Política de orden

Al mismo tiempo que el presidente Pellegrini proveía las medidas adecuadas para resolver la crisis financiera y económica, atendía la situación política, problema más grave y complejo, que constantemente perturbó la marcha del gobierno.

El jefe de la revolución vencida, Leandro N. Alem (48 años, porteño) continuó recibiendo la adhesión entusiasta y bullanguera de sus correligionarios de la Capital y del Rosario. El mitin de la “moralidad administrativa” (19-X-1890) exhibe la fuerza de su partido y pide al gobierno que continúe la acción moralizadora. El caudillo inicia su propaganda para las próximas elecciones y plantea su oposición al gobierno. “Recién se inaugura la presidencia y solo tenemos promesas.” La renovación política que ha prometido el presidente demora en producirse. La presencia del general Roca en el Ministerio del Interior, demuestra que la “máquina opresiva y corruptora del oficialismo está montada”. El mensaje del presidente sobre la amnistía revela su propósito de no tolerar que los militares intervengan en política, y esto descontenta a Alem y sus conmilitones que tienen correligionarios exaltados en las filas del ejército. 1 La Unión Cívica no ataca ostensiblemente al presidente. 2 Ha depuesto las armas, pero una facción intransigente se dispone a iniciar la lucha. La licencia de los primeros días, la excitación extraordinaria de la gente, la exigencia de sanciones para quienes delinquieron, el vehemente deseo de ocupar posiciones en el nuevo gobierno, fueron considerados por Pellegrini con mesura y firmeza. Pudo afirmar que había conservado el orden y que ninguna persona había sido arrestada, internada o desterrada. Estaba resuelto a realizar una “acción tranquila y benigna”. 3

El presidente, ante la oposición procaz, se limitó a suspender temporariamente la publicación de algunos periódicos y declarar el estado de sitio, para demostrar que se hallaba armado y estaba decidido a emplear, si fuera necesario, recursos extremos para mantener la autoridad del gobierno. Expresó con énfasis que con el apoyo del ejército reprimiría cualquier alzamiento o conflicto, sin que ninguna libertad fuera afectada, ni ningún derecho limitado.

La revolución aparece como un hecho metropolitano, con escasa repercusión en el interior del país, sin fuerza para reformar la estructura política; tampoco contenía la trascendencia ideológica que la literatura radical quiso atribuirle posteriormente. 4 La libertad y la garantía del sufragio, la idea central del movimiento, tardó más de veinte años en imponerse y ello se produjo por factores distintos a los que provocaron la crisis de 1890. El presidente Pellegrini no representaba una fuerza política distinta a la de su antecesor. Sus tentado por el circulo republicano del Partido Nacional, logró la unidad partidaria y el apoyo, no sin sacrificios, de los nacionalistas de Mitre que representaban el grupo moderado de la Unión Cívica. El nuevo conglomerado político no renovó sus hábitos, ni variaron los grupos que influían en el gobierno; la misma oligarquía detentaba la autoridad. Las instituciones no se democratizaron y el pueblo continuó alejado de los comicios. 5 Tampoco se modificó sustancialmente la orientación económica. La protección más acentuada a las industrias nacionales, propiciada por el presidente, no determinó en lo esencial apartarse de la doctrina liberal, que venia aplicándose desde la presidencia de Avellaneda. En materia financiera continuó usando de las emisiones y empleando el crédito hasta el máximo de la capacidad del mercado. Con más autoridad y apoyo en la opinión pública que su antecesor, el presidente Pellegrini puso mayor orden en la administración, más austeridad y continencia en los gastos; la gente aceptó los sacrificios que significaba la falta de dinero y adoptó una conducta más realista.

