En esta etapa, que corresponde a la época de la organización constitucional del país (1852-1880), durante el transcurso de las llamadas “presidencias históricas”, de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, se llevó a cabo la implementación de un nuevo sistema educativo, acorde con los principios liberales consagrados por la Constitución Nacional de 1853-60. Mitre fundó el Colegio Nacional de Buenos Aires, que de inmediato se reprodujo en las provincias del interior; Sarmiento creó la Escuela Normal de Paraná, también rápidamente extendida en el resto del país; y Avellaneda difundió la enseñanza primaria, primero como ministro de Justicia e Instrucción Pública de Sarmiento y luego como presidente de la Nación. Paralelamente, se nacionalizó la Universidad de Córdoba.
La caída de Rosas en 1852 y la inmediata sanción de la Constitución Nacional, perfiló el nuevo modelo del hombre argentino, de acuerdo con una concepción liberal y mercantil subyacente en la etapa anterior. El objetivo, según Esteban Echeverría, fue formar al futuro ciudadano para que se desempeñara en la nueva sociedad democrática, que debía romper con las ideas del pasado colonial. De acuerdo con su pensamiento, éramos independientes, pero no libres. Y Juan Bautista Alberdi, por su parte, agregaba que: “En nuestros planes de instrucción debemos huir de los sofistas, que hacen demagogos, y del monaquismo, que hace esclavos y caracteres disimulados. Que el clero se eduque a sí mismo, pero no se encargue de formar nuestros abogados y estadistas, nuestros negociantes, marinos y guerreros”1. Lo que suponía erradicar la enseñanza religiosa de los planes de estudios y los sacerdotes de los establecimientos educativos. Y a este concepto, le añadía Alberdi lo siguiente: “La instrucción, para ser fecunda, ha de contraerse a ciencias y artes de aplicaron, a cosas prácticas, a lenguas vivas, a conocimientos de utilidad material inmediata”. “El idioma inglés —continuaba—, como idioma de la libertad, de la industria y del orden, debe ser aun más obligatorio que el latín; no debiera darse diploma ni título universitario al joven que no lo hable y escriba”2. Era la vuelta al pragmatismo borbónico y rivadaviano. El predominio de la educación utilitaria, con olvido o prescindencia del destino trascendente del hombre. Al logro de estos objetivos contribuya la masonería —instalada oficialmente en nuestro país a partir de 1856 y organizada definitivamente en 1858—, que propugnaba el laicismo de Estado.
Esta tendencia se concretó más tarde con la acción educativa de Sarmiento, que introdujo las nuevas corrientes de la pedagogía francesa y luego de la pedagogía norteamericana. Durante el transcurso de sus viajes, Sarmiento había observado, tanto en Francia como en los Estados Unidos, las características de esta nueva pedagogía, que se proponía formar al futuro ciudadano, consciente de sus derechos y obligaciones; mejorar la condición de la mujer; y estimular la participación popular en el gobierno de la enseñanza. Asimismo, tuvo especial preocupación en asegurar la formación de los maestros, mediante la creación de escuelas normales, que en un principio estuvieron a cargo de educadores norteamericanos traídos al efecto. No obstante todo el esfuerzo empeñado, primero como director general de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires y luego como presidente de la Nación, no alcanzó a cubrir la necesidad de la enseñanza técnica, requerida por Alberdi. Apuntó más a la formación del ciudadano que a la del trabajador especializado.
De esta época data también la obra pedagógica, poco conocida, de Mons. Martín Avelino Pinero, a quien puede considerarse, en opinión de Alberto Caturelli, el primer filósofo argentino de la educación. Nacido en Córdoba en 1820, se ordenó sacerdote en 1832 e ingresó en la Compañía de Jesús cinco años después, aunque en 1849 pasó al clero secular. En 1855 publicó Principios de educación y tres años más tarde Teoría de organización de un Colegio Nacional. Ambas obras configuran la primera expresión de una filosofía pedagógica argentina, que se nutre en un tradicionalismo muy moderado que se opone a la “secularización absoluta de la enseñanza”3. Con notable anticipación, admite que la vocación pedagógica es natural a la mujer y que le corresponde la formación científica y cívica. En 1862 Mons. Pinero fue senador nacional. Falleció en 1885.
La educación en la Constitución Nacional de 1853
El texto constitucional de 1853, que consagró el sistema federal de gobierno, por el artículo 5º acordó a cada provincia la facultad de dictar su propia constitución, “bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria”. De esta manera se reconoció el derecho de las provincias de organizar su propio sistema educativo en el ámbito de su jurisdicción. No obstante, como veremos, primó en los hechos la tendencia centralista de los antiguos unitarios que, a partir de la presidencia de Mitre construyeron un sistema educativo nacional absolutamente dependiente de la administración central, que recién comenzó a revertirse un siglo después.
Por otra parte, en el artículo 14º de la Constitución de 1853, se reconoció el derecho de enseñar y aprender, conforme a las leyes que reglamentaran su ejercicio, pero desvirtuado en la práctica por una manifiesta restricción de la libertad de enseñanza, principalmente en el nivel universitario, que demoró también una centuria en modificarse.
En el artículo 25º se estableció, además, que: “El gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes”. Disposición esta última, que permitió el ingreso de distinguidos educadores que contribuyeron al mejoramiento de nuestra educación.
Finalmente, en el artículo 67º, inciso 16º, se atribuyó al Congreso: “Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria [...]”. Acorde con este mandato, en 1884 se sancionó la ley 1.420 de educación común y al año siguiente la ley 1.597 sobre universidades nacionales; pero, en cambio, hasta 1993 no se legisló sobre la enseñanza media, salvo el caso de la ley 15.240, de 1959, que reguló la educación técnica en ese nivel.
El Estado de Buenos Aires y la Confederación
En la primera década de esta etapa, durante la secesión de la Provincia de Buenos Aires, la Confederación Argentina, que agrupaba a trece provincias, y el Estado de Buenos Aires, que había dado forma jurídica a la separación con la sanción de su propia Constitución en 1854, rivalizaron en materia de acción educativa, mediante la organización técnica y administrativa de los servicios y la creación de nuevas escuelas y colegios.
En el Estado de Buenos Aires, el gobernador Pastor Obligado creó en 1854 el Colegio Seminario y de Ciencias Morales, en tanto la Universidad continuó su existencia normalmente, destacándose, como ya lo hemos dicho, el rectorado de Juan María Gutiérrez, quien proyectó su reorganización y abogó por su autonomía. La Constitución provincial de 1873 reconoció la autonomía de la Universidad y le concedió los recursos necesarios para sustentarla.
Al reintegrarse definitivamente la Provincia de Buenos Aires al territorio de la Confederación Argentina, en 1861, conformando lo que desde entonces se llamó la República Argentina, bajo la presidencia de Mitre, tuvo lugar la creación del Colegio Nacional de Buenos Aires, que como también dijimos, habría de servir de modelo para la fundación dé institutos similares en las provincias.
En cuanto a la Confederación, se destacaron por su labor en favor de la educación primaria: Urquiza, en Entre Ríos; Justo Daract, en San Luis —también promotor del primer establecimiento de enseñanza secundaria en esa provincia— y Juan Pujol, en Corrientes, durante cuyo mandato se sancionó la primera ley argentina sobre educación, el 19 de abril de 1853. Dicha ley establecía que la instrucción primaria estaría a cargo del Estado y sería gratuita. Habría dos clases de escuelas: elementales y normales. En las primeras se enseñaría lectura y escritura, doctrina y moral cristiana y elementos de aritmética práctica; y en las segundas, se daría, además, “mayor ensanche a la instrucción religiosa, comprendiendo el dogma y los fundamentos de la fe”. Se enseñaría también gramática castellana, retórica epistolar, reglas de urbanidad y de declamación, historia, geografía y cronología, matemática, física y mecánica, dibujo lineal, historia de América y en especial de nuestro país, teneduría de libros, elementos de agricultura, vacunación y pedagogía teórica y práctica y la Constitución del Estado.
