponía que, bien administradas, podrían abonar el capital acumulado e intereses de cada empleado u obrero adherido al sistema, una jubilación que resultaría satisfactoria.

Elevada la propuesta del poder ejecutivo al Congreso, éste creó un sistema por el cual las AFJP también podían ser bancos estatales, y además, le dejó a cada asalariado la opción de elegir, para hacer sus aportes y por ende, a su turno, para jubilarse, a una AFJP privada o al Estado, manteniendo parcialmente vigente el sistema anterior llamado de reparto. Este régimen híbrido, mixto, obliga a mantener las estructuras administrativas previsionales del Estado, costosas e ineficientes, prácticamente a perpetuidad, pesando sobre las finanzas públicas gravemente. Con un agravante: que el tesoro deberá seguir cargando con sus responsabilidades frente al sector pasivo, pero ahora, privado de los recursos de los aportantes a las AFJP, en virtud de haber optado éstos por la jubilación privada. Esta ley comenzó a regir a mediados de 1994.

Ya se ha hecho mención del efecto «tequila» producido a fines de 1994, fenómeno que nos provocó serios tropiezos, pues al retiro de los capitales foráneos especulativos, cosa que alteró nuestro cuadro financiero, se sumó la cancelación en gran escala de los préstamos de los ahorristas particulares a los bancos, como producto de la ola de desconfianza producida, provocándoles a éstos graves embarazos, en algunos casos la quiebra. Cavallo obtuvo préstamos de los círculos financieros internacionales y el gobierno socorrió al sistema bancario, paliándose paulatinamente la situación.

Este fenómeno puso de relieve la excesiva dependencia que el modelo económico adoptado poseía con el mundo de las finanzas internacionales. En tanto, se desataba un agudo proceso recesivo en el que Argentina aun estará inmersa ya entrado el año 1996.

Voces de la oposición política condenaron el modelo como causa de la recesión, del desempleo, de la lenta agonía de una clase media que se va transformando en pobre. Al mismo tiempo, esas voces no admiten desertar del clima de estabilidad reinante, ni proponen o, al menos, no se visualiza que planteen, medidas concretas que puedan reactivar el aparato productivo que posibilite crear los puestos de trabajo que se reclaman.

Desde otro ángulo, desde la eminencia de su autoridad moral, el Episcopado ha señalado el abismo que separa a los favorecidos por el plan de convertibilidad, en relación con los vastos sectores carecientes eventualmente perjudicados por él, sectores que han cargado sobre sus espaldas la mayor parte del enorme esfuerzo realizado por Argentina en su ajuste económico-financiero.

A esta altura, hacemos un alto para expresar nuestra impresión de que el definitivo despegue económico argentino es una cuestión de tiempo. Es que mucho se ha desbarrado en ese ámbito en las últimas décadas, con imprevisiones, improvisaciones, cambios sucesivos de reglas de juego. ¿Cuántos ministros de economía hemos visto desfilar a partir de la década del 50, cada uno con su plan bajo el brazo, en general ignorando lo que el anterior ministro había implementado? La economía tiene sus tiempos y exige coherencia. Más que un cambio de modelo, se requiere que el capitalismo por él adoptado presente un rostro más justo y humano. Y para ello nuestros economistas y estadistas deben poner en funcionamiento no solamente su talento, sino también su corazón, su honradez y su patriotismo.

Los niveles éticos

Introduciéndonos de lleno a este tema crítico, reconozcamos que cuando sectores de nuestro pueblo han abandonado el concepto de que la conducta humana tiene que estar ceñida a principios morales inmutables, aceptando que esos principios pueden ser acomodados a los nuevos tiempos que se viven, a costumbres que van apareciendo, a los procederes de sociedades que se consideran evolucionadas y modernas, cuando so pretexto del uso de pretendidas legitimas libertades, se acomodan los principios morales a los caprichos o conveniencias de cada uno, parece completamente lógica la aparición de la corrupción como un mal endémico en los estratos superiores e inferiores de la comunidad. Ese relativismo, afirmamos, es la desgracia más seria que puede afectar a cualquier sociedad.

El clima de hedonismo, frivolidad, consumismo refinado, de un sector de integrantes de una clase dirigente que no da ejemplo de austeridad y sensibilidad, en momentos en que gruesas franjas de los gobernados sufren las consecuencias del ajuste que exige poner en caja las variables económicas desbocadas, es señalado por muchos; algunos lo hacen en un loable afán de justicia, y otros con la fruición del que sólo persigue réditos políticos o ideológicos.