El presidente se propuso como tarea principal mantener el orden y evitar la violencia. No admitía la revolución como procedimiento para mejorar la estructura política del país. Prefería la evolución pacífica. Trabajó con empeño para hallar a los problemas soluciones adecuadas, de acuerdo con los elementos que disponía. Era enemigo de las reacciones precipitadas, por oposición al Partido Unión Cívica Radical que sostenía la oportunidad para encarar drásticamente la reorganización institucional del país. Sostuvo con empeño “la defensa de las autoridades constituidas”. Para ello usó de su influencia y también la fuerza militar, considerando que los males que ésta producía eran inferiores a un ambiente sedicioso, que podía llegar hasta la anarquía. Exhortó a los partidos políticos que se hicieran reciprocas concesiones y resolvieran pacíficamente sus controversias, “confiando en el tiempo la realización de las formas patrióticas”. Doctrina razonable para quienes detentaban el gobierno, pero que producía reacciones extremas, en quienes luchaban en la oposición, sin esperanzas de triunfo en los comicios, cuando no vislumbraban cambios en los hábitos políticos, sobre todo en las provincias, donde los gobernadores electores ejercían el dominio absoluto del voto. Pellegrini, político realista, estaba convencido que mantener el orden era la única política posible en aquellas circunstancias. El orden en la nación era la condición esencial para el progreso.

El triunfo del gobierno sobre la revolución, restableció la paz, pero no disminuyeron las disensiones políticas y las conspiraciones; los intereses contradictorios continuaron dominando el ambiente, a pesar de los esfuerzos del presidente por establecer la tolerancia y la concordia. Las causas políticas y económicas que habían provocado la rebelión se a mantenían, persistían y se ahondaban. 6

El Partido Nacional apoyó decididamente al gobierno central y gobernadores de provincia, quienes hallaron en el presidente su mejor defensor contra las revueltas provocadas por la oposición intransigente. Con la designación de los tres ministros, vinculados a la Unión Cívica y sus primeros actos de gobierno, consiguió la adhesión del partido revolucionario del cual se separaría la facción radical intransigente. 7

No había pasado un mes desde que Pellegrini se hizo cargo de la presidencia cuando escribió a su amigo Miguel Cané: “Ya la opinión encuentra que el gobierno tiene la culpa de todo”. 8 La oposición surge entre sus propios correligionarios.

La Unión Cívica era un conglomerado heterogéneo de partidos e intereses que agrupaba todas las tendencias, ambiciones y rencores, desde honorables ciudadanos conservadores hasta libertarios apasionados, severos católicos y la juventud liberal, las diversas facciones políticas que venían disputándose el gobierno desde la victoria de Caseros. 9 Las divergencias comenzaron en el Parque en los; días de los combates. El liberalismo de origen revolucionario no se avenía con el federalismo de cepa reaccionaria; éste solo se unió con aquél bajo el acicate de la más extrema necesidad. 10 Los nacionalistas, los autonomistas y los antiguos liberales se observaban con recelo; era aún más profunda la oposición entre los liberales y antiguos federales partidarios de Urquiza. Unidos con el propósito de derribar al presidente Juárez Celman y modificar los malos hábitos políticos, cada grupo guardaba en su intimidad agravios y preferencias. El liberalismo que inspiró Rivadavia todavía se resistía a unirse con el federalismo triunfante. Como después de Caseros, estaban aún latentes las íntimas contradicciones y pasiones que generalmente hierven en las comunidades latinas y que en la vida política constituyen el mayor obstáculo para llegar a la coexistencia pacífica, la concordia, la comprensión y el respeto al adversario, condiciones necesarias para el regular funcionamiento de la democracia. Al día siguiente de la renuncia del presidente Juárez Celman la oposición se dispersó y cada grupo recobró su libertad de acción; cada caudillo organizó su facción, como si logrado aquel propósito hubiera desaparecido el único vínculo que los reunía. 11

Leandro Alem y la juventud que lo seguía se vieron defraudados al observar que los dirigentes del Partido Nacional continuaban ocupando el gobierno de la nación y las provincias, sin que variaran los procedimientos políticos, ni se abrieran, en aquéllas, los comicios a la oposición. La oligarquía gobernante era parecida antes y después de la revolución. 12

