Pero sin duda la disposición que terminó casi de abrir las puertas de par en par, fue la tomada por Cisneros en 1809. Los grandes gastos militares ocurridos con motivo de las invasiones inglesas y la mala administración financiera de Liniers, habían provocado un serio desnivel presupuestario en el Virreynato. Quienes habrían de beneficiarse con la adopción de una franca libertad de comercio, argumentaron con las necesidades del erario. Por otra parte, en marzo de 1809 se había firmado el Tratado Apodaca-Canning, entre la Junta Central de Sevilla e Inglaterra. Aquélla, a cambio de apoyo militar en su lucha contra el invasor francés, se comprometía a otorgar franquicias al comercio británico. Por ello, el petitorio de la firma inglesa en Buenos Aires, Juan Dillon y Cía., a Cisneros, del 16 de agosto de 1809, en el sentido de que se le permitiera la introducción de mercancías existentes en las bodegas de un buque británico surto en el puerto, contaba con la buena voluntad del Virrey. Pero para salvar responsabilidades, decidió consultar con el Consulado y el Cabildo. Fue en vano que en el primero su síndico sustituto, Manuel Gregorio Yañiz, argumentara en contra del pedido que la libertad de comercio destruiría la industria americana, pues los ingleses, “estos sagaces maquinistas” según el decir del síndico, podían producir mejor y más barato. Con lo que su desigual competencia desencadenaría el cierre de telares y fábricas y el consiguiente desempleo. También fue inútil que explicara que nada se ganaría con la mayor baratura, pues la desocupación no permitiría a la población adquirir a ningún precio lo elemental para su subsistencia. El Consulado se pronunció con alguna reticencia, por la apertura del Puerto. Lo mismo pasó con el Cabildo, a pesar de las razones expuestas, en la vista que solicitara, el apoderado del Consulado de Cádiz, Miguel Fernández de Agüero. Además de las razones manifestadas por Yañiz, arrima otras en contra del proyecto. Profetiza que el desempleo a producirse en el interior, habría de generar agravios que acarrearían luchas civiles contra el Puerto, cosa que se cumplió puntualmente. Y con respecto a la mentada baratura, dijo que el comercio inglés se concertaría para vender al comienzo del proceso más bajo que lo que permitirían los costos, pero que una vez desalojada la competencia criolla, dueño del mercado, impondría los precios discrecionalmente en una verdadera maniobra de “dumping”. Expresa asimismo que el librecambio no provocaría un aumento en los precios de colocación de nuestras exportaciones de productos ganaderos, como se había dicho con optimismo, porque dominado el mercado por los ingleses, éstos también se concertarían para imponerlos.
A estos contundentes razonamientos, Mariano Moreno opuso en la Representación de los Hacendados argumentos basados en las necesidades fiscales, la prioridad de la explotación agropecuaria en relación con la industria (lo que denota la filiación fisiocrática del escritor), la baratura que provocaría una entrada masiva de mercaderías manufacturadas, el beneficio que obtendría la misma industria al tener la oportunidad de imitar la técnica de lo importado, etc., todo abonado con repetidas citas de Adam Smith, Filangieri, Jovellanos y Quesnay, y un encendido elogio de Inglaterra, “nación sabia y comerciante que detesta las conquistas”, “nación generosa”, “una nación a quien debemos tanto”.
Como era de prever, las urgencias del erario y los compromisos con Inglaterra pesarían para que el petitorio fuera despachado favorablemente, el 6 de noviembre de ese año 1809, con algunas cortapisas. En efecto: se admitía la entrada de mercancías extranjeras pero los consignatarios debían ser comerciantes españoles, y se prohibía el pago en oro o plata, aunque estas limitaciones fueron fácilmente burladas. Asimismo se mantuvo el pago de derechos de círculo y se estableció un tímido proteccionismo, gravándose con un 12 1/2 % de recargo la entrada de artefactos y efectos groseros que perjudicaban a la industria del país, excluyéndose absolutamente los aceites, vinos, vinagres y aguardientes extranjeros excepto el de caña, según rezaba el art. 7° de la Ordenanza respectiva 28.
Librecambio y porteñismo
Se ha dicho que esta decisión significaba casi la adopción plena de la libertad de comercio, que disposiciones ulteriores del Triunvirato y de la Asamblea de 1813 terminarían de consagrar. Y con ello, en las vísperas revolucionarias. Buenos Aires obtenía casi el total del dispositivo necesario para desempeñar un sofocante papel hegemónico en el área rioplatense. Pues la facultad de disponer caprichosamente de su aduana para favorecer los intereses de su clase comercial y de su hinterland ganadero, en detrimento del interior artesanal, se constituyó en pieza maestra de la discutida prevalencia. Era de esperar que la clase dirigente criolla, inspirada en razones de bien general de los pueblos que habían integrado el Virreynato, tratara de revertir la situación heredada, y que una mentalidad nacional se impusiera a la de campanario de un localismo egoísta. No ocurrió así. Se impuso esa mezquindad comarcana. Y su fruto, setenta años de luchas civiles que despedazaron el ser nacional, encuentra en buena medida su explicación en el uso que de su aduana rectora de economía y finanzas, hizo Buenos Aires. Es que “en defensa de lo que conceptuó convenirle, el interior negábase a ser gobernado por librecambistas” 29.
Antes de iniciarse el proceso de la revolución por la independencia, la República tenía su capital de hecho, que la fatalidad geográfica no corregida por la historia de la administración indiana, había impuesto. Lo que seguirá es la relación de la pugna que se produjo entre quienes disentían sobre si debía o no elevarse esa realidad contundente a pauta jurídica consagrando o no a Buenos Aires como capital de la nueva República.
