El gran elector

Los hombres que gobernaron el país durante cincuenta años no mejoraron sus hábitos políticos. La impunidad con que el poder ejecutivo abusó de sus facultades y la falta de sanción a. las transgresiones constitucionales, no podían justificarse frente al adelanto de la república. La disciplina partidaria estaba desvirtuada por la voluntad del jefe. Como si hubiera perdido confianza en sus propias fuerzas para llenar las nuevas modalidades de la vida nacional, el partido gobernante sufría una profunda crisis que dificultaba su renovación y la incorporación de nuevos elementos. Los mismos hombres continuaban ocupando las posiciones directivas y no daban lugar a otros igualmente capaces, que no pertenecían al círculo oficialista o eran demasiado jóvenes, aunque tan preparados como ellos para ocuparlas.

En oportunidad de la discusión de los diplomas de diputados en las sesiones de la Cámara en 1908, se hizo la crítica más severa a las costumbres políticas del partido oficial.1 El país ya no admitía ser gobernado por el “cacique civilizado”, 2 que mantenía su autoridad a través de los gobernadores adictos y los comicios regulados por el Ministro del Interior.

Sáenz Peña desde 1903, criticó el régimen político imperante, y como Pellegrini en 1908, señalaba sus deficiencias. Eran muchos los políticos que pensaban como ellos. 3

La Unión Cívica Radical propiciaba la reforma electoral, los jóvenes socialistas la apoyaban, y condenaban la “violencia bastarda”. “En Buenos Aires el voto popular no existe” decía Pellegrini... los registros se hacen antes de la elección y el fraude aleja al votante. 4 La prensa reflejaba este sentimiento colectivo. “Los derechos electorales son una farsa”. “El comicio libre no existe”. “Es omnímodo el poder político del Presidente y los gobernadores”. “El general Roca es el jefe supremo que manipulea la política con los grandes terratenientes”. “Al morir el caudillo ha engendrado el oficialismo”. 5

Los signos del malestar político estaban a la vista. En los diez últimos años fue decretado cinco veces el estado de sitio y se mantuvo vigente durante las fiestas del centenario. 6 Una revolución radical estalló en 1905 y se preparaba otra para 1910. El presidente Figueroa Alcorta se vio obligado a clausurar el Congreso. Una huelga general y violenta se produce en 1909. Los partidos políticos tradicionales se desintegran y sólo se mantenía unido un conglomerado oficialista. 7 La Unión Cívica Radical continuaba en la abstención electoral, conspirando. La vida municipal era rudimentaria y puede afirmarse que no existía la autonomía comunal. 8 La Constitución nacional no se practicaba porque en realidad “Vivimos bajo una constitución federal con régimen unitario” decía el profesor Raúl Orgaz. “The Economist” de Londres calificaba de malos a los gobiernos argentinos. 9

Desde la instalación definitiva de la Capital en Buenos Aires, la presidencia gana en autoridad y prestigio. A medida que Buenos Aires crece en población y riqueza su influencia es mayor y se extiende a las provincias. El aumento de los recursos del presupuesto nacional, la facilidad en las comunicaciones terrestres y telegráficas, la supresión de los guardias nacionales provinciales y la disciplina del ejército equipado con armas modernas, da al presidente los medios necesarios para imponer su política. Esta situación crea un régimen federal distinto. El de Urquiza o Sarmiento no será el mismo que el de Roca o Figueroa Alcorta. La influencia del Presidente aumenta en los estados federales porque puede intervenirlos sin riesgo, ni resistencia. El federalismo triunfante en Caseros es un neo-federalismo, después de 1880. Los gobernadores de provincia pierden gradualmente autonomía frente al presidente. “El gobernador hará lo que le mande el presidente porque no representa nada y vive a expensas de la complicidad federal”. 10 Deja de ser el “agente natural” de la Constitución, para convertirse en agente electoral del presidente. “No existe el régimen federal. La autonomía de las provincias ha quedado suprimida”, afirmaba Pellegrini. “La legislatura y los jueces se amoldan al patrón único”. 11