El jefe de la revolución, Leandro N. Alem, entonces amigo del presidente, acentuó su disidencia con el gobierno. Le exigió el envío de intervenciones nacionales a las catorce provincias. Sostenía que los gobernadores continuaban cerrando los comicios a la oposición, a pesar de la promesa del presidente de garantizar la libertad del voto. De nada valían las seguridades en la Capital, si seguía imperante el viejo régimen en el interior. La negativa del presidente fue categórica. “Nadie deplora más que yo el régimen oficial que ahoga la libertad del sufragio, decía, pero no atentaré jamás contra las autonomías provinciales en obsequio de los principios.” La presencia en el interior de fuerzas nacionales, tiene como propósito evitar y prevenir las revoluciones y conflictos armados siempre estériles y funestos. Afirmaba, quizá exageradamente, que ninguna libertad había sido afectada, aunque sostenía que solo el presidente podía apreciar esta circunstancia. Otro de los motivos de divergencia entre el gobierno y el prestigioso caudillo, fue el pedido que éste hizo al presidente para que ordenara al general Palacios, director del Colegio Militar, el permiso para que doce cadetes, que se habían sublevado en El Parque, concurrieran al teatro Onrubia, donde el general Manuel Campos les entregaría sendas medallas conmemorativas. El presidente se negó y condenó el acto que importaba la aprobación pública del más grave hecho de indisciplina militar que, tolerado, hacía imposible la existencia de un ejército profesional. Alem se exaltó ante la negativa y amenazó con las graves consecuencias que implicaría la actitud del presidente. Tan perturbado tenían el juicio por la vehemencia de las ideas partidarias, hombres serios y respetables. A las ocho de la noche el ministro de la Guerra comunicaba al presidente que doce cadetes habían desertado de los cuarteles y se dirigían al teatro Onrubia. Al punto, el presidente dio orden para que el regimiento 10 de línea se presentara en el teatro, ya repleto de público, y reclamara la entrega de los cadetes. El coronel Orma regresó con ellos al cuartel. El presidente mantuvo el principio de autoridad y la disciplina del ejército nacional contra las presiones de la oposición y los caudillos levantiscos. Desde entonces la ruptura de Alem con Pellegrini fue definitiva y el Partido Radical dedicóse a conspirar contra el gobierno.

En un ambiente donde la oposición aumentaba los deudores pedían una moratoria general y el gobierno se debatía en dificultades financieras, el Poder Ejecutivo convocó al electorado de la capital para celebrar elecciones de senador. Una expresión del clima que vivía un núcleo juvenil en la capital fue el atentado de que fue objeto el ministro del Interior general Roca (19-II-1891) por el niño de doce años, Tomás Sambrizze, quien le descargó un tiro de revólver cuando pasaba en coche por la calle 25 de Mayo y Cangallo. Del atentado salió ileso. 13

La oposición hubo de reconocer que la libertad electoral fue asegurada por el presidente en los comicios para elegir senadores. Con 9.972 votos fueron elegidos Aristóbulo del Valle y Leandro N. Alem, las dos figuras más representativas de la oposición (15-III-1891). Estaba viva la reacción contra el viejo régimen, reacción que conducían los dos revolucionarios del Parque. Sin embargo, fue una elección viciada por el ausentismo. Los elementos del Comité se presentaron armados a las mesas receptoras de votos y los ciudadanos independientes, por temor a la violencia, no concurrieron a los comicios.

La Unión Cívica, estimulada por el reciente triunfo, se rehace después del contraste revolucionario, con los opositores desilusionados por la continuación del viejo régimen, y los idealistas, que luchan por la pureza de los comicios. 14 Organiza en el interior su acción proselitista y prepara la Convención Nacional que, a semejanza de los partidos en Estados Unidos, debía aprobar su programa, designar las autoridades y proclamar, por primera vez en el país, con este procedimiento, la futura fórmula presidencial. 15 En la Junta Consultiva partidaria. Del Valle inició el movimiento de resistencia a los intransigentes; propicia la candidatura del general Bartolomé Mitre, apoyado por Bernardo de Irigoyen. 16 “Mitre no es una figura de partido; es una personalidad nacional”. Ni Leandro Alem, ni Hipólito Yrigoyen eran mitristas, pero la mayoría de sus correligionarios sostienen su candidatura y los cívicos de las parroquias lo proclaman en el frontón Buenos Aires (1-I-1891). “Mitre se unirá a Roca” dicen los radicales intransigentes, “preferimos a Alem”.