En los niveles secundario y universitario, siguió funcionando en Entre Ríos el Colegio del Uruguay; en Tucumán se creó el Colegio San Miguel; en Corrientes funcionó el Colegio Argentino y en Córdoba se nacionalizaron el Colegio de Monserrat y la Universidad. Como consecuencia, en 1864 se suprimieron los estudios teológicos y de derecho canónico, cuyas cátedras pasaron al Seminario conciliar.
El Departamento de Escuelas de Buenos Aires
En 1852, en el Estado de Buenos Aires se creó el Ministerio de Instrucción Pública, cuyo primer titular fue Vicente Fidel López. De efímera existencia, durante la cual se proyectó la creación de una Escuela Normal de enseñanza elemental con la dirección de Marcos Sastre y vicedirección de Germán Frers —que no llegó a abrir sus puertas—, fue reemplazado por el Departamento de Primeras Letras, que primero estuvo bajo dependencia de la Universidad y luego se separó de ella. Posteriormente se creó una Inspección General de Escuelas, a cargo de Frers, lo que provocó la reacción de los católicos por su profesión de fe protestante, por lo que tuvo que renunciar. Frers, nacido en Alemania, había llegado a Buenos Aires en 1843, donde fundó con el pastor Augusto Siegel —arribado al país en el mismo año—, la primera escuela de la congregación alemana, en 1845.
En 1854 se encomendó el mantenimiento y vigilancia de la instrucción pública a la Municipalidad de la ciudad, a través de una Comisión de Educación. Al año siguiente se creó un Consejo de Instrucción Pública, presidido por el rector de la Universidad y, por fin, el Departamento de Escuelas, cuya jefatura ejerció Sarmiento desde 1856 a 1860. Por ley del 21 de julio de 1857 se confiscaron los bienes de Rosas, que fueron destinados al sostenimiento de las escuelas. El 18 de julio de 1860, con la presencia del presidente de la Nación, Santiago Derqui, y del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Bartolomé Mitre, Sarmiento inauguró el primer edificio construido para una escuela estatal, en el centro de la ciudad porteña, que se conoció con el nombre de Escuela Catedral al Norte.
Ante la falta de maestros, en 1856 se proyectó la creación de dos escuelas normales para varones y mujeres, respectivamente, pero la iniciativa no prosperó. Sarmiento también propició la publicación de los Anales de Educación Común, que apareció el 1º de noviembre de 1858 y se constituyó en la primera revista de contenido pedagógico publicada en nuestro país. En la dirección de esta revista le sucedió en 1865 Juana Paula Manso de Noronha, desde cuyas páginas difundió las ideas pedagógicas de Federico Froebel sobre la educación de los infantes mediante el juego y la necesidad de la educación de la mujer. Juana Manso, que en 1841 había fundado un Ateneo de Señoritas en Montevideo, donde se encontraba exiliada con sus padres, a su regreso a Buenos Aires publicó un semanario titulado álbum de Señoritas, que apareció el 1º de enero de 1854, y dirigió luego, durante seis años, hasta su extinción, la Escuela Primaria de Ambos Sexos Nº 1, primera de este carácter entre nosotros.
Asimismo, Sarmiento promovió la difusión de obras complementarias de la enseñanza, como El tempe argentino, de Marcos Sastre; álbum literario, de Toribio Arauz; y sus propios libros: Catecismo de la Doctrina Cristiana o sea la conciencia de un niño y Vida de Jesucristo. En una circular dirigida a los preceptores, del 12 de mayo de 1857, les impuso “prescripciones que seguirán puntualmente”: a) plegaria cotidiana “a la apertura de la escuela por la mañana”; b) “el maestro en persona conducirá sus alumnos a la misa parroquial, diariamente”; c) “el jueves santo, el maestro conducirá sus alumnos a las estaciones”; d) “otro tanto hará el 25 de Mayo y cuando la autoridad local lo juzgue oportuno”; e) “El maestro proveerá de alumnos a los señores Curas para ayudar a misa”. Disposiciones todas que nos hacen recordar el Reglamento de Belgrano de 1813, al que ya nos hemos referido, y que se contradicen con su actitud posterior contraria a la enseñanza religiosa, durante la década de 1880.
Cuando Sarmiento cesó en su cargo, las escuelas de primeras 1 volvieron a depender, una vez más, de la Universidad.
El Colegio Argentino
En 1841, durante el gobierno de Pedro Ferré en la Provincia de Corrientes, se autorizó, por dos leyes de fecha 16 de febrero, la creación de un colegio de estudios preparatorios con el nombre de Nuestra Señora de las Mercedes, a la que debía reconocerse como patrona y protectora; y de una Universidad, llamada de San Juan Bautista, de la que sería rector Santiago Derqui. Estas dos iniciativas no llegaron a concretarse por carecerse de los medios necesarios. Recién en 1842 se abrió un aula de latinidad, y en 1850 el Colegio Argentino, que comenzó a funcionar en 1853, durante el gobierno del general Benjamín Virasoro. El director de este Colegio, Eulogio Cabral, al año siguiente fue reemplazado por el canónigo José María Rolón.
En 1855 se aprobó el plan de estudios, que comprendía lectura, escritura, aritmética, doctrina cristiana y gramática castellana para los cursos elementales anexos; en tanto que en los cursos superiores se enseñaba gramática latina, filosofía (lógica y metafísica), geografía, teneduría de libros y dibujo. En 1856 renunció Rolón, por haber sido trasladado el Colegio al Convento de San Francisco, y el 2 de febrero de 1857 fue nombrado Miguel Antonio Ruiz. Debe mencionarse también la destacada actuación del maestro José Eusebio Gómez, que adoptó el sistema lancasteriano y publicó varias obras didácticas. En 1860 el Colegio fue nacionalizado con el nombre de Instituto Argentino y la dirección de Felipe J. Cabral, que perduró hasta 1865 en que se inició la Guerra con el Paraguay, hecho que obligó a la suspensión de las clases. Dos años antes, el Instituto había absorbido a la Escuela Normal y se había instalado en el antiguo convento de Santo Domingo, con la dirección del polígrafo gibraltarino Antonio Zinny, que había llegado a Buenos Aires en 1842, donde se dedicó a la enseñanza y también se desempeñó como traductor, aunque su mayor contribución fue su obra de carácter bibliográfico. El 3 de mayo de 1869 fue fundado el Colegio Nacional de Corrientes, cuyo primer rector y director de estudios fue Patricio Fitz Simón, de origen irlandés, hasta 1871, en que le sucedió su hijo Santiago, que permaneció en el cargo durante dos décadas.
El Colegio San Miguel
Por ley del 19 de mayo de 1854, a solicitud del educador francés Edmundo Buessard, la Legislatura de Tucumán acordó una partida para fundación del Colegio San Miguel en la ciudad capital de la Provincia. En el mensaje del gobernador José Posse a la Legislatura, reconocía “la utilidad de patrocinar el pensamiento de establecer una casa de educación de nuestra provincia, donde no ha existido desde muchos años una escuela de primeras letras que pueda merecer el nombre de tal”4.
El Colegio comenzó a funcionar de inmediato en el edificio del antiguo convento de la orden mercedaria, con la dirección de Buessard y de José María Rojas, educador chileno. Más tarde se alejó el primero y quedó Rojas, que incorporó a Jorge Boden, alemán. Esta primera etapa del Colegio se extendió hasta 1857. En octubre de ese año se hicieron cargo del mismo los profesores Filiberto Pellisot y Juan Eugenio Labougle, de origen francés —llegados al país en 1852—, aunque a los tres meses concluyeron su labor y se dirigieron a Buenos Aires. El 19 de abril del año siguiente el Colegio reabrió sus puertas con la dirección de otro educador francés que habría de adquirir merecida fama entre nosotros con el curso de los años, Amadeo Jacques. Nacido en París y graduado en el Liceo de Borbón y en la Escuela Normal Superior, había emigrado a nuestro país en 1850, durante la dictadura bonapartista.