La ciudadanía, por otra parte, muchas veces no repara que en una democracia, en buena medida, quienes llegan a las altas posiciones son integrantes de las distintas clases sociales, y que también éstas están sumergidas en el clima de una moral permisiva. Incluso abundan los que desde el llano pretenden justificar sus desvaríos de conducta en pautas nocivas que tienen procedencia dirigencial.

La corrupción

Los casos de comprobada o presunta corrupción en que incurrieron en estos años de democracia integrantes bien posicionados de nuestra clase política, son ya demasiados, en relación, por ejemplo, con hechos aislados producidos en época de Juárez Celman, o durante los gobiernos de la Concordancia, hace unas décadas.

La ola de corrupción venía de tiempo atrás. Durante la presidencia anterior se habían comprobado créditos «fáciles» otorgados por ciertos bancos oficiales, como el Banco Hipotecario Nacional, caso denunciado por el ex-intendente de Rosario Horacio Usandizaga, quien había acusado a dirigentes políticos de «utilizar las prebendas, los nombramientos y los créditos para conseguir adhesiones... no solamente hay desmanejo de un aparato del Estado como es el Banco Hipotecario Nacional, sino que, además, se lo está poniendo al servicio de un sector de la Unión Cívica Radical... hay otros legisladores y concejales de Rosario del radicalismo y de otros partidos, que están obteniendo créditos que yo estimo son privilegiados... la función pública no es un botín que nos podamos repartir quienes hemos tenido la suerte de que el pueblo nos elija para representarlo...»1262.

Otro caso resonante había sido la maniobra realizada con la compra de treinta y ocho mil toneladas de pollos en Hungría que estaban en mal estado, hecho que generó el procesamiento en 1988 del Secretario de Comercio Exterior Ricardo Mazzorín, con una pérdida neta para el Estado estimada en treinta millones de dólares. También provocó conmoción en 1988 el descubrimiento de una defraudación al fisco que se estimó en 1.500 millones de dólares, delito cometido, entre otros imputados, por un grupo empresario que amparándose en la ley de radicación de industrias de fomento especial, simulaban enviar materiales destinados a la construcción de viviendas en Tierra del Fuego, por los que recibían reembolsos del Estado que lógicamente no correspondían. También se detectaban maniobras fraudulentas en distintas aduanas de la República de sobre y sub-facturación que permitían eludir el pago de derechos. Todos estos ilícitos generaron la pérdida para el tesoro de la inmensa cantidad señalada, lo que generó que el presidente Alfonsín separara de su cargo al administrador general de Aduanas Juan Carlos Delconte. Se produjeron procesos y detenciones varias, sin que Delconte pudiese eludir las sospechas que sobre él recaían. Denuncias sobre coi-mas, como las que en 1988 concretara el ministro de Obras y Servicios Públicos Rodolfo

H. Terragno, relativa a funcionarios que actuaban en la esfera de su ministerio fueron frecuentes; o maniobras dolosas con el reparto de las «cajas pan», que contenían alimentos para las familias carecientes, estuvieron a la orden del día.

Durante la presidencia de Menen los casos de corrupción crecieron. En 1990 fue acusado de haber cometido un negociado en la compra de juguetes por valor de un millón de dólares, el vice-gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Vanrell, el que se dio a la fuga. En septiembre de ese año, en Catamarca, fue hallado el cuerpo asesinado de María Soledad Morales, de 17 años, siendo señalado como victimario el hijo de un diputado nacional. La investigación del hecho y las denuncias producidas, revelaron un nivel de decadencia moral en sectores de la clase política de esa provincia, que consternan. El poder ejecutivo nacional separó al gobernador Ramón Saadi, interviniendo la provincia. Apenas iniciado 1991, el embajador de los EEUU, Terence Todman, denunció un pedido de coima para lograr facilitar el permiso de ampliación de la planta del frigorífico Swift en Rosario, siendo el implicado Emir Yoma, cuñado del presidente, quien renunció a su cargo de asesor del primer magistrado.