La convención nacional partidaria se realizó en Rosario con general entusiasmo (15-I-1892) presidida por el respetable correntino Juan Torrent, viejo amigo del general Mitre. Alem y Del Valle renuncian a sus posibles candidaturas y resultan electos por una gran mayoría Bartolomé Mitre y Bernardo de Irigoyen. 17 Mitre-Irigoyen era una fórmula prestigiosa, la mejor que pudo elegirse, base sustancial del acuerdo patriótico; representaba las dos grandes tendencias de los partidos históricos: el Nacional y el Autonomista. 18 Mitre (69 años, porteño) ciudadano eminente por su experiencia y sentido político, había conseguido organizar el país después de Pavón afirmando la unidad nacional con una república representativa y federal. Irigoyen (68 años, porteño) cívico y radical, principista y conservador, fue partidario de Urquiza y exponente de la sociedad porteña. Eran dos personajes consulares de la generación de la Constitución. El pueblo aclamó en las calles de Buenos Aires a los candidatos elegidos por sus dirigentes. 19

El congreso

El centro de la oposición estaba en el Senado nacional. Era una minoría de hombres avezados en la lucha y en el debate parlamentario, de larga experiencia política. La encabezaba el apasionado y romántico caudillo de la pequeña burguesía y la juventud porteña Leandro N. Alem, incorruptible defensor de la libertad electoral, que recogía la tradición alsinista, y jefe del nuevo movimiento democrático que exigía que abriera los cuadros la oligarquía gobernante, Aristóbulo del Valle, amigo personal del presidente, erudito profesor de derecho constitucional, austero católico, tan absoluto en sus ideas democráticas como elocuente en su discurso, adjetivos e imágenes abundaban en su argumentación, constante era su oposición al régimen liberal y laico, 20 y Dardo Rocha, impaciente, nervioso, a veces violento, siempre atrayente, que volcaba el prestigio de su tradición federal, sostenida por un gran sentimiento nacional y su ambición por gobernar la provincia y la nación.

En la Cámara de Diputados la oposición no era menos exaltada; sus dardos se estrellaban en la coraza de la mayoría oficialista. Se destacaban el joven Víctor Molina, apasionado radical, especialista en asuntos económicos, de lúcida inteligencia;

José Miguel Olmedo, orador espontáneo y claro, leal amigo de Juárez Celman, defensor de la Constitución y de la ley; Osvaldo Magnasco y Beracochea, oradores fogosos, de cerrada dialéctica, maestros en el derecho y hábiles en el debate. 21

La discusión del diploma del senador mendocino Emilio Civit, que ocupó ocho sesiones del Senado, demostró que ya entonces la preocupación económica había desaparecido y el principal problema era el político. La política fue el tema fundamental y dominante; agitaba a la clase gobernante y a quienes aspiraban a tomar el gobierno, apoyada por una clientela de empleadillos y estudiantes, tahúres y pendencieros que vagaban por los arrabales a la caza de prebendas y puestos públicos, más atraídos por la oratoria grandilocuente que por los verdaderos intereses del país.

Dardo Rocha denunció la intervención del ejército en la política mendocina. “Los que descendemos de antiguos unitarios somos muy sinceros federales” y defendemos la autonomía de las provincias. “¿Qué significan esas ametralladoras que han llevado a la casa de gobierno, rodeada de batallones de líneas?... ¿Estamos todavía con revoluciones en perspectiva? ¿Es que falta al gobierno fuerza material? ¡No! Lo que falta es fuerza moral porque ha dicho una cosa y ha hecho otra. El país quería tener renovaciones, o tener la conciencia de que los hombres que gobernaban representaban, verdaderamente, a la mayoría de una provincia. Es la resistencia a estas aspiraciones legítimas la que mantiene a este país agitado. Déjese a cada provincia con medios propios, que allí donde el gobierno es la expresión de la mayoría, se mantiene por el poder de la mayoría; pero no vaya el brazo fuerte de la nación a mantener situaciones que no cuentan siquiera con el respeto de sus convecinos.” Hacía más realista el proceso del régimen político imperante. El senador Alem afirmaba que el diploma de Civit “era impuro en el sentido legal; que puede provenir del gobernador Guiñazú o del coronel Reyes, jefe del 4° de línea, o del ministerio del Interior, o del presidente de la República; en fin, de cualquiera de ellos, menos del pueblo de Mendoza”.

No ha cumplido el presidente sus promesas, ni en el orden político, ni en el orden económico, ni en el orden administrativo, dijo Alem. La intervención del Poder Ejecutivo en la elección es evidente y nadie puede negar que la fuerza de línea rodeó los comicios.