En el Colegio se cursaban la enseñanza primaria, con la conducción de José E. Acha, y los estudios preparatorios bajo la inmediata supervisión de Jacques. Estos últimos comprendían la doctrina cristiana e historia santa, aritmética y teneduría de libros, gramática y ortografía castellana, idioma francés, historia del descubrimiento y de la conquista de América y del establecimiento de los principales estados de Sudamérica y geografía del país. Entre los profesores se destacaron, además de Jacques, Alfredo Cosson, que enseñó historia y geografía y Aimable Baudry, latín y literatura.
Jacques concibió un ambicioso plan de realizaciones que comprendía la instalación de un museo, laboratorios de física y química, estación meteorológica, biblioteca pública, granja modelo, escuela de minería y jardín botánico; de los cuales sólo pudo concretar el laboratorio de física y la biblioteca, con una donación de libros efectuada por el futuro vice-presidente de la República, Marcos Paz. “No aspiramos a formar sabios —sostenía Jacques— pero sí hombres útiles y prácticos que sepan, en cualquier circunstancia que les tenga reservado el porvenir, evitar la pobreza, recurriendo al arte, para aprovechar la riqueza natural de su suelo natal” 5.
En 1859 egresaron los primeros bachilleres, que habían comenzado con Buessard en 1854. Jacques renunció el 1º de setiembre de 1862, para trasladarse a Buenos Aires, donde se hizo cargo de la dirección de estudios del Colegio Nacional. Según su opinión, para esa época el Colegio su Miguel había decaído en su funcionamiento, debido a la indiferencia del pueblo con respecto a la educación, “y a su espíritu exclusivamente mercantil”. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio del sabio alemán Germán Burmeister, radicado por entonces en Tucumán, el Colegio era “superior a un gimnasio alemán de primera clase, en cuanto a las ciencias físicas, cosmografía, geografía, física y en matemática” y “en nada inferior a aquél en latín y en francés” 6.
A la salida de Jacques, el gobierno de la Provincia ofreció la dirección del Colegio a los jesuitas de Córdoba, pero la propuesta no tuvo éxito. El Colegio desapareció definitivamente en 1864, con la creación del Colegio Nacional, según el modelo del de Buenos Aires. El 1º de marzo de 1865 tuvo lugar la inauguración oficial del nuevo establecimiento, que en su primera etapa fue conducido por Benjamín Villafañe, quien renunció en 1870 por haber sido electo senador.
Los Colegios San José y del Salvador
El 19 de marzo de 1858, el padre Diego Barbé, que encabezaba una misión de los sacerdotes de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús de Betharram, creada en Francia por San Miguel Garicoits, fundó en la ciudad de Buenos Aires el Colegio San José. El nuevo establecimiento ocupó primero una casa frente a la iglesia de Nuestra Señora de Balvanera y a los pocos meses se instaló en un terreno contiguo a la iglesia y luego se fue extendiendo hasta abarcar toda la manzana comprendida por las actuales calles Bartolomé Mitre, Azcuénaga, Perón y Larrea. En el acto de fundación acompañaron al padre Barbé, el padre Juan Magendie y el hermano Joannés Arostegui. Los fundadores contaron con el entusiasta apoyo del párroco de Balvanera, padre Angel Brid.
A fines de 1861, el general Mitre visitó el Colegio, donde conversó largamente con el padre Barbé, quien le sugirió ideas para la fundación del Colegio Nacional de Buenos Aires. En 1868 se fundó la Academia Literaria San José, con el lema “Ciencia y Virtud” y la dirección del padre Magendie quien, al año siguiente, sucedió en la conducción del Colegio al padre Barbé, que falleció. El padre Magendie estuvo al frente del Colegio durante 33 años. En el lapso de su gestión, en 1880, el Colegio se incorporó al Colegio Nacional de Buenos Aires, con lo cual fue el primer establecimiento de nivel secundario incorporado a la enseñanza oficial.
El tercer rector fue el padre Juan B. Tournedou, que ejerció sus funciones desde fines del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Fue entonces cuando el Colegio alcanzó su mayor prestigio en cuanto a la formación cristiana de sus alumnos, la disciplina, la preocupación pedagógica y la organización de la docencia.
Entre sus ex-alumnos, constituidos en sociedad desde 1893, se cuentan notorias personalidades como Hipólito Yrigoyen, Benito Villanueva, Luis María Drago, Ernesto Quesada, Osvaldo Magnasco, el cardenal Santiago Copello y el arzobispo Juan Nepomuceno Terrero.
En cuanto al Colegio del Salvador, fue establecido por los sacerdotes de la Compañía de Jesús el 1º de mayo de 1868, luego de su nuevo regreso al país, ocurrido en 1857, por iniciativa del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Mariano José de Escalada. Entonces se hicieron cargo del antiguo seminario Regina Martyrum; en tanto que la iglesia de San Ignacio continuó en manos del clero secular, y el Colegio, reorganizado en 1863, bajo dependencia, primero del Gobierno nacional y luego de la Universidad. En ese entonces, la comunidad jesuita contaba con ocho sacerdotes, tres estudiantes y siete hermanos coadjutores. En el primer curso se inscribieron 50 alumnos y al año siguiente ya eran 130. Como rector del Colegio fue designado el padre Juan Coris, que había sido profesor del Colegio de Buenos Aires en la época de Rosas. Como prefecto de estudios y de disciplina se desempeñó el padre Luciano Puigdollers.
En 1875, con motivo de un intento de devolución de la iglesia de San Ignacio a los religiosos, por el nuevo arzobispo de Buenos Aires, monseñor Federico Aneiros —que había sido su alumno—, el Colegio del Salvador, ya en su nuevo emplazamiento sobre la avenida Callao, fue atacado e incendiado por una turba incitada por la masonería 7. En 1879, se fundó en el Colegio la Academia Literaria del Plata, para el fomento de las actividades culturales, con la dirección del padre Vicente Gambón. Como miembros honorarios fueron nombrados: José Manuel Estrada, Pedro Goyena, Félix Frías, Manuel D. Pizarro y Carlos Guido Spano. El primer presidente fue Santiago Klappenbach. En 1911, la Academia comenzó a publicar la revista Estudios, de larga y fructífera trayectoria en la historia de la cultura argentina.
El Colegio Nacional de Buenos Aires
Por la misma época en que Juan Domingo Vico fue designado delegado del gobierno nacional para inspeccionar el Colegio del Uruguay, Eusebio Bedoya lo fue para visitar el Colegio de Monserrat en Córdoba. De acuerdo con el informe de Vico, el Colegio del Uruguay no cumplía cabalmente con su cometido, porque no se obligaba a los alumnos a cursar un determinado número de materias por año. En cuanto al informe de Bedoya, era todavía más lapidario, porque sostenía que en el Colegio de Monserrat no se daba ninguna enseñanza y estaba convertido en una mera casa de huéspedes en la que se alojaban los estudiantes que concurrían a la Universidad.