Cuando se gestan las candidaturas presidenciales, los gobernadores son tratados como los electores del Sacro Imperio. El presidente obtiene su concurso con dádivas y promesas, sino tan generosas como las de Carlos V y Francisco I, por lo menos de igual eficacia para inclinar las voluntades por el candidato que prestigia. El relajamiento de la política y la corrupción electoral pueden compararse a lo que ocurría en Inglaterra en épocas de Jorge III y de Walpole, donde todo hombre político tenía su precio. La comparación es favorable a Argentina donde nunca la venalidad llegó a tal extremo. 12

Durante los gobiernos de Roca y Juárez Celman ya el presidente se ha convertido en el gran elector nacional. La “máquina electoral” funciona regularmente.

Los gobernadores

Los gobernadores de provincia, antes de 1853, habían sido los grandes electores. “La intervención de los gobernadores (en los comicios) no ha tenido límites y en general ni siquiera se ha disimulado”. 13 Ejercían su autoridad dentro de las fronteras de su provincia. Ningún presidente pretendió imponer su voluntad a Bustos en Córdoba y a Taboada en Santiago del Estero, ni ganarle elecciones a Alsina y Urquiza en Buenos Aires y Entre Ríos. Los gobernadores se creen dueños de los pueblos, decía Mitre. 14

Los gobernadores convinieron en el acuerdo de San Nicolás, “emplear toda su influencia legítima a fin de que los ciudadanos elijan a los hombres de más probidad y de un patriotismo más puro”. Eran ellos quienes apreciaban esas condiciones. Entonces, su intervención en la lista de candidatos no se ocultaba, porque tampoco se ocultaba en el texto legal. La fórmula acordada en San Nicolás era el producto de una necesidad para evitar la vuelta del rosismo. Desapareció el peligro rosista pero los gobernadores continuaron practicando el sistema hasta 1910, como agentes del gobierno federal. Muchos afirmaban que el país no se hallaba preparado para una elección popular y “que sería una desgracia” librarlo a su destino. Los gobernadores, constantemente en sus manifiestos y declaraciones, sostenían la prescindencia en los comicios y aseguraban la libertad del voto, pero en realidad su intervención en las elecciones era real y permanente. 15 Los gobernadores fueron los árbitros de los comicios hasta que el presidente, por natural gravitación de su poder, terminó por dominarlos, desvirtuando el gobierno propio y los intereses regionales que durante la organización nacional estuvo tan bien guardado y defendido por las autoridades locales. Durante la presidencia de Figueroa Alcorta algunos gobernadores, como los de Córdoba, Buenos Aires y Mendoza, pretendieron oponerse a su política. Fueron al punto dominados por la influencia presidencial o la intervención nacional.

El gobierno democrático excluye la intervención de la autoridad en la designación de los candidatos, pero cierta concepción de los deberes del patriotismo convirtieron a la autoridad en tutor del pueblo para que no se equivocara en la elección. Mitre vetó las candidaturas de Urquiza y Adolfo Alsina.16 “El gobernador de Buenos Aires debería interponer su autoridad moral a fin de que fueran elegidos los hombres más dignos de ocupar ese alto puesto... para que se dignifique el Congreso argentino como resolvió el Acuerdo de San Nicolás”.17 Pueden multiplicarse los ejemplos.