El senador Manuel Demetrio Pizarro (49 años, cordobés) defiende al gobierno: “Es falso el principio que sostiene la oposición... cualquiera que sea la legitimidad o ilegitimidad de la legislatura de Mendoza en su composición actual... debe aprobarse el diploma del senador electo... pues también en esta parte del derecho público es aplicable el principio que rige en materia de derecho privado y que consiste en mantener firme los actos emanados de una autoridad competente aunque ilegítima, mientras permanezca en el ejercicio de sus funciones.” Ataca la posición de los adversarios y denuncia ante el país su propósito revolucionario. “No vengo a defender el diploma del senador electo por Mendoza, vengo a combatir la revolución... la revolución que hace un año agitaba a la República... la revolución está en todas partes y su cuartel general en el Congreso; ¡en este momento su cuartel general está en el Senado de la Nación”! (aludiendo a Alem). 22

Hay malestar y la revolución está latente, responde Alem. Falta saber cuál es la causa de este malestar. Para mí los revolucionarios son los que conculcan las leyes y avasallan las libertades.

El senador Civit atacó fuertemente al caudillo. ¡Sangre, vicios, fraudes y violencias llevó a la Cámara su diploma de diputado en 1874! Las azoteas que rodeaban la iglesia de Balvanera donde se celebraban los comicios aparecieron guarnecidas con gente armada; eran los soldados disfrazados del batallón 5º de Infantería que Leandro N. Alem había pedido al comandante Levalle para hacer triunfar su política.

—”Es una impostura”, le grita Alem. Civit insiste con su afirmación.

—”Completamente falso”, apostrofa su adversario.

La barra interviene con gritos y barullos. El diploma de Civit finalmente es aprobado.

El diputado Quesada, antiguo juarista, reclama la presencia del ministro de la Guerra y Marina (4-VIII-1891) para que informe sobre la provisión de víveres a la escuadra. El presidente protesta por sus conceptos ofensivos. La Cámara consideró que el mensaje del Poder Ejecutivo lesionaba sus privilegios y derechos (19-VIII-1891). El conflicto terminó con la presencia inesperada del ministro general Levalle que propuso se leyera su informe sobre el objeto de la interpelación. Terminada su lectura se retiró.

Nuevamente el senador Dardo Rocha criticó al gobierno porque había tolerado el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional, exclamando:

“Hasta Rosas ha sido más celoso de nuestra soberanía.”

En la Cámara de Diputados, Osvaldo Magnasco (26 años, entrerriano) le llama blando y tímido al presidente y señala la decadencia del país; denuncia la política electoralista del ministerio representada por Roca y Mitre (sus ministros amigos); señala la falta de rumbo del gobierno frente al abismo económico y político. Beracochea se expresa en términos análogos y Olmedo acusa al presidente de no facilitar el acceso al gobierno de hombres nuevos, con nuevas ideas que la República reclama. La gravedad de la crisis no es el malestar económico, afirmaba con vehemencia, es la situación política la que provoca la agitación e inseguridad; una verdadera crisis social, porque existe la más completa y justificada desconfianza en el gobierno. 23

El acuerdo patriótico

El general Mitre, de regreso de su viaje por Europa, fue recibido en el puerto por una imponente manifestación popular (18-III-1891). 24 Mariano Demaría, en nombre de la Unión Cívica, proclamó al pie de la estatua de San Martín la fórmula Mitre-Irigoyen, presidente y vice de la Nación. 25 El general aceptó la candidatura como “una solución nacional o como una reivindicación de la libertad del sufragio universal”. Para disminuir la tensión política que amenazaba al país proponía como programa electoral: la supresión patriótica de la lucha, por el común acuerdo de todas las voluntades bajo los auspicios de la libertad, o bien la contienda, aún aceptando de antemano la derrota, si se pretendiese sofocar el voto público por la coacción o por la violencia. Entiende por solución nacional la fundación de “un gobierno de todos y para todos, que condense en torno suyo todas las fuerzas morales y materiales del país, a fin de que sea eficiente para el bien, cure los males que nos aquejan, normalizando la situación económica y traiga la armonía al espíritu de todos los argentinos, haciendo entrar en el quicio constitucional”. Mitre después de conferenciar con el presidente y el general Roca, ministro del Interior (30-III-1891) y jefe indiscutible del Partido Nacional, convinieron en la política que se llamó del acuerdo patriótico, la idea salvadora apoyada con decisión por el presidente Pellegrini que veía en ella una solución aceptable para el problema presidencial. 26 La política del acuerdo consistía en convenir los partidos oficiales y la oposición en concurrir a las elecciones con una lista única de candidatos que satisfacieran las aspiraciones y voluntades del mayor número evitara una competencia anarquizante y respetara las situaciones provinciales.