En posesión de estos informes, Mitre, por entonces presidente de la Nación, decidió por decreto del 14 de marzo de 1863, la creación del Colegio Nacional de Buenos Aires, sobre la base del Colegio Seminario y de Ciencias Morales, cuyo modelo pensaba reeditar en el interior del país. Dicho instituto sería “una casa de educación científica preparatoria, en la que se cursarán las Letras y las Humanidades, las Ciencias Morales y las Ciencias Físicas y Exactas”. Por consiguiente el plan de estudios comprendió, en el área de las letras y humanidades: castellano literatura, preceptiva, historia de la literatura, latín, francés, inglés y alemán; en el área de las ciencias morales: filosofía, historia y geografía; y en el área de las ciencias exactas: matemática, física, química y cosmografía. El curso duraba cinco años y los certificados de estudios eran válidos para el ingreso en las universidades de la República. AI Colegio concurrían alumnos internos y externos y se otorgaron cuarenta becas para alumnos de las provincias. En sus aulas se siguió formando el clero porteño hasta que, el 15 de febrero de 1865, se creó el Seminario Conciliar de Buenos Aires, con dependencia del Arzobispado, que se erigió ese mismo año.
El nuevo Colegio se puso bajo el rectorado del padre Eusebio Agüero —exiliado durante la época de Rosas—, en tanto que la dirección de estudios se confió al francés Amadeo Jacques. La Memoria de 1865 es considerada el testamento pedagógico de este prestigioso maestro. En ella se pronuncia por un plan de enseñanza integral, a la vez clásico y científico. En opinión de Mantovani: “La Memoria es un documento argentino. Pertenece a nuestros mejores antecedentes nacionales. Escrita por un francés llegado doce años antes al país, está impregnada de materia y meditación nacionales. No disimula la honda inspiración francesa que alienta en su espíritu, pero sus reflexiones y proposiciones, en cuanto aluden a circunstancias del país, están envueltas y conformadas por presiones y urgencias de la vida argentina” Los primeros años de existencia del Colegio (1863-68) están descriptos con gracejo por uno de sus distinguidos ex-alumnos, Miguel Cañé, en su libro Juvenilia, publicado en 1882.
En 1870 se aplicó un nuevo plan de estudios cuyo objeto era no sólo “servir para los jóvenes que se dedican a seguir una profesión universitaria, sino para todos los que quieran ilustrarse, constituyendo y combinando un conjunto de enseñanzas que los preparen para todas las carreras activas de la vida social”. Este plan abarcaba seis años de estudios y comprendía las siguientes asignaturas: castellano, francés, inglés, alemán, latín, aritmética, álgebra, geometría práctica razonada analítica y descriptiva, contabilidad, trigonometría, agrimensura, ejercicios literarios, literatura, historia, revista de la historia, geografía, física, química, historia natural, instrucción cívica, dibujo lineal y natural y música En los años subsiguientes se encararon nuevas reformas del plan de estudios con un criterio siempre renovador que apuntaba a considerar la enseñanza media no meramente preparatoria de estudios profesionales.
Al padre Agüero, fallecido en 1864, le sucedieron en la dirección del Colegio, hasta comienzos del siglo XX: Alfredo Cosson, José Manuel Estrada, Amancio Alcorta, Adolfo F. Orma, Valentín Valbín, Juan P. Aguirre, Manuel B. Bahía y Enrique de Vedia. Durante el rectorado de este último (1902-1911), se inició la construcción del actual edificio del Colegio y se crearon cuatro secciones anexas en la Capital Federal.
La Inspección de Colegios Nacionales
Como ya hemos dicho, según el modelo de este Colegio se fundaron otros semejantes en el interior del país, dependientes de Buenos Aires, con lo que se inició la centralización de la enseñanza secundaria y del sistema educativo en el país, en pugna con el federalismo consagrado en la Constitución Nacional. A fines de 1864, por decreto del 9 de diciembre, se crearon los colegios nacionales de Catamarca, Tucumán, Mendoza, San Juan y Salta, estableciéndose que sus cursos, de una duración de cinco años, se ajustarían al plan de estudios en vigor en el Colegio Nacional de Buenos Aires y lo mismo en cuanto al reglamento interno.
Los Colegios fueron instalados por delegados del gobierno nacional y como culminación del proceso se creó, en 1865, la Inspección de Colegios Nacionales, nombrándose el 1º de febrero de ese año, como primer titular, al educador español José María Torres, que había sido vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Con posterioridad, en 1869, durante la presidencia de Sarmiento, se crearon nuevos colegios nacionales en San Luis, Santiago del Estero, Corrientes y La Rioja. En Jujuy funcionaba una Casa Nacional de Estudios con el plan de los colegios nacionales. Al llegar a 1876 había 14 colegios nacionales en todo el país, con 5.195 alumnos, lo cual hacía prever un futuro promisorio en el desarrollo de estos establecimientos; sin embargo, para 1887, la cantidad de alumnos matriculados había bajado a 2.407.
El proyecto de plan de instrucción general y universitaria
Al mismo tiempo de la creación de la Inspección de Colegios Nacionales, por decreto del 3 de marzo de 1865, se designó una comisión para elaborar un proyecto de plan de instrucción general y universitaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67º, inciso 16º de la Constitución Nacional, integrada por Juan María Gutiérrez, Juan Thompson, José Benjamín Gorostiaga, Amadeo Jacques y Alberto Larroque. La comisión se pronunció el 6 de noviembre siguiente por un bachillerato de seis años, cuyo objeto sería preparar un ciudadano sólidamente instruido y a la vez capacitado para los estudios universitarios, que se dividían “en cuatro ramas principales o Facultades”: de leyes y ciencias políticas, de medicina y cirugía, de ciencias exactas y de filosofía y humanidades. Para ese momento, Thompson había renunciado y Jacques había muerto.
El informe presentado por la comisión incluye un proyecto de ley de 45 artículos y 2 disposiciones transitorias, que comprenden 5 títulos, con los siguientes tópicos: I. Del objeto general de la enseñanza universitaria. II. De la enseñanza preparatoria en los colegios. III. De las escuelas profesionales. IV. De la enseñanza superior. V. De la administración y dirección superior de la enseñanza universitaria. El proyecto iba acompañado de diez anexos referidos a los siguientes aspectos: I. Programa y reglamento de estudios para los colegios nacionales. II. Reglamento para los exámenes en los colegios nacionales. III. Reglamento para las bibliotecas, colecciones y depósitos de los colegios nacionales. III bis. Lista de los libros e instrumentos de enseñanza inmediatamente necesarios para el primero y segundo año de estudios preparatorios en los colegios nacionales. IV. Reglamento del certamen de oposición para obtener las becas de alumnos-maestros en el Colegio Nacional de Buenos Aires. V. Programa y reglamento de estudios en la Facultad de Leyes. VI. Programa y reglamento de estudios en la Facultad de Medicina. VII. Programa y reglamento de estudios en la Facultad de Ciencias Exactas. VIII. Programa y reglamento de estudios en la Facultad de Filosofía y Humanidades. IX. Reglamento del certamen de oposición para obtener las cátedras vacantes en las facultades. Como iniciativa novedosa, el proyecto autorizaba al gobierno nacional “a proteger el desarrollo de ciertas industrias especiales por medio de la creación de escuelas profesionales”, que podrían ser de minería, agricultura o comercio.
La Escuela Normal de Preceptores
El 16 de abril de 1855 se fundó en Buenos Aires una Escuela Normal dirigida por Grermán Frers, que fue sostenida por la Sociedad de Beneficencia. A Frers le sucedió en la dirección de la Escuela la maestra norteamericana Inés A. Tregent. La Escuela subsistió hasta 1876, año en que la Sociedad de Beneficencia dejó la atención de las escuelas para niñas en la ciudad y en la Provincia de Buenos Aires. Paralelamente a la existencia de esta Escuela, también durante la presidencia de Mitre, por iniciativa del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Mariano Saavedra, se creó en la ciudad de Buenos Aires, el 20 de junio de 1865, la Escuela Normal de preceptores de instrucción primaria, elemental y superior, nombrándose director al veterano educador Marcos Sastre y vicedirector a Enrique M. de Santa Olalla, de origen español y vasta actuación posterior entre nosotros. Los estudios se cursaban en dos años, al cabo de los cuales se obtenía el título de profesor de enseñanza primaria. En los seis años de existencia de este instituto educativo sólo se recibieron siete preceptores.