En marzo de 1991 hizo irrupción lo que se denominó el Yomagate. Un narcotraficante acusó en España a Amira Yoma, cuñada de Menem y directora de audiencias, a Ibrahim Al Ibrahim, ex-esposo de ésta y funcionario aduanero de jerarquía, y al secretario de Recursos Hídricos de la Nación, Mario Caserta, de integrar una banda delictiva que lavaba dólares productos del narcotráfico. Los tres fueron separados de sus cargos y procesados.

A renglón seguido estalló el escándalo de la leche en polvo. Se conoció que una partida de ese producto, elaborada en un establecimiento propiedad del secretario privado de la presidencia, Miguel ángel Vicco y vendida al Ministerio de Acción Social con intervención de otro asesor presidencial, Carlos Spadone, había sido declarada no apta para el consumo. ¿A qué seguir con los casos de Monser Al Kassar, Gerardo Sofovich, Carlos Grosso, Jorge Escobar, gobernador de San Juan, y de otros gobernadores radicales y justicialistas?

Un manto de sospecha generalizada se instaló respecto de nuestra clase política, explotado además por cierta industria de la difamación puesta en marcha por vertientes de un periodismo sin escrúpulos, dispuesto a hacer del escándalo semillero de lectores de diarios y de libros y de espectadores de programas de televisión muy bien publicitados y en profusión creciente, productos de una intelectualidad sin límites morales. Estas expresiones informativas, generadoras de gruesas ganancias para sus desaprensivos autores, sirven de paso para demoler prestigios de competidores partidarios e ideológicos, poniendo de relieve, a veces, con intenciones o no, una gimnasia gramsciana de resultados efectivos, y que pese al talento puesto en el uso de la pluma, de la dialéctica, o de la imagen, constituyen ellas mismas muestras de otro tipo de corrupción evidente, a pesar de que pretenden justificarse presentándose como instrumentos insoslayables en la lucha contra la corrupción en que incurren integrantes de la política.

No negamos, lejos de ello, la posible verdad de muchos hechos denunciados y de que la información periodística puede jugar su rol en su denuncia, cuando suministra noticias con prudencia y seriedad. Sin embargo, le compete a la justicia, fundamentalmente, el papel trascendente en la lucha contra el delito del enriquecimiento ilícito en sus múltiples formas, la que debe actuar independiente, expeditiva y velozmente. Más todo ello puede ser estéril si no se educa a las futuras generaciones en el respeto de normas morales inmutables que nos transmitieron arquetipos humanos que le pusieron cimiento a la cultura que heredamos.

En educación

En este ámbito no parece haberse avanzado mucho en cuanto a los hechos producidos en el tiempo transcurrido hasta 1994 inclusive. El ciclo primario apenas alfabetiza y lo carcome la deserción. La escuela media brinda cultura cada vez más pobre. La universidad está presa en la chatura y la politización. Pero como ocurrió con la economía, al menos se hizo un esfuerzo para sentar las bases de un ordenamiento tendiente a superar aspectos de la gravísima problemática que plantea la enseñanza en todos los niveles.

Esos fundamentos, como debe ocurrir en un estado de derecho, comenzaron a ponerse con el dictado de una legislación que fuera el cimiento de toda la acción a desarrollarse para sacar a la educación de «las pobrezas axiológica, material, profesional y tecnológica del conjunto de colegios, facultades y escuelas como realidad para transformar», según las precisiones del profesor van Gelderen 1263. Esas leyes fueron dos. La primera, no 24.049, sancionada en 1991, estableciendo la transferencia de todos los servicios educativos no universitarios nacionales a las provincias y a la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Esa federalización de la educación, con excepción de las universidades, se ha cumplido plenamente, y esto es positivo. Adecuar la educación que se imparte a la índole, exigencias y necesidades de cada una de las regiones, es elemental para el logro de frutos adecuados. Así como no puede ser la misma, en sus aspectos accidentales, la educación que se imparte en EEUU que en Argentina, tampoco puede ser igual la que se brinda en Buenos Aires que la ofrecida en Jujuy o en la Patagonia.

La segunda ley, no 24.195, tiene una trascendencia de excepción: integrar en un cuerpo legal «al conjunto de normas jurídicas básicas que rigen la organización y el funcionamiento del sistema de educación pública concebido como una unidad, en la que se integran y articulan, modalidades y carreras de la educación pública». Fue importante, además, que en mayor medida, el sesgo de la ley, que al fin se consiguió sancionar, llenase las aspiraciones de lo mejor del pensamiento educativo argentino, aquél que tuvo oportunidad de reflejarse en las conclusiones del Congreso Pedagógico desarrollado en la anterior presidencia, a las que ya hicimos referencia.