Mitre decía que el acuerdo era “una solución nacional en las circunstancias que se encuentra (el país), a fin de que, sin comprometer principios fundamentales, resolver éstos en su aplicación práctica, fundando por el común acuerdo un gobierno regular de orden y de moral, de todos y para todos, que normalizando la situación institucional de la República cuente con el apoyo de la opinión y traiga la paz y la armonía al espíritu de los argentinos”.

Ni el abrazo del candidato y el ministro empresario, ni el apoyo decidido del presidente, ni las comunicaciones del ministro a los gobernadores de provincia, 27 ni las entrevistas de Irigoyen y Alem con el general Mitre, 28 pudieron darle consistencia al ingenioso zurcido en paño tan deleznable, como era la situación política del país caldeada por las pasiones. Los primeros actores poseían tres temperamentos diferentes, con divergentes ideas políticas, con distintos antecedentes y contradictorias posiciones (14-IV-1891). Los gobernadores de provincia se negaban a votar a quienes pretendieron derrocarlos, seguros de obtener en los comicios la mayoría de votos sobre los candidatos de la Unión Cívica, que tampoco aceptaba renunciar a la lucha, entusiasmada por las aclamaciones de sus correligionarios exaltados.

El fracaso del acuerdo produce la renuncia del ministro del Interior (1-VI-1891). Las facciones se definen y la tensión política aumenta. Las ideas dispares de los tres caudillos aparecen en las cartas que intercambiaron (5 y 6-VI-1891). Entonces las divergencias se expresaban con claridad, respetando cada uno la posición del adversario.

Bartolomé Mitre sostenía que el país no se hallaba en condiciones electorales para realizar comicios auténticos. “Si no se puede hacer una elección regular, menos se puede hacer una revolución que aún siendo posible, acabaría por arruinar el país, empeorando la situación, así en lo político como en la económico.” “Estoy y estaré por el acuerdo como solución nacional, sin comprometer principios fundamentales”... “para que traiga la paz y la armonía al espíritu de los argentinos”. Bernardo de Irigoyen defendía la concurrencia a los comicios, salvando en lo posible los vicios de las combinaciones partidistas que alejaban a los ciudadanos de las urnas, evitando la intromisión de los poderes públicos, y eliminando la conculcación de la ley. El acuerdo no podía reemplazar, “ni en la forma ni en el hecho, las elecciones, indispensables en el sistema político argentino. Aunque no sean perfectas es mejor que los partidos concurran a los comicios. El acuerdo entre los dirigentes, desprestigia los comicios. 29

Leandro N. Alem declaraba que era un “decidido adversario del Acuerdo... No aceptaremos compromisos que importen la continuación del régimen funesto... No se puede suprimir la lucha donde continúa imperando la fuerza: la situación' de la provincia es espantosa”. 30

La división latente en la Unión Cívica entre la fracción mitrista y los partidarios del presidente del partido, Leandro N. Alem, hace crisis cuando se conocen los términos del “acuerdo patriótico”. El comité del Partido Nacional propuso a la Unión Cívica realizar el “acuerdo patriótico” con la candidatura para presidente del general Bartolomé Mitre proclamado en Rosario y el vicepresidente para uno de sus correligionarios. La proposición fue rechazada por el comité que presidía Alem, quien definió su posición en un manifiesto en el cual repudia los compromisos que importen la “continuación del régimen funesto” (15-IV-1891). Una lucha tenaz y apasionada se desarrolla dentro del partido de la revolución, donde los correligionarios de Mitre cuentan con numerosos dirigentes que lo apoyan.