La Sociedad Damas de Caridad de San Vicente de Paul
Una de las instituciones de carácter religioso, de mayor repercusión en la época, fue la Sociedad Damas de Caridad de San Vicente de Paul, fundada en 1866, que incluyó entre sus actividades el fomento de la educación, para lo cual contaba con hogares maternales, asilos de huérfanos y escuelas para niños pobres de ambos sexos. El 2 de julio de 1874 se inauguró en Buenos Aires el primer hogar maternal, que luego se llamó Instituto Constanza Ramos Mejía de Bunge, en homenaje a una de las fundadoras.
De acuerdo con los registros que se conservan, en 1916 la Sociedad contaba una inscripción de 3.470 alumnos que seguían la escuela primaria, de 1º a 4º grado, según los programas del Consejo Nacional de Educación y tenían cursos complementarios de costura y bordado para niñas.
La Escuela Normal de Paraná
A Mitre le sucedió en la presidencia de la Nación Sarmiento quien, como vimos, durante su gestión como director del Departamento de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, había demostrado una gran inquietud por el desarrollo de la educación primaria. Ya como presidente. Sarmiento propició la fundación de la Escuela Normal de Paraná, que también habría de convertirse en el modelo para la creación de establecimientos semejantes en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias. Durante su permanencia en los Estados Unidos como embajador de la República Argentina, Sarmiento había observado el funcionamiento de las escuelas normales, establecidas desde 1839 por iniciativa de Carlos Brooks, de acuerdo con el modelo prusiano, difundido luego por Horacio Mann.
La expansión de la enseñanza primaria, necesaria para combatir el analfabetismo, que entonces era del 71% de la población, requería la existencia de numerosos maestros, por lo cual era imprescindible la creación de institutos especializados para formarlos. De ahí que Sarmiento solicitó al Congreso Nacional la sanción de una ley que autorizaba la creación de dos escuelas normales, lo que recién obtuvo a fines de 1869. Consecuentemente, por decreto del 13 de junio de 1870, dispuso la fundación de una Escuela Normal en Paraná, con un curso de cuatro años para la formación de maestros, competentes para las escuelas comunes y otro llamado de aplicación, de enseñanza elemental, de seis años, para la realización de las clases prácticas de los futuros educadores. Estableció, además, que la Escuela Normal sería instalada en el edificio que había sido la Casa de Gobierno de la Confederación Argentina.
Debido a las luchas fratricidas que por entonces ensangrentaban a la Provincia de Entre Ríos, que se habían iniciado con la trágica muerte de Urquiza, el 11 de abril de ese año, las clases se iniciaron recién el 16 de agosto de 1871 con la dirección del profesor norteamericano Jorge Alberto Stearns —egresado de la Universidad de Harvard—, a quien se sumaron otros educadores de la misma nacionalidad, traídos especialmente por Sarmiento. Como todos eran de religión protestante, este hecho provocó la reacción de quienes, una vez más, veían avasallada la tradición católica argentina. No obstante, los recién llegados lograron una rápida asimilación al medio, de fecunda eficiencia. En un principio no se incluyó en el currículo la enseñanza religiosa; recién a partir de 1874 se autorizó a impartirla los días sábados, fuera del horario escolar, a solicitud expresa de los padres de los alumnos, aunque desde 1887 no se dictó más.
El plan de estudios de la Escuela Normal se inspiró en la pedagogía positivista de la época, como se refleja en los informes y memorias anuales suscriptos por el director Stearns. Así, por ejemplo, según la opinión de Maximio Sabá Victoria —egresado y futuro director de la Escuela— Stearns, “como medio de poner en comunicación la escuela con el pueblo y de educar a los jóvenes en las prácticas democráticas y en el ejercicio de la palabra hablada y escrita, aboga por la fundación de un ‘Ateneo’, de la conveniencia de instalar gabinetes, biblioteca y aula de lectura y la necesidad de estimular la producción de libros didácticos o de traducirlos, para guía de los alumnos. Describe lo que es y debe ser una escuela de aplicación, con su triple carácter de experimental, modelo y de aplicación pedagógica para los alumnos maestros”9.
En un principio, el curso normal estuvo destinado con exclusividad a alumnos varones, pero desde 1876, a propuesta del director, se admitieron mujeres. En 1877 se aplicó un nuevo plan de estudios, aunque se mantuvo la duración del curso normal en cuatro años. Tres años después el establecimiento fue reconocido como Escuela Normal de Profesores, por lo cual se extendió a cinco años la duración de los estudios. Varios años después, en 1884, se incorporó a la Escuela el kindergarten (jardín de infantes), con la dirección de la maestra estadounidense Sara Emily Chamberlain de Eccleston, egresada de la Escuela Normal de Filadelfia quien, en 1893 creó la Unión Froebeliana Argentina y en 1897 inició en Buenos Aires el primer profesorado para maestras jardineras, que perduró hasta 1905, año en que fue transformado en la Escuela Normal de Maestras Nº 3.
De acuerdo con lo establecido en el decreto de creación de la Escuela Normal, serían admitidos gratuitamente en calidad de alumnos maestros, los aspirantes que tuvieran más de 16 años de edad, buena salud, intachable moralidad y una instrucción que les permitiera emprender los estudios del curso normal. Para acreditar estas condiciones debían rendir un examen sobre lectura, escritura, ortografía, aritmética y geografía. La enseñanza era gratuita, pero se distribuyeron 70 becas para el pago de la pensión, por cuanto no existía el régimen de internado. Cada provincia podía becar alumnos en un número igual al de los diputados que tuviese en el Congreso. De acuerdo con la duración de los estudios establecida en el plan inicial, los primeros egresados en 1874 fueron Félix F. Avellaneda y Delfín Jijena. El primero ejerció de inmediato la docencia en Catamarca, y el segundo enseñó en la misma Escuela Normal de Paraná hasta que fue nombrado vicedirector de la de Tucumán.
A Stearns, que regresó a su patria en 1876, le sucedió en la dirección de la Escuela, José María Torres, a quien se le debe la organización definitiva del establecimiento, que se había convertido, como dijimos, en Escuela Normal de Profesores. Torres introdujo la filosofía pestalozziana, que expuso en los tres tomos de su Curso de Pedagogía. En 1887 publicó un libro titulado Primeros elementos de educación, que es un verdadero tratado de pedagogía. En dicha obra se ocupa de la importancia de esta ciencia. Torres había nacido en Málaga, España, el 19 de abril de 1823. Después de cursar las primeras letras siguió los estudios preparatorios y en 1846 egresó como maestro de la Escuela Normal de Madrid y casi de inmediato fue designado vicedirector de la Escuela Normal de su ciudad natal. Luego fue llamado a Cádiz, donde organizó la primera escuela de ese tipo. A comienzos de 1864 llegó Torres a Montevideo, donde se le había ofrecido el cargo de director general de Escuelas, hecho que no llegó a concretarse, por lo cual pasó a Buenos Aires donde, como vimos, fue nombrado vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, cuyo rectorado estaba entonces a cargo de Amadeo Jacques, y luego inspector de Colegios Nacionales. En 1869, por decisión de Sarmiento, se convirtió en inspector general, lo que le obligó a visitar todos los establecimientos similares fundados hasta entonces en el interior del país. Torres permaneció en el cargo de director de la Escuela Normal de Paraná hasta 1883, en que retornó a la Inspección General de Colegios Nacionales por dos años más. Sintiéndose enfermo decidió entonces jubilarse. Cuando ya parecía que había agotado su trayectoria, volvió en 1893, por escaso tiempo, a hacerse cargo de la dirección de la Escuela Normal de Paraná. El 17 de setiembre de 1895 dejó de existir en la ciudad de Gualeguay, Provincia de Entre Ríos. Torres fue un precursor de la escuela activa difundida más tarde por Víctor Mercante y Rodolfo Senet. “El ejemplo y la práctica —sostenía— son más eficaces que el precepto y la teoría; el discípulo aprende mejor lo que él descubre por el esfuerzo de su inteligencia, que por lo que se dice”10.