Brevemente, y como corresponde a este trabajo, dejamos constancia de los aspectos sobresalientes de esta ley:

1°) La fijación de los fines. Esto es básico, la educación del hombre exige un cabal conocimiento de su naturaleza y esto se relaciona con sus fines. Si el ser humano es un mero animal más evolucionado que los demás, su educación deberá ser muy distinta a la que corresponderá si en él detectamos a una persona, a un ser racional y espiritual con fines trascendentes, es decir, fines que van mucho más allá de la satisfacción de sus imperativos sensibles, materiales. Esta ley contempla al hombre en sus diferentes facetas: física, intelectual, moral, espiritual, nacional, profesional. Véase que rica redacción la del artículo 6°: «El sistema educativo posibilitará la formación integral y permanente del hombre y la mujer, con vocación nacional, proyección regional y continental y visión universal, que se realicen como personas en las dimensiones cultural, social, estética, ética y religiosa, acorde con sus capacidades, guiados por los valores de vida, libertad, bien, verdad, paz, solidaridad, tolerancia, igualdad y justicia. Capacidad de elaborar, por decisión existencial, su propio proyecto de vida. Ciudadanos responsables, protagonistas, críticos, creadores y transformadores de la sociedad, a través del amor, el conocimiento y el trabajo. Defensores de las instituciones democráticas y del medio ambiente»;

2°) En el artículo 4°, al establecer cuáles serán los responsables del proceso educativo, señala, y así corresponde, a la familia como «agente natural y primario de la educación», siendo los padres quienes «deberán elegir para sus hijos/as o pupilos/as, la institución educativa cuyo ideario responde a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas» (artículo 44). Luego, el artículo 4° menciona como agentes educativos al Estado nacional, las provincias, los municipios, la Iglesia Católica, las demás confesiones y las organizaciones sociales;

3°) Los derechos, principios y criterios que deberá respetar el Estado nacional al fijar los lineamientos de la política educativa, numerosos, y que por ello no podemos transcribir in totum, están en el artículo 5°, el que manda el fortalecimiento de la identidad nacional, de la soberanía, de la democracia, del desarrollo socio-económico, tecnológico y cultural, el logro de la igualdad de oportunidades, la preservación del medio ambiente, la lucha contra el analfabetismo, el resguardo de la libertad de cátedra, la equidad en la distribución de los servicios educativos, la valorización del trabajo como realización del hombre y la sociedad, entre otros apotegmas a salvaguardar. Hermoso programa para sacar a la Argentina de su postración, teniendo presente que el motor del avance comunitario es la calidad del hombre y de la mujer que integran los cuadros sociales;

4°) Se estructura el sistema educativo en los siguientes ciclos: a) La educación inicial o jardín de infantes, de tres años, para niños de 3 a 5 años. El último curso, para niños de 5 años, será obligatorio; b) La educación general básica, que es obligatoria en sus 9 años, con lo que el numero de años de estudio forzosos para todo niño habitante de nuestro suelo, es ahora de 10 años en lugar de los anteriores 7 años; c) La educación polimodal, de tres años, que además de potenciar para los estudios superiores, prepara a los alumnos para insertarse en el sistema productivo, con estas modalidades: Humanísticasocial; Administración y gestión; Arte, industria y agro; Ambiente y salud. Este ciclo polimodal será la necesaria conexión entre los estudios elementales y los superiores, una especie de «escuela intermedia» ensayada con el proyecto de Saavedra Lamas (año 1916) y durante las presidencias de Onganía y Levingston; d) Ciclo de educación superior de grado, universitaria y no universitaria; e) Educación cuaternaria o de post-grado, que profundiza y actualiza la formación de grado, la investigación, la especialización y la docencia;

5°) En el diseño curricular concertarán organismos nacionales, provinciales y la propia escueta que aplique dicho diseño;

6°) Se arbitran medios para la formación y perfeccionamiento docente. Sin superación de éstos en todos los aspectos, seguramente no habrá mejor calidad en la educación;

7°) Asegura la financiación del esfuerzo a realizarse para poner en funcionamiento esta revolución copernicana en el proceso educativo nacional. Para ello la ley fija la prioridad de una inversión pública consolidada total en educación con una base para 1992 de $ 6.120.196.000. Esta suma llegará a duplicarse gradualmente, y como mínimo a razón del 20% anual a partir del presupuesto de 1993. O bien se considerará un incremento del 50% en el porcentaje destinado a educación (base 1992: 4%) del producto bruto interno que en 1992 fue de 153.004.900.000. De acuerdo a estas dos pautas, se tomará la más alta cada año para invertirse en tal rubro. Hasta ahora se ha venido cumpliendo con esta prescripción que aparece como seria.