La unidad partidaria está amenazada. Es un momento de indecisión y debilidad del Comité Nacional. Los que ayer combatían unidos, hoy se separan en dos bandos irreconciliables. Los cívicos de Alem se oponen al acuerdo, los mitristas desean la conciliación. Del Valle calma a los exaltados y Mitre trata de evitar la controversia. Se oyen vivas y mueras. Se nombran comisiones de arreglo. Todo es inútil frente a la intransigencia. “La Unión Cívica está en disolución” afirman los unos. “La Unión Cívica Radical retoma la bandera del pueblo” dicen los otros. “Una Unión Cívica tendrá la gloria, la otra tendrá el provecho” dicen los más. 31

El coronel Mariano Espina (36 años, porteño), en el comité nacional, con encendida oratoria, opónese a toda clase de acuerdos, verdaderas traiciones a los principios del partido, apoyado por tres ministros que sostienen toda la armazón del roquismo, acuerdos que aparecen en la provincia en un acto bochornoso indigno de un partido popular. 32 Después de una laboriosa discusión donde fracasan todas las fórmulas para aprobar el acuerdo, la fracción de filiación mitrista se declara dueña de la mayoría, se separa del comité y funda la Unión Cívica Nacional (12-VI-1891) presidida por Bonifacio Lastra (45 años, porteño). Leandro N. Alem y sus partidarios expulsan a los acuerdistas, fustigan el personalismo de los alzados y constituyen una nueva agrupación, la Unión Cívica Radical (29-VI-1891), acentuando su intransigencia. 33 El Partido Nacional reúne su convención y por una gran mayoría vota la fórmula Bartolomé Mitre-José Evaristo Uriburu (14-VI-1891). Apartóse del acuerdo patriótico y formalizó de esta manera un acuerdo electoral con la Unión Cívica Nacional con más apoyo oficial que prestigio en la opinión.

El partido de la revolución, la Unión Cívica, se halla en crisis. Después de la lucha de las facciones en el Comité Nacional, la Convención Nacional partidaria (15-VIII-1891) debe considerar una nueva fórmula presidencial porque la proclamada en enero ya no existe. Mitre encabeza una fórmula con Uriburu que los intransigentes rechazan e Irigoyen ha renunciado a la candidatura a la vicepresidencia. Chocan en esta apasionada convención, los partidarios de evitar un nuevo rompimiento dentro de la Unión Cívica y los decididos a elegir una fórmula nueva. ¿Quién puede reemplazar a Bartolomé Mitre? Ya se ha debilitado el partido con la fundación de la Unión Cívica Nacional que preside Lastra. ¿Podrá resistir otra nueva división? Cuando las pasiones se encienden no se atiende a la aritmética. El nombre de Bernardo de Irigoyen se impone a la mayoría de los convencionales. Juan M. Garro, cívico intransigente y principista, lo acompaña como vicepresidente.

La Unión Cívica Nacional reúne en Buenos Aires la convención presidida por Juan Torrent (15-X-1891), acepta la renuncia de Irigoyen y lo reemplaza por José Evaristo Uriburu que ya había sido votado en segundo término por el Partido Nacional. La fórmula Mitre-Irigoyen “la solución instintiva del patriotismo” 34 que habría permitido resolver en armonía la próxima elección y asegurar la estabilidad institucional, quedó definitivamente destruida. Mitre volvió a expresar que no quería ser candidato de lucha, porque estaba convencido que sin el concurso de todas las voluntades no se podía fundar un gobierno estable. 35 Fue inútil la insistencia del presidente y el general Roca para que desistiera de su actitud, que dejaba al partido Nacional sin el concurso de un hombre tan prestigioso para ejercer la presidencia de la nación. 36

La renuncia de la candidatura de Mitre fue un nuevo explosivo lanzado en los materiales inflamables que había acumulado la práctica de nuestra democracia incipiente. El presidente Pellegrini realiza intentos con los principales caudillos políticos en su empeño por reconstruir la unidad de su partido y lograr el apoyo que reclamaba el gobierno. 37 La base del sistema representativo crujía entre los anhelos del sufragio libre, las pasiones incoercibles de las facciones políticas anarquizantes y las posibilidades de mantener la estabilidad del gobierno con suficiente confianza y prestigio para presidir los comicios presidenciales.

La crisis política volvió a afectar la atribulada presidencia de Pellegrini, que debía atender, además, las dificultades financieras para mantener el equilibrio del gobierno constantemente amenazado por la rebelión y la anarquía.

