El año 1825 se inició para las Provincias Unidas del Río de la Plata bajo los más favorables auspicios.

Las noticias del triunfo patriota en la batalla de Ayacucho (1824) que selló definitivamente la libertad de América, coincidieron con la instalación de un Congreso General Constituyente en Buenos Aires donde las provincias mediante el dictado de la Ley Fundamental renovaron sus deseos de ser parte de una nación sin renunciar a sus autonomías, e instruían al Congreso para el dictado de una constitución.

Aquella ley ordenaba que para entrar en vigencia la Constitución a dictarse, debía ser aceptada por todas las provincias. Pero la facción unitaria, no conformes con ello, trató de obtener el control del Congreso y lograr la promulgación de una constitución que respondiera a sus intereses. Para ello, lo primero que hicieron fue duplicar el número de los diputados que cada provincia tendría en el congreso. Esto favorecía exclusivamente a Buenos Aires que tenía sus diputados viviendo allí, sin gastos, sin viajes, por lo que éstos se incorporarían inmediatamente, restándole la mayoría a las demás provincias que se demorarían en enviar a sus representantes.

En diciembre de 1826, estando en mayoría los unitarios, lograban la sanción de una constitución.

Esta constitución aseguraba la libertad e independencia de toda dominación extranjera, y establecía el sistema de gobierno representativo y republicano, pero en contra al sentir de las provincias, establecía un régimen de carácter unitario y centralista.

El Poder Ejecutivo estaría a cargo de un Presidente que duraría 5 años en su cargo, y el Poder legislativo sería bicameral, integrado por diputados elegidos por el pueblo, y senadores que representaban a las provincias.

Las provincias tendrían un gobernador, elegido por el Presidente de la nación y que dependían de éste.

El marcado centralismo que inspiraba a la nueva Constitución fue suficiente para que obtuviera el rechazo de las provincias.