Con Van Gelderen acotamos: «La República nunca pudo contar con una ley de educación que diera las bases generales a todo el sistema y a todas las jurisdicciones. Se frustraron los intentos anteriores a lo largo de 140 años. Se cuenta ahora con las bases, el marco legal necesario, para innovar, transformar, reformular la educación en todo el país, en términos de unidad nacional, de diversidad federal y de participación social en la libertad»1264.

Fuera del límite cronológico que nos hemos fijado, 1994, en julio de 1995, se sancionó la ley no 24.521 de educación superior que consideramos significó un avance respecto de las normas vigentes al respecto. Verbigracia, en cuanto a la conducción de las universidades mantiene el cogobiemo (docentes, estudiantes, no docentes, graduados) de acuerdo a lo que determinen los estatutos de cada universidad. Pero el artículo 53, inciso a) exige que dichos estatutos aseguren, en cuanto a los órganos colegiados de gobierno, «Que el claustro docente tenga la mayor representación relativa, que no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) de la totalidad de los miembros». Ya hemos tenido oportunidad de remarcar que la dirección de las altas casas de estudios les debe corresponder a los representantes del claustro docente, de acuerdo a la más elemental jerarquía y sensatez. Ahora se le ha dado la mayoría. Nos parece prudente el camino tomado, a fin de compatibilizar las exigencias de la realidad universitaria actual y el cumplimiento del supremo objetivo de que «las instituciones universitarias deben promover la excelencia» (artículo 33), asegurando «la generación y comunicación de conocimientos del más alto nivel» (artículo 27), desterrando la demagogia y el facilismo. La financiación de los estudios superiores es otro de los temas de ardoroso debate en la universidad de hoy. La ley, en su artículo 58, prevé que «Corresponde al Estado nacional asegurar el aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales». Pero el artículo 59, inciso c), admite que las universidades «Podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios que presten, así como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad. Los recursos adicionales que provinieren de contribuciones o tasas por los estudios de grado, deberán destinarse prioritariamente a becas, préstamos, subsidios o créditos u otro tipo de ayuda estudiantil y apoyo didáctico; estos recursos adicionales no podrán utilizarse para financiar gastos corrientes». Es evidente que este párrafo va enderezado a admitir el arancelamiento de los estudios superiores. El nos parece aceptable y justo cuando recae en quienes por su situación económica pueden satisfacerlo. En cambio, seria una notoria inequidad que jóvenes pertenecientes a familias de escasos recursos, se vieran privados de concurrir a las aulas de estudios superiores por no poder oblar el arancel. Sabemos de la complejidad en la adopción de un sistema que logre el aporte de los que pueden, salvando el derecho de los que no pueden. Pero habría que intentarlo atentos a la penuria del presupuesto destinado a sostener nuestras universidades, si el esfuerzo resultara financieramente valioso.

La política internacional

También en este plano Menem adoptó una postura pragmática. Desaparecido el mundo bipolar con la caída del muro de Berlín y de la aventura soviética, emergente un solitario liderazgo de Estados Unidos, parecía que la sensatez pasaba por abandonar todo tercermundismo y no alineación para plegarse a Occidente, al primer mundo, cuyo puesto de comando en lo militar y económico estaba bien definido. En septiembre de 1989, apenas dos meses después de asumir, Menem visitó a EEUU, y su simpatía y calor humano conquistó algo más que buenas relaciones con ese país, sino la propia amistad del presidente George Bush. Nuestro propósito de adherir a un modelo de economía neoliberal, nos hizo candidatos a alcanzar que se nos incorporara al plan Brady, algo que se lograría pronto.