La maquina electoral

La “máquina electoral” no fue una invención argentina. En España funcionaba sin tropiezo y en Francia con suficiente eficacia. En los países sudamericanos se emplea regularmente. El propósito de la “máquina” es asegurar la continuidad del mismo partido por la elección de candidatos oficiales. Con ella la mayoría de los gobernantes imponen su sucesor. La ley construye las piezas esenciales y los funcionarios perfeccionan sus movimientos. La “máquina electoral” es impersonal. Obedece siempre al gobernante. Por más cuidado que ha puesto su constructor, sus resortes no le obedecen si otro ejerce la autoridad. 18

¿Cómo trabaja el sistema? El pueblo de la Constitución lo constituye el padrón de electores y lo confecciona el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministro del Interior. Los inscriptores anotan con preferencia a los partidarios. La depuración del padrón y el clásico “juicio de tachas” lo realiza el gobierno, que es Juez y parte con este sistema. Al adversario se le oponen toda clase de impedimentos para anotarlo en el padrón. La mayoría oficialista está asegurada antes del comicio. El empleado público que no vote al candidato oficial es al punto despedido. Si no fueran suficientes estos recaudos, el día del sufragio, controla el comicio el comisario y la mesa escrutadora de votos designada por el gobierno favorece a sus candidatos. El presidente del comicio recibe la libreta que acredita al votante, pero en la imposibilidad de identificarlo permite el voto por interpósita persona y el acaparamiento de las libretas por los caudillos locales. La “máquina” funciona con más eficacia en la campana. En las grandes ciudades es menos aparente, pero no menos eficaz. Todo el pueblo tiene el derecho de votar pero el caudillo es quien dispone del sufragio. 19

La “máquina” opera también en la elección de los candidatos. En la confección de las listas era decisiva la influencia presidencial y la de los caudillos. Se ejercía en las provincias por conducto de los gobernadores que, generalmente, eran los jefes del partido del gobierno. El gobernador era el único que disponía de los medios de acción por intermedio de sus funcionarios, extendiendo su proselitismo a la campana con los comisarios y jueces de paz. éstos eran el terror de los vecinos que no colaboraban con su política. Los comisarios y jueces de paz, en sus respectivas jurisdicciones, son a su vez los principales electores. Responden políticamente al gobernador. El día de los comicios llevan a sus empleados y partidarios a las urnas. Cuando la elección es dudosa, alejan a los adversarios de los comicios, aún empleando la fuerza. Es frecuente la lucha armada entre las facciones para posesionarse del local del comicio. Con la falta de control de los fiscales opositores se produce “la volcada del padrón”, a la cual se refería Juan Palestra. 20

La “máquina” permitía simular una elección libre e invocar la mayoría del pueblo para legitimar la autoridad del gobierno. Todas las elecciones respondían al poder público triunfante en el lugar donde se realizaban. “¿Dónde están nuestros adversarios?” preguntaba Avellaneda a raíz de los comicios. Se proclamaba la democracia libre y se aplicaban los procedimientos comunes a una oligarquía cerrada. La Constitución no era una realidad en los hechos sino una superstición explotada. La “máquina” aseguraba la permanencia del gobierno personal y la continuación en el poder del partido gobernante. La oposición no podía triunfar, ni sus hombres participar en la administración sino transigían o convenían un pacto con el oficialismo, o provocaban una revuelta.

El fraude electoral practicado, casi constantemente desde la Independencia, evoluciona desde las formas violentas que llegan hasta, el crimen, hacía las más astutas e ingeniosas reclamadas por la convivencia social. Los recursos y formas de practicar el fraude son tan numerosos como variados. Dependen de la imaginación y cultura de los caudillos para que se realice de manera torpe o con técnica más inteligente.

