Entre el fragor de las armas, Avellaneda ha ocupado la presidencia del país, el 12 de octubre de aquel año 1874. Tiene detrás suyo una excelente gestión como ministro de Educación de Sarmiento y, durante su gobierno, quedarán solucionados dos problemas que afligían al país: la conquista definitiva del desierto y el que planteaba la instalación de su capital federal.

Avellaneda nació en Tucumán, el 1º de octubre de 1837, hijo de Marco (“El Mártir de Metánâ€�). Es abogado, católico practicante. Tiene modales amables y, como también es petizo y camina de un modo característico, lo apodan “Taquitoâ€� o “Chingoloâ€�.

Avellaneda forma su gabinete con Simón de Iriondo (Interior), Santiago Cortínez (Hacienda), Onésimo Leguizamón (Instrucción Pública), Félix Frías (Relaciones Exteriores) y Adolfo Alsina (Guerra). Aunque la revolución encabezada por Mitre ha sido vencida, su jefe gana adeptos entre la juventud porteña y, en enero del 75, se crea un Club Universitario que le responde y hostiga al nuevo gobierno. Avellaneda es católico notorio, como sabemos, y el arzobispo Aneiros diputado oficialista. La decisión de devolver San Ignacio a los jesuitas, la aprovechan la masonería y unos cuantos extranjeros –ácratas y garibaldinos– para agitar los ánimos, promoviendo una campaña contra la iglesia. El 28 de febrero, en el Teatro Variedades, el Club Universitario lleva a cabo un acto, donde dicha campaña alcanza su punto culminante. Al concluir el mismo, unidos algunos estudiantes con activistas adscriptos a la Primera Internacional (una organización mundial marxista y anticlerical) saquean la Curia, hacen destrozos en San Ignacio y, por fin, ante la pasividad cómplice de la policía, incendian el colegio Del Salvador.

Frente a tales desbordes, surge la condena unánime de mitristas y autonomistas (integrantes del partido de Alsina, oficialista); numerosos estudiantes se manifiestan, negando representatividad al Club Universitario; el jefe de policía debe renunciar. Y, con la violenta oposición de Sarmiento, que es senador, el 26 de junio de 1875 se dicta una amplia ley de amnistía, que favorece a los revolucionarios del 74.

Se insinúa una profunda crisis económica y el ministro de Hacienda, Cortínez, es reemplazado por Lucas González. En el mismo decreto se designa canciller a don Bernardo de Irigoyen, que ha sido rosista. El 3 de febrero de 1876, es firmado un acuerdo que pone fin a los diferendos pendientes con el Paraguay.