La prensa partidista estimula la lucha. La demagogia agita los clubs y prende en la oratoria de los caudillos. La crisis política se agrava, es más intensa que las dificultades financieras. La oposición que estuvo presente en la asamblea de notables con Del Valle, exhortó el presidente para que “hiciera una buena política, aproximando la opinión del país al gobierno que dirigía”. La verdadera crisis del país era de fondo político y resuelta ésta la crisis económica podía terminarse más fácilmente. 38 Los opositores se posesionaron de la calle. El partido autonomista nacional actuó en las antesalas del gobierno y se mantuvo vivo en las provincias, adonde el grupo radical intransigente también llegó con su propaganda.

Rebelión en las provincias

La provincia de Córdoba había sido y era el más fuerte apoyo político de Roca y de Juárez Celman. Derrocado éste y destituido de la gobernación su hermano Marcos, quedó el roquismo dueño de la situación. El gobernador Eugenio Garzón, que se hizo cargo del gobierno, se enfrentó con la Unión Cívica. Secundada ésta por los elementos católicos preparan la revolución estimulada por el Comité Nacional. 39 Contaban los completados con más de 350 hombres mandados por oficiales retirados, con suficientes armas y pertrechos para tomar los cuarteles y la Jefatura de Policía a donde llegarían por un extenso túnel cavado por un experto militar belga. La delación de la conspiración alertó al gobierno. El comandante Toscano, con fuerzas del 10 de línea, atacó los cantones en pie de guerra y después de doce horas de lucha, con 23 muertos, 171 heridos y 300 prisioneros dominó la rebelión. La represión fue total y desbarató el movimiento opositor a tal punto que poco después el gobernador Eugenio Garzón promovió una ley de amnistía (20-VI-1891). 40 El presidente denunció ante el país el extenso y sangriento complot que abarcaba las provincias de Tucumán, Mendoza, Entre Ríos y Santiago del Estero y cuyo comando estaba en la Unión Cívica de la Capital. “Siniestros planes” los de la revolución, que no vacilaba en emplear “medios condenados por la civilización” para provocar movimientos armados en todo el país y derrocar al gobierno. El Poder Ejecutivo extremó la vigilancia en el ejército, cambió comandos y alejó a los sospechosos.

En Catamarca se produce un nuevo motín. Provocado por la Unión Cívica se apodera del Cabildo y depone al gobernador Gustavo Ferrari, a pesar de haber detenido éste a un grupo calificado de conspiradores. Alegaban los revoltosos que su antecesor Dulce no había realizado la elección por el nuevo padrón nacional, que el Colegio Electoral constituido por una tercera parte de empleados públicos había hecho una elección fraudulenta y carecía de residencia el gobernador Ferrari, alejado de la provincia desde hacía más de veinte años. La Junta Revolucionaria se hizo cargo del gobierno. El gobernador depuesto Ferrari, solicitó la intervención del Poder Ejecutivo. 41 Enviado el proyecto de ley al Senado fue aprobado, así como en la Cámara de Diputados, a pesar de la oposición. El general Amaro L. Arias designado interventor marcha con fuerzas de línea y artillería. Los cívicos rebeldes se atrincheran, levantan las vías férreas y se disponen a resistir las fuerzas nacionales, se producen pequeños choques sangrientos, la opinión pública se alarma por los graves sucesos que se anuncian y Bernardo de Irigoyen pide a sus correligionarios que depongan las armas. El general Arias detiene a los revolucionarios y repone al gobernador Gustavo Ferrari. 42

Si bien el plan subversivo de Alem y sus partidarios abarcaba varias provincias, las tropas nacionales estaban hábilmente colocadas y disciplinadas para actuar rápidamente y restablecer el orden. Alem había pedido al Senado (30-V-1891) que solicitara la presencia del ministro del Interior para que explicara qué medidas había tomado; afirmaba que el presidente había sido engañado respecto a la gravedad del movimiento revolucionario cuyos propósitos siniestros pretendían implantar la dictadura. Si antes de estos pronunciamientos podía la oposición ocultar sus planes subversivos, ahora descubría y proclamaban abiertamente la rebelión alegando que el presidente no había cumplido con su promesa de renovación y que el general Roca mantenía armada la máquina electoral con los gobernadores electores.