Con posterioridad se desempeñaron en el cargo de director de la Escuela: Gustavo Ferrari, Alejandro Carbó, Leopoldo Herrera, Maximio Victoria. Y con ellos un excelente plantel de profesores, entre los cuales se destacaron: Antonio Lauría, Pedro Scalabrini, Carlos N. Vergara, Ernesto A. Bavio, Víctor Mercante, Angel Graffigna y Francisco Romay, que fueron los encargados de formar a decenas de normalistas, imbuidos de una verdadera pasión educadora. Como lo destaca el historiador Antonino Salvadores: “Esparcidos por toda la República, los normalistas de Paraná llevaron a todos los rincones conceptos de orden, de disciplina y de método”11.
En 1921 la Escuela Normal de Paraná fue anexada a la Facultad de Ciencias Educacionales de la Universidad Nacional de Litoral, de reciente fundación, y ocho años después se creó el Instituto de Pedagogía para realizar “investigaciones y experiencias de carácter pedagógico”. Como director fue nombrado Hugo Calzetti, que por entonces dirigía la Escuela Normal y era profesor de pedagogía. Calzetti sostuvo que era necesario “convertir la vieja escuela normal —baluarte del fenecido positivismo pedagógico de la pasada centuria— en una nueva Escuela de Pedagogía, órgano universitario que permita ir realizando las admirables conquistas de la técnica educativa de nuestra época”12. Calzetti fue luego profesor adjunto de ciencias de la educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y autor de unos Elementos de Pedagogía, en tres tomos, que fueron utilizados por varias generaciones de normalistas. Calzetti se destacó, asimismo, por su crítica a los liberales y a los marxistas.
En 1932 se creó en Paraná la Escuela Normal Superior, de efímera existencia, pues al año siguiente se transformó en el Instituto Nacional Superior del Profesorado que, con el curso de los años adquirió justa fama de establecimiento modelo.
Las Comisiones de Escuelas de Catamarca
El 2 de noviembre de 1871, la Sala de Representantes de la Provincia de Catamarca sancionó una ley en virtud de la cual se dividió a la provincia en quince distritos escolares y se dispuso que en cada uno de ellos se elegiría una Comisión de Escuelas, compuesta de tres vecinos como titulares y dos suplentes, cuya misión sería: “1º Administrar y distribuir el ‘Fondo Propio’ de escuelas correspondiente a cada distrito. 2º Establecer nuevas escuelas en los lugares del distrito que creyere conveniente, [...] 3º Nombrar y destituir los empleados de las escuelas. 4º Contratar nuevos edificios o mejorar los existentes, [...]. 5º Proponer los nuevos impuestos que creyere convenientes para el aumento del ‘Fondo propio’ en sus respectivos distritos”.
Sería también su deber “vigilar las escuelas y exigir el fiel cumplimiento de las disposiciones generales tomadas por la Inspección, dar a ésta todos los informes que solicitare con relación a la instrucción, propender a la formación de Bibliotecas Populares, [...]”.
Las Comisiones se renovarían cada año, pudiendo ser sus miembros reelegibles.
La Escuela Normal de Concepción del Uruguay
En el transcurso de una visita realizada a Concepción del Uruguay por el inspector de Colegios Nacionales José María Torres, acordó con Urquiza la creación de un curso de preceptores, con el anexo de una escuela de aplicación, que debía funcionar en el Colegio Nacional y la de una escuela normal para mujeres. En consecuencia, el 19 de julio de 1869, el presidente Sarmiento dictó un decreto de creación de la Escuela de Preceptores, que debía funcionar en el Colegio Nacional y estaría a cargo del rector y los profesores de éste. Por el mismo decreto se creaba una escuela primaria de aplicación, que comenzó sus actividades con 60 alumnos externos, que estuvieron a cargo del maestro Antonio Rodríguez. En cuanto a la Escuela Normal, recién el 7 de mayo de 1872 fue sancionada la ley de creación por la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos y la inauguración se llevó a cabo el 16 de marzo de 1873, con la presencia del gobernador de la Provincia, Leónidas Echagüe. En el acto hablaron el jefe del Departamento de Educación, Martín Ruiz Moreno y el rector del Colegio Nacional, Agustín Alió. Como directora del establecimiento se designó a Clementina Comte de Alió y como vicedirectora a Victoria Reingueissen, porque ambas, ajuicio de Ruiz Moreno: “reúnen condiciones de instrucción y moralidad que conviene exigir”13.
El reglamento general para el funcionamiento de la Escuela Normal —redactado por Ruiz Moreno—, estaba dividido en cinco capítulos. El primero se refería al plan de estudios y determinaba que la carrera duraría cuatro años. A partir del segundo año se cursaba pedagogía y en los dos últimos se realizaba práctica de la enseñanza. En primero y segundo año se enseñaba moral y religión. El segundo capítulo estaba dedicado a las alumnas. Para el ingreso se les exigía tener catorce años de edad buena salud, moralidad intachable certificada por el juez de paz, saber leer, escribir al dictado y las cuatro operaciones y tener un encargado residente en la ciudad. Las alumnas becadas debían comprometerse al ejercicio de la docencia en la provincia durante cuatro años después de recibidas. El capítulo tercero contemplaba las obligaciones del personal el cuarto hacía alusión a los exámenes y el quinto contenía disposiciones generales. De acuerdo con lo establecido en el reglamento general, debía dictarse otro reglamento interno, que fue elaborado por la directora. En 1876 la Escuela Normal de Concepción del Uruguay fue nacionalizada y, al año siguiente, egresaron las primeras maestras.
Con la nacionalización, la Escuela se organizó, según lo dispuesto por el decreto del presidente Avellaneda del 3 de marzo de 1876, con un curso normal de tres años “para niñas aspirantes al profesorado de las escuelas primarias, y una escuela graduada de dos años para la enseñanza primaria de niños de ambos sexos y para la práctica de las alumnas maestras en dicha enseñanza”. Ese mismo año se incorporaron a la planta funcional los primeros docentes varones: Juan Czetz —que sería luego el organizador y primer director del Colegio Militar de la Nación—, Agustín Alió, Lorenzo Presas y José María Hidalgo.
Intento de diversificación de la enseñanza media
Por la misma época, como lo señala el historiador Néstor Tomás Auza, se llevó a cabo un intento de diversificar la enseñanza secundaria 14, mediante la creación de dos escuelas de minería ubicadas en San Juan y Catamarca y tres escuelas agronómicas, en Salta, Tucumán y Mendoza, que tomaron como modelo los Colegios de Agricultura de los Estados Unidos de América y tuvieron el carácter de anexos de los Colegios Nacionales de esas ciudades. Las Escuelas de San Juan y Catamarca comenzaron a funcionar en 1870 y las de Salta y Tucumán al año siguiente, con una inscripción superior a los 20 alumnos.
Debido a que no existía un plan de estudios oficial, las Escuelas Agronómicas de Tucumán y Salta tuvieron planes propios, proyectados por sus directores. La enseñanza fue teórico-práctica. Los estudiantes transcurrían su tiempo, alternativamente, en las aulas, los laboratorios y el trabajo de campo. Los gobiernos provinciales contribuyeron con la donación de tierras para el establecimiento de granjas modelo, donde los alumnos realizaban sus actividades prácticas. Cada establecimiento debía constituir una Comisión de Vecinos para el control de la educación y de la venta de los productos de la granja. Sin embargo, estas escuelas no prosperaron y en 1876 fueron suprimidas por el Congreso Nacional y sus bienes entregados a los gobiernos provinciales. En esta decisión gravitaron factores de diversa índole, entre los que sobresale la crisis económico-financiera que afectó al país por entonces.