Unilateralmente se levantaron todas las restricciones comerciales con Inglaterra derivadas de la situación bélica por Malvinas, y en octubre, en Madrid, celebramos con nuestra contendora un acuerdo restableciendo relaciones consulares, produciendo el cese de las hostilidades, reduciendo el área de exclusión marítima e impulsando las relaciones comerciales. Se decidió postergar la discusión del tema urticante de la soberanía sobre las islas. Se expresó que colocando esa cuestión «bajo un paraguas protector». Pocas semanas le fueron precisas al rápido presidente para colocar a Argentina en otro terreno en cuanto a su situación internacional.

La democratización de América Ibérica (Chile, Paraguay, etc.), de Europa del Este, de la propia Rusia, tendencia impulsada por la hegemónica Washington, ese nuevo orden mundial existente a partir de la desaparición de la guerra fría, tuvo que afrontar su primer test con motivo, en 1990, de la invasión de Irak al pequeño estado de Kuwait, poderoso productor de petróleo, y por ende enclave muy sensible para la economía de Occidente. EEUU y gran parte de la comunidad internacional terciaron en favor del país agredido, produciéndose la temible experiencia de lo que se denominó guerra del Golfo. Menem no dudó un solo instante en alinearse con EEUU, y cuando esta potencia estableció el bloqueo comercial a Irak, dos naves de guerra argentinas fueron enviadas para colaborar con esa medida. Tropas argentinas también estarían presentes en Yugoslavia para apoyar a las Naciones Unidas en la tarea de resolver el intrincado problema de restablecer la paz en el desgraciado Estado europeo, anarquizado y víctima de una cruel guerra.

En cuanto a nuestro entorno iberoamericano, el gobierno de Alfonsín ya había celebrado con Brasil acuerdos para la integración económica, que permitiera colocar en el populoso país vecino excedentes de nuestra producción no absorbidos por el mercado interno; lo mismo haría Brasil con Argentina. La posibilidad de formar un bloque económico en el sur de América, como lo habían hecho los países de Europa Occidental con el Mercado Común Europeo, y luego lo harían Méjico, Canadá y Estados Unidos con el NAFTA., exigía una decisión y audacia que no le faltaban a esta administración. Y así, el 26 de marzo de 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron en Asunción un tratado de libre comercio y unión aduanera llamado «Mercosur» (Mercado Común de América del Sur). El mismo entró a regir el 1 de enero de 1995, estableciéndose por ende la franca entrada de mercaderías entre las cuatro naciones, mientras que la de productos de terceros países pagarían a su ingreso en los cuatro estados contratantes aranceles idénticos. Este nuevo mercado común, que responde a las exigencias de la inserción de la comunidad iberoamericana en la actual economía mundial, reúne a una población productora y consumidora que oscila en los doscientos millones de personas.

En general, la iniciativa ha producido resultados positivos, incrementándose notoriamente nuestro comercio con Brasil especialmente.Sin embargo, el hecho de que la industria de este país presente un desarrollo en general más avanzado que el nuestro, y que el país vecino produzca a costos menores que los nuestros, ha provocado que algunos atentos observadores exijan de nuestras autoridades un particular cuidado en el manejo de las relaciones comerciales con el país vecino, a fin de evitar que nuestro desarrollo industrial no sufra detrimento.

A este respecto, el brillante economista Marcelo Ramón Lascano alertó, al respecto, con estos conceptos: «En una Argentina sin instinto territorial y con una incomprensible inconsciencia industrial, el espíritu negociador es abiertamente diferente, porque nuestro espíritu nacional también lo es. Por seguir el ejemplo, nuestra expansión territorial inicial hoy está menguada por una sucesión de extravíos que no vienen al caso, pero que, como resultado, supone disponer de un sustento geográfico menor que hace un par de siglos. Quien en el mundo de la política y de la economía no entienda que la conciencia territorial es el principio de cualquier empresa nacional respetable, debe dedicarse a otra cosa. Luego, la indiferencia industrial, en nuestro caso, y la renuncia sin contraprestación a las posibilidades que se desprenden de la explotación pacifica de la energía atómica y de la cohetería, entre otras cosas, demuestra que aquí todo es negociable, aun cuando en esos campos existan amplias posibilidades para competir ventajosamente y complementar funciones con Brasil. No hago nombres, pero me da la impresión de que el retroceso que esto significa no aflige al silencioso arco político argentino. Ahora bien, si nosotros no tenemos consignas orientadoras, no es difícil pronosticar que Brasil será arbitro y líder en el Mercosur». El autor puntualiza, verbigracia, nuestro deterioro productivo y tecnológico al dejar librados a su suerte sectores como el de máquinas herramientas o implementos agrícolas, desamparando proyectos vinculados con la aeronáutica, los misiles o la energía atómica, o lo que se llama el desarme arancelario vinculado con sectores económicos de punta. Y esto es grave responsabilidad de la administración de Menem, agregamos nosotros.