Hasta 1910, la “máquina” funcionó con regularidad. La provincia que se rebelaba contra la política del presidente era intervenida hasta restablecer su influencia. “El Congreso es una arcilla para la mano presidencial”. Era un hábito que el gobernador designara su sucesor y fuera elegido senador por las legislaturas provinciales, al terminar su mandato, o renunciara antes de finalizarlo para serlo con mayor seguridad. Desde el Senado cuidaba la situación provincial que había dejado en manos de su sucesor. Los diputados al Congreso Nacional, elegidos por el grupo mayoritario, eran servidos ampliamente con empleos y prebendas del frondoso presupuesto nacional. Desde la modesta maestra rural hasta el subsidio para fundaciones e iglesias y la construcción de obras públicas, que los exangües presupuestos provinciales no podían soportar, eran sostenidos por el poder central y adjudicados entre los correligionarios. Los conflictos surgían por las divisiones del partido oficial, por celos de influencias y distribución de beneficios, buscando los descontentos, vinculaciones con la oposición, tratando por todos los medios para imponer su autoridad o de nuevo buscar su entendimiento con el gobierno. Los opositores empedernidos no tenían otro recurso que la conspiración para provocar una revuelta armada que les permitiera apoderarse del gobierno. La revolución era un producto de la “máquina electoral”; sin embargo, desde 1860, ninguna revolución pudo derrocar al gobierno nacional. 21 Era un hábito en la vida política argentina “manipular” las elecciones y practicar el fraude en sus más variadas formas ya referidas. El fraude sólo desprestigiaba a los ejecutores. Los usufructuarios e inspiradores, los hombres de Estado, no se sentían afectados por esas artimañas políticas, ni tampoco disminuía el valor de su reputación ante la opinión pública. 22

El tiempo oculta a nuestros ojos los vicios y abusos, excesos y violencias que se exhibían en el período electoral. Para demostrarlo tenemos que recurrir a los documentos y testigos de la época. Entonces, estaban visibles a los contemporáneos; bastaba mirar y observar. Situémonos en lugar de ellos y hallaremos la verdad del cuadro que trabamos.

La clase gobernante

Con este sistema se había formado una clase gobernante y organizado una administración eficiente con todos los privilegios que crea la autoridad: bienes, honores, pensiones y prebendas. Si desde hacía mucho tiempo gozaba de esta posición, era esta la mejor prueba de que la había merecido. Con inmenso esfuerzo creó una sociedad estable, restableció la paz, garantizó la vida y la propiedad, definió la personalidad del Estado; en una palabra, labra, edificó el país y sirvió a la comunidad. 23 Representaba el despotismo ilustrado del que habla Bryce. La constituían los hombres capaces y cultos que implantaron el liberalismo político a la manera europea, con sus sistemas monetarios, su organización económica y comercial, con sus institutos culturales, adaptándolos a las modalidades del país y de tal manera organizaron la sociedad, el gobierno y el trabajo que sus resultados fueron extraordinarios. A los cincuenta años de sancionada la Constitución, la república quedó incorporada al grupo de las naciones más ricas y cultas de la tierra. Su doctrina liberal consiguió desprenderse de la hegemonía de la Iglesia en la política y la administración que tuvo tanta influencia en el período revolucionario. Es posible que las viejas familias patricias, los grandes terratenientes y jefes militares alcanzaran las posiciones directivas con más facilidad que los advenedizos, pero no se puede afirmar que constituyeron un círculo cerrado y excluyente apoyado en las armas, la plutocracia o el linaje. Aquellos que no provenían de esos grupos, los más hábiles y capaces, podrían demorar en ocupar las altas funciones, pero al fin las lograban. A la Cámara llegaban los hombres más preparados y dieron al país un conjunto de leyes sabias “monumento de previsión, de progreso y también de liberalismo”.

La clase gobernante era un núcleo de hombres seleccionados, formados en las mejores escuelas y universidades, en la administración y el periodismo, o al frente de los batallones en las luchas civiles. Llegaban a los ministerios y a la presidencia de la República, después de haber acreditado su capacidad en la función pública. Los electores nunca ignoraban sus aptitudes. La presidencia de la Nación era la culminación de una larga carrera, política, la apreciación de sus merecimientos y defectos materia de un constante y renovado análisis y discusión en los núcleos dirigentes, en los artículos y polémicas de la prensa, siempre ilustrada y libre, a veces esgrimiendo la diatriba y la calumnia, celosa del bien público. La autoridad de la prensa entonces no se apreciaba tanto por el número de lectores, sino por quienes redactaban sus artículos. Los hombres más destacados del país eran dueños de periódicos o escribían en ellos, como Mitre y Sarmiento.