En cuanto a la Escuela Agronómica de Mendoza, cuyo origen y trayectoria ha estudiado con prolijidad el investigador Juan Carlos Arias Divito, abrió sus puertas en 1874 y tuvo características semejantes a las anteriores; en 1887 pasó a jurisdicción del gobierno de la Provincia y en 1898 se convirtió en la Escuela Nacional de Vitivinicultura. En la primera época se sucedieron tres directores: Francisco Roca Sanz, Manuel Vázquez de la Morena y Aaron Pavlovsky. Según Arias Divito, Vázquez de la Morena —de origen español— “deberá ser incorporado a la galería de nuestros grandes educadores de fines del siglo XIX”15.
El Colegio Militar de la Nación y la Escuela Naval Militar
En 1861 el coronel Manuel A. Pueyrredón proyectó la creación de una Escuela Militar, que no tuvo éxito. Varios años después, por ley nacional del 11 de octubre de 1869, auspiciada por el presidente Sarmiento, se creó el Colegio Militar de la Nación, que quedó instalado el 19 de julio del año siguiente, en la antigua residencia de Rosas, en Palermo, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, con la dirección del coronel Juan Czetz. Nacido en Hungría en 1822 y casado en España en 1859 con una sobrina de Rosas, Czetz pasó luego a Buenos Aires donde revalidó su título de agrimensor en 1861 y fue nombrado jefe de la sección ingenieros del Ejército. En 1865 fue ascendido a coronel y desde junio de 1870 se hizo cargo de la organización del Colegio Militar. También participó en la guerra contra el indio en la frontera sur
El plan de estudios de este Colegio comprendía cinco años, en los cuales se estudiaba: artillería-fortificaciones y topografía, matemática-cosmografía, física y química, historia nacional y general, geografía, idiomas francés e inglés, caligrafía y gramática, telegrafía, dibujo lineal y topográfico, esgrima de florete y gimnasia. En 1892 el Colegio se trasladó a la ciudad de San Martín, en la Provincia de Buenos Aires, aledaña a la Capital Federal, donde hoy se encuentra el Liceo Militar General San Martín, y en 1937 a su actual emplazamiento, con amplias instalaciones, en la localidad de El Palomar, también en las proximidades de la ciudad de Buenos Aires.
Asimism0, durante la presidencia de Sarmiento, por ley nacional del 5 de octubre de 1872, se creó la Escuela Naval Militar que, inicialmente, se llamó Escuela de Náutica y funcionó a bordo del vapor General Brown, con la dirección del sargento mayor Clodomiro Urtubey, nombrado a la vez comandante del buque, quien había propuesto su creación el año anterior En 1877 el establecimiento tomó la denominación de Escuela Naval Teórico-práctica y fue dirigida por el teniente coronel Martín Guerrico, quien extendió la duración de los estudios a cinco años. Para asiento de la Escuela se destinó la corbeta Uruguay. A partir de 1892 se la llamó Escuela Naval y al año siguiente fue trasladada a la residencia de Rosas, en Palermo, que había sido desocupada por el Colegio Militar; en 1899, se instaló en el barrio de Caballito de la ciudad de Buenos Aires, frente al antiguo parque Lezica —hoy Rivadavia—; y, finalmente, en 1909, se estableció en su actual emplazamiento en Río Santiago, en las proximidades de la ciudad de La Plata, donde estuvo, primero en el edificio que hoy ocupa el Liceo Naval Militar Almirante Brown, y desde 1942 en las nuevas instalaciones.
Como buque de aplicación, destinado a la práctica de los alumnos del último curso, se hizo construir en Gran Bretaña la fragata escuela Presidente Sarmiento, que realizó su primer viaje alrededor del mundo en 1899. En 1938 se agregó otro buque-escuela, el crucero La Argentina.
La Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta
Dos años después de la instalación de la Escuela Normal de Paraná, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Mariano Acosta, propuso la fundación en la capital de la Provincia, de dos escuelas similares a aquélla, una de varones y otra de mujeres. Los acontecimientos políticos de la época demoraron la sanción de la ley pertinente, hasta fines de 1873, y recién el 16 de junio siguiente se expidió el decreto por el cual se creaba la Escuela Normal de Varones “con el objeto de formar maestros competentes para las escuelas comunes”, nombrándose director a Adolfo van Gelderen, educador holandés de vasta trayectoria, llegado al país en 1856, que había dictado clases en el Colegio San Miguel de Tucumán y sido rector del Colegio Nacional de Paraná. Por otro decreto semejante, se dio existencia a la Escuela Normal de Mujeres, con la dirección de Emma Nicolay de Caprile.
El plan de estudios, aprobado pocos meses más tarde, establecía un curso normal de cuatro años, al cabo de los cuales se obtenían inicialmente los títulos de preceptor infantil, elemental o superior. Los alumnos debían aprobar pedagogía, metodología y práctica de la enseñanza, moral religiosa, francés, inglés, alemán, gimnasia y música. Se enseñaba, además, trigonometría y contabilidad general y agronomía. También se contemplaba la existencia de una escuela de aplicación, que comprendía ocho grados. En ambos casos, el año escolar se dividía en tres términos lectivos que concluían con un examen final. La inscripción en el curso normal debía hacerse con 14 años de edad cumplidos. Además, debía acreditarse buena salud, moral y buena conducta y rendir un examen de ingreso. Los alumnos del curso normal recibían una subvención mensual y libros y útiles gratuitos. En el curso de aplicación se exigían 6 años de edad cumplidos, certificado de vacunación antivariólica y no padecer enfermedad contagiosa.
La Escuela abrió sus puertas el 9 de julio de 1874, con 109 alumnos, de los cuales 27 eran del curso normal y 82 del de aplicación. En 1881, con motivo de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, la Escuela pasó a jurisdicción nacional y se otorgaron los títulos de maestro y profesor normal. Ese mismo año, el presidente Julio A. Roca aprobó un nuevo plan de estudios para la Escuela, proyectado por Van Gelderen, que comprendía cuatro años de enseñanza para el curso del magisterio y uno más para obtener el título de profesor normal. Pocos años después, en 1887, se aumentó a dos años el curso del profesorado; y en 1915 a tres, con opción en ciencias y letras. Sus egresados debían desempeñarse en los cursos del magisterio de las escuelas normales pero, como lo subraya el historiador de la Escuela, José Carlos Astolfi: “Los egresados de los profesorados en ciencias y letras [...] demostraron su aptitud no sólo en las escuelas normales, para las que habían sido creados, sino en otros numerosos establecimientos de enseñanza media y especial, donde fueron también admitidos; inclusive llegaron, sin otro título, al profesorado universitario. También se distinguieron en altos cargos del Ministerio de Educación”16.
Al primer director y organizador, le siguieron en el cargo talentosos educadores, como Honorio Leguizamón, Victoriano E. Montes, Clemente Fregeiro, Pablo A. Pizzurno, Alejandro Bergalli, Alfredo C. Villalba, Juan L. González Zimmermann y Pedro L. Comi. No menos memorable es el cuerpo de profesores y maestros que se desempeñó en el establecimiento durante las primeras décadas. En 1924, al cumplirse el cincuentenario de su creación, por un decreto del presidente Marcelo T. de Alvear, se dio a la Escuela el nombre de Mariano Acosta, en homenaje a su fundador
La ley de educación común de la Provincia de Buenos Aires
Nicolás Avellaneda siguió a Sarmiento en el desempeño de la primera magistratura del país, y en el transcurso de su mandato se sancionó, en 1875, en la Provincia de Buenos Aires, la ley 988 de enseñanza primaria, durante el gobierno de Carlos Casares, de acuerdo con un proyecto presentado en 1872 por el jefe del Departamento de Escuelas, Antonio E. Malaver. Entre los antecedentes de esta ley, deben mencionarse la ley de educación primaria de Corrientes, promulgada por el gobernador Juan Pujol en 1853, ya mencionada, y la ley de educación común de Catamarca de 1871, proyectada por Lindor B. Sotomayor que, aunque de origen riojano, se desempeñaba como profesor del Colegio Nacional de la capital de esa provincia.