Lascano destaca asimismo, como contraste, la actitud no complaciente o contestataria de Brasil con los EEUU en materia nuclear o misilística, o sus afanes en el ámbito del desarrollo satelital, o su hincapié en la producción de armamentos que lo ha colocado en el quinto puesto como exportador de ellos en todo el mundo. En cuanto a ventajas concretas obtenidas por Brasil del Mercosur, Lascano destaca: «La decisión argentina de `compensar´ a los fabricantes brasileños de bienes de capital frente a importaciones de terceros países, se inscribe irónicamente en la atmósfera que estamos describiendo, porque subraya un enfoque librecambista anticuado para nosotros y reconoce otro proteccionista para el socio mayor de la región»1265.

Otro aspecto de la actualidad internacional que ha repercutido dolorosamente entre nosotros, es el accionar terrorista, derivado de los enfrentamientos entre árabes e israelitas en Medio Oriente. En marzo de 1992 una fuerte carga explosiva demolió el edificio de la embajada israelí en Buenos Aires con un saldo de horror: casi treinta muertos y numerosos heridos. El hecho aberrante se repitió en 1994: una tremenda explosión destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, también en la capital, produciendo la muerte de cien personas y un centenar y medio de heridos. El hecho se sospecha ciertamente es fruto del accionar del fundamentalismo islámico, aunque las investigaciones del hecho no han arrojado certezas sobre los autores de este vandálico suceso.

Actitudes del Estado de Israel, por lo menos intemperantes, exigiendo a nuestro gobierno rápido esclarecimiento y justicia, en general no recibieron la firme respuesta que se imponía.

En cuanto a la problemática de Malvinas, a pesar de todos los esfuerzos diplomáticos hechos por nuestra cancillería para lograr de Inglaterra el tratamiento de la cuestión de la soberanía sobre las Islas, la tesitura tercamente dura e irritante de la soberbia británica al respecto, no ha permitido que se avance sobre ese tema. Luego de nuestra derrota, Gran Bretaña se aprovecha sobradamente, especialmente en cuanto a la explotación ictícola y petrolífera, materia esta última en que se han logrado algunos acuerdos con el gobierno británico, pero de dudoso beneficio para nuestro futuro. Lo cierto es que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, la declaración de que el tema de la soberanía quedaba aislado por un «paraguas», la política de la seducción según se la ha llamado, no ha dado frutos, y según parece solo ha servido para endurecer la posición británica y de los «kelpers».

Nos queda un serio problema territorial con Chile: los más de dos mil kilómetros cuadrados de superficie de Hielos Continentales, ubicados entre el monte Fitz Roy y el cerro Daudet, al sur de la provincia de Santa Cruz. Esta administración de Menem celebró en 1991 un acuerdo con Chile que dividiría este precioso territorio en dos porciones longitudinales: 1.057 km2 para Chile, al oeste, y 1.278 km2 al este para Argentina. Esta decisión necesita la ratificación del Congreso que aun no la ha concretado. La solución arbitrada ha sufrido la repulsa de un sector calificado de la opinión pública, de los medios, parlamentaria y académica, que entiende estamos en presencia de un nuevo despojo en la búsqueda de mantener relaciones amistosas con nuestros hermanos de allende los Andes. Es que los límites en esa zona ya fueron establecidos por el tratado con Chile de 1881, al establecerse como tales a las altas cumbres que dividen las aguas. Nuestro vecino ha corrido ahora hacia el este sus pretensiones en esa zona, ya delimitada claramente hace más de un siglo, y nuestro poder ejecutivo ha pactado la cesión de más de 1.000 km2 que nos corresponden de un área supuestamente litigiosa. Dejemos sentado que Hielos Continentales y la zona de Lago del Desierto, al norte de aquella, poseen una reserva de agua potable, energía hidroeléctrica y posibilidades turísticas de insospechable valor. Esa gratuita cesión implicaría también la pérdida del control de la cuenca que da origen al importantísimo río Santa Cruz, que desemboca en el Atlántico, lo que significaría un nuevo avance chileno sobre este Océano, a despecho del Protocolo de 1893 que señala que Chile no puede pretender punto alguno sobre el Atlántico, como Argentina sobre el Pacífico.