El grupo gobernante constituía el factor principal para la estabilidad de las instituciones y la continuidad del gobierno. Era el producto de una sociedad donde la propiedad de la tierra era la base del poder y la cultura el privilegio de una minoría que residía en las ciudades. El inculto proletariado urbano y peones del campo no estaban organizados; obedecían fácilmente las sugestiones de los caudillos. Su reputación estaba acreditada por la actuación en las luchas civiles y en los debates parlamentarios.

El ejercicio continuado del gobierno corrompe y la corrupción favorece la decadencia de la clase gobernante. La exageración de la autoridad personal y el “unicato” político, las nuevas exigencias de la vida social, la disgregación de los grandes partidos nacionales y las situaciones provinciales, la presión de otros elementos que aspiraban a participar en el gobierno, crearon un conjunto de factores que debilitaron la cohesión, el entusiasmo y la confianza de la clase gobernante tradicional. Sus ideas no se habían renovado lo bastante, satisfecha con los resultados adquiridos y confiada en la eficacia de su experiencia.

El gobierno siempre es ejercido por una oligarquía, generalmente aceptada y respetada por la opinión pública. Ella se forma en las democracias por los servicios prestados a la comunidad y la capacidad para gobernar el Estado. Lo esencial para perdurar es que se mantenga unida para realizar los principales propósitos que persigue. Hasta entonces, la oligarquía gobernante se había propuesto la unidad nacional, el afianzamiento de la justicia, la educación popular, la población del territorio, la incorporación de capitales extranjeros, el fortalecimiento de la paz y del poder presidencial. Nuevos problemas internacionales, económicos y políticos provocarían la división de la oligarquía. La reforma electoral, la práctica del federalismo, la distribución de la renta nacional, la asistencia social, la política exterior, crearon opiniones opuestas que aceleraron la descomposición de la clase gobernante, su debilidad y la falta de confianza y apoyo de la opinión pública. Fatalmente, cuando la autoridad de una clase gobernante pierde la sustentación de la colectividad, se renueva para lograrla o es substituida por otra oligarquía más apta.

En política poco valen las obras realizadas si no se puede satisfacer las exigencias de la opinión pública que reclama nuevos esfuerzos. La democracia posee una voracidad insaciable para consumir a los conductores que ya no colman sus aspiraciones. Los círculos gobernantes estaban alejados del pueblo y el pueblo había perdido la confianza en sus conductores. 24 El pueblo era un nuevo elemento que iba a gravitar en la orientación política del gobierno.

El fin de una época

La situación del país al asumir la presidencia Roque Sáenz Peña podríamos sintetizarla en la siguiente forma: extraordinaria prosperidad económica; confianza en el porvenir; una minoría culta, dueña del gobierno. El Presidente de la Nación concentra en sus manos la autoridad política, desvirtuando el régimen federal; falta de comicios auténticos y ausencia de votantes; decadencia de los partidos nacionales; formación de una importante clase media y una burguesía adinerada con aspiraciones políticas; comienzo de las industrias fabriles y aumento del número de los obreros; malestar en la clase trabajadora, por el mayor costo de la vida y deficiencias en la distribución de la riqueza y el régimen de asistencia social. La nueva generación de escritores aspira a espiritualizar la conciencia argentina, liberarse de las influencias extranjeras, y volver a lo vernáculo y genuinamente nacional.

La Nación había crecido demasiado para continuar usando fórmulas estrechas. Las fuerzas sociales preparaban, a pesar de la resistencia de algunos grupos, una nueva evolución política y social en la república. Si fuera posible fijar un término para marcar el fin de una época y el comienzo de otra, podríamos señalar la presidencia de Sáenz Peña como el principio de esa transformación en la estructura social del país y de sus manifestaciones espirituales; largo proceso que todavía no ha madurado y cuyo término no es posible prever.