Al asumir la presidencia Bartolomé Mitre, se dedicó con prioridad a completar la organización de los poderes del Estado. Ya constituidos los poderes Ejecutivo y Legislativo, restaba organizar la administración de Justicia.

Durante su presidencia Justo José de Urquiza había tratado de organizar la Corte Suprema de Justicia, pero no pudo concretarlo por los problemas económicos que sufría la Confederación. Mitre pudo ponerla en funciones —integrada por cinco jueces y un procurador general— con un gesto político que prometía absoluta independencia al máximo tribunal: los miembros elegidos provenían de diversas líneas políticas.

El andamiaje judicial fue completado con la designación de los jueces federales y el dictado de leyes sobre las competencias de los magistrados y los procedimientos a seguir.

En materia de derecho civil y comercial aún estaban vigentes en el país las Leyes de Indias, junto a algunas disposiciones dictadas por los gobiernos anteriores. Recién en 1859 comenzó a cumplirse el mandato constitucional que atribuía al Congreso de la Nación el dictado de los Códigos —Civil, Comercial, penal y de Minería— cuando se dictó el de Comercio, redactado por Eduardo Acevedo, uruguayo, y Dalmacio Vélez Sarsfield. Rigió solo para la provincia de Buenos Aires durante la época de su separación, y reunificado el país, fue adoptado para toda la nación en 1862, reemplazándose años más tarde por otro texto que, aunque con algunas modificaciones, nos rige actualmente.

El Código Civil, obra de Dalmacio Vélez Sarsfield —aprobado a libro cerrado en 1869— se puso en vigencia en 1871, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Si bien ha recibido reformas que modernizaron algunos de los institutos jurídicos, sus lineamientos fundamentales siguen intactos y vigentes en la actualidad.

Carlos Tejedor fue el encargado de confeccionar el Código Penal en 1864. Sin embargo, el Congreso Nacional no lo analizó sino que preparó otro, muy distinto, perol que tampoco fue aprobado. Recién en 1886 fue finalmente aprobado el proyecto de Tejedor, recibiendo numerosas críticas de los eruditos en la materia.

En 1876, el presidente Nicolás Avellaneda encomendó la redacción de un Código de Minería a Enrique Rodríguez. El proyecto se sancionó muchos años después y con muchísimas reformas, no obstante, es considerado de alto valor intelectual, con proliferación de citas, notas y comentarios que lo realzan.

Una ley de gran importancia institucional fue la Ley de Acefalía dictada en 1868, durante el gobierno de Mitre, que se ocupaba de prever el orden de sucesión a la Presidencia de la Nación en caso de muerte o renuncia del mandatario en funciones.