En cuanto a la mencionada zona del Lago del Desierto, durante 1995 se conoció el laudo arbitral emitido por un Tribunal Latinoamericano, que actuó de conformidad al Tratado de Paz y Amistad celebrado con Chile en 1984 y que comentáramos cuando nos refiriéramos a la cuestión del Beagle. Afortunadamente, dicho fallo nos fue favorable: una excepción en la retahila de arbitrajes adversos que jalonan nuestra historia en materia de límites.

Debe destacarse la valiente postura de nuestras representaciones diplomáticas en foros internacionales donde se debatieron aspectos vinculados con el control de la natalidad y la planificación familiar. Jorge Scala, en su notable estudio 1266, ha utilizado la frase «multinacional de la muerte» para calificar a la orquestada confabulación de factores de poder muy gravitantes del primer mundo, que tiende a imponer las prácticas anticonceptivas, incluso el aborto, para detener el crecimiento de la población en el orbe, especialmente en los países subdesarrollados o del tercer mundo. En esa «multinacional» militan la Federación Internacional de Paternidad Planificada (IPPF.), auspiciada en sus comienzos por John Rockefeller III; organismos de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, UNESCO., UNICEF., FNUAP. y otros; organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, etc.; hasta líderes políticos de resonancia como Henry Kissinger, Mijail Gorvachov, el presidente de EEUU, Bill Clinton, y otros.

El planteo de esta concertación se funda en falsos argumentos respecto de un supuesto crecimiento desmedido de la población en los países que generaría el agotamiento de ciertos recursos y la escasez de alimentos, esto es, que la superpoblación sería causa de la pobreza. El premio Nobel de Economía, Hayek, ha salido a enfrentar este infundio, escribiendo: «Todo esto es falso. No es cierto que el aumento de la población conduzca al empobrecimiento. No tenemos ningún ejemplo de la historia que lo compruebe... No se conoce ningún caso en que el aumento demográfico haya conducido a un empobrecimiento de las personas que ya existían.»1267.

En estas circunstancias se reunió, en junio de 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, con asistencia de delegaciones de 178 países, uno de cuyos propósitos, encubierto pero no tanto, era el control de la natalidad en los países del tercer mundo. Nuestra delegación, en especial su jefe, Raúl Estrada, tuvo una participación brillante, oponiéndose a tal intento de los poderosos del planeta, liderando con Israel, la Santa Sede y Filipinas, el bloque opositor a tal repudiable objetivo que mostraba facetas de un imperialismo demográfico en acción. Lamentablemente, cuando se hizo cargo de nuestra delegación la Secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, ésta desautorizó la posición de Estrada, aunque la presencia ulterior del presidente Menem en Río de Janeiro ratificó nuestra tesitura primitiva de defensa de la vida humana desde la gestación, y la autonomía argentina para decidir en tal delicada materia.

Seguidamente, en septiembre de 1994, sesionó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo en El Cairo. Frente a la conjura de todos los factores internacionales dispuestos a lograr los mismos designios que se habían propuesto en Río de Janeiro, se alzó la voz contestataria de nuestra delegación. Durante las deliberaciones, el canciller argentino Guido Di Tella, expresó en nombre de nuestro gobierno que «la persona, el respeto por la vida y la dignidad humana deben ser el objetivo de cualquier iniciativa en materia de población y desarrollo», y que «la Argentina ha mantenido respecto del control de la natalidad una posición consecuente a lo largo de los años ... La misma puede sintetizarse en el irrenunciable derecho a la vida, en su carácter universal y privilegiado por sobre todo otro derecho individual...». Asimismo dejó en claro que nuestras políticas de población «parten del principio de que la vida humana existe desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, excluyendo cualquier práctica que resulte un atentado contra dicha existencia, por ejemplo el aborto, la manipulación genética y la eutanasia»1268. El firme bloque formado junto a Argentina por buen número de países iberoamericanos, la Santa Sede, un grupo importante de naciones africanas y algunas asiáticas, hicieron fracasar en general los propósitos denigrantes de la «internacional de la muerte».