En la ley 988 se estableció que la educación común debía ser gratuita y obligatoria. La obligación sería de ocho años para los varones y de seis para las mujeres. El varón de 14 años y la mujer de 12 podrían ser retirados de la escuela. La instrucción primaria podría ser recibida en las escuelas comunes, en establecimientos particulares o en la casa de los padres, tutores o personas en cuyo poder se encontraran los niños. En el art. 2º se dispuso que: “Los padres están obligados a dar a sus hijos un mínimum de instrucción (que se compondrá de los conocimientos generales sobre religión, idioma nacional, lectura, escritura, cálculo, geografía, historia nacional, ciencias naturales, gimnasia, canto y dibujo [...] considerando la necesidad esencial de formar el carácter de los hombres por la enseñanza de la religión y de las instituciones republicanas”.
Para asegurar el gobierno de la educación, la ley dividió a la Provincia en distritos escolares, cada uno a cargo de un Consejo Escolar compuesto de cinco miembros electos por los vecinos, que tenían por objeto visitar las escuelas del distrito, nombrar y contratar los maestros y vigilar su conducta, cuidar que se practicaran los sistemas de enseñanza y se cumplieran los reglamentos y establecer nuevas escuelas donde fuese necesario.
En la ley se establecía expresamente que la Provincia se acogía a los beneficios de la ley nacional 8.608, de 1871, que reglamentaba las subvenciones para el fomento de la educación primaria en las provincias.
Esta ley provincial de educación común fue precursora de la ley nacional 1.420, sancionada en 1884. Integraban la Legislatura provincial que la votó, entre otros, José Manuel Estrada, Miguel Cané, Rafael Hernández, Marcos Paz, Miguel Navarro Viola, Emilio Bunge, Alfredo Lahitte, Manuel Obarrio y Luis Sáenz Peña.
La ley sobre colegios particulares
En 1878, de acuerdo con un proyecto presentado por el senador Jerónimo Cortés, se sancionó la ley nacional 934, impropiamente llamada “de libertad de enseñanza”. En la fundamentación de su proyecto. Cortés sostuvo que en la práctica, la libertad de enseñanza era “el monopolio más desvergonzado, cimentado en los privilegios más absurdos y que contrasta horriblemente con los más bellos principios consignados en la Constitución”. Y en el curso del debate, el diputado Juan Garro, miembro formante de la comisión, declaró: “Para que la libertad de enseñanza consagrada en el artículo 14º de la Constitución sea práctica y dé resultados satisfactorios es necesario, a juicio de la comisión de legislación, que los establecimientos particulares de enseñanza sean colocados en el mismo pie de igualdad, en lo posible, con los sostenidos por la Nación”.
En dicha ley se estableció que los alumnos de los colegios particulares tendrían derecho de presentarse a examen parcial o general de las materias que comprendía la enseñanza secundaria de los colegios nacionales ante cualquiera de ellos, con tal de que acreditaran haber seguido cursos regulares y siempre que los colegios particulares llenaran las siguientes condiciones: 1. Que pasaran anualmente al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública una nómina de alumnos matriculados en cada uno de los cursos y el programa de los mismos. 2. Que el plan de estudios comprendiera las mismas materias que el de los institutos nacionales. 3. Que sus directores suministraran los informes que les fueren pedidos, relativos al estado de los estudios y a la marcha del establecimiento.
También se dispuso que toda persona tendría derecho de presentarse a examen ante cualquier establecimiento nacional de enseñanza secundaria, debiendo sujetarse en todo a las prescripciones de los programas y reglamentos de los respectivos colegios. A dichos alumnos se les expediría los certificados correspondientes en igual forma que los que se daban en los Colegios Nacionales y serían respetados en todos ellos y en las Universidades Nacionales.
Por último, se estableció que los egresados de los institutos de enseñanza superior o profesional, fundados por particulares o por gobiernos de provincia, podrían igualmente incorporarse a las facultades universitarias en el curso correspondiente, previo examen de las materias que hubiesen cursado.
El escritor Vicente G. Quesada, que integraba entonces la Cámara de Diputados, sostuvo que: “Lo que se propone en el proyecto es lo menos que podíamos dar de libertad. [...] Para que haya verdadera libertad de enseñanza sería necesario que hubiera verdadera competencia de escuelas y de métodos y la posibilidad de que los discípulos pudieran elegir libremente el profesor [...]”. Por otra parte, como lo señala el profesor Fernando Martínez Paz: “Si bien la ley resolvió una cuestión importante en ese momento (la situación general de los certificados de estudios de los colegios secundarios, provinciales y particulares) dejó planteado el problema institucional de la libertad de enseñanza, uno de los temas recurrentes en la organización del sistema educativo nacional, al no reglamentar, en todos sus aspectos el derecho consagrado en el 14º de la Constitución Nacional”
La ley fue reglamentada por decreto del 8 de marzo de 1879, modificado luego por decreto del 1 de marzo de 1886, en el que se estableció que la inspección de los colegios particulares que estuviesen acogidos a los beneficios de la ley, debía practicarse, a lo menos, una vez por año En la Capital Federal la verificación la haría la Inspección de Colegios Nacionales, y en las provincias, cuando ésta no pudiera hacerlo, la efectuarían los rectores de los Colegios Nacionales, acompañados por dos profesores.
Incorporación a la enseñanza oficial
La ley benefició, entre otros, al Colegio de la Inmaculada, de Santa Fe, restablecido —como hemos dicho— en 1862, por convenio entre la Provincia y la Compañía de Jesús. La incorporación le fue conferida por decreto del Poder Ejecutivo Nacional en 1881, aunque tres años después fue anulada por otro decreto. El Colegio estuvo cerrado hasta 1889 y, por un nuevo decreto de 1892, se le volvió a reconocer el derecho de acogerse a los términos de la ley 934. En 1896, por un breve lapso se repitió esta situación, en la que debe verse una nueva muestra de intolerancia de la corriente positivista ante la persistencia de la enseñanza religiosa. En Buenos Aires, el Colegio del Salvador que, como también hemos dicho, fue fundado por los jesuitas en 1868, tuvo un régimen semejante. En 1943, por decreto del Gobierno Nacional, se le acordó expresamente a este Colegio el estatuto que regía a su establecimiento similar, el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe.
De acuerdo con lo establecido en la ley 934, la incorporación a la enseñanza oficial alcanzaba sólo a los institutos que seguían los planes de estudios de los colegios nacionales. En 1890 el Colegio del Salvador solicitó autorización para inscribir como alumnos de primer año a quienes, sin haber cursado los seis grados de la escuela primaria, estuvieran, a juicio de los profesores del establecimiento, suficientemente preparados para los estudios de segunda enseñanza, pero el pedido fue denegado “pues conceder tal cosa [...], importaría colocar a los alumnos de aquel establecimiento en condiciones muy superiores a los de los colegios de la Nación, donde se cumplen y se hacen cumplir estrictamente los reglamentos” Esta resolución incluyó también al Colegio San José, que había hecho un pedido análogo.
Por otra parte, recién en 1897 se autorizó, por decreto, la incorporación de las escuelas normales particulares; en 1899, la de las escuelas comerciales e industriales; y en 1933 la de las escuelas técnicas. La posterior sanción de la ley 13.047 sobre enseñanza privada, en 1947, regularizó esta dispersión normativa.
