Uno de los grandes problemas que hereda Bartolomé Mitre, al asumir la presidencia en 1862, fue la resolución del establecimiento definitivo de la ciudad capital nacional. Y en verdad era todo un tema, porque los porteños se negaban a entregar su ciudad para ser convertida en sede de las autoridades nacionales.

La Constitución sancionada en 1853 había establecido que la capital de la República Argentina sería la ciudad de Buenos Aires, pero el primer presidente constitucional, Justo José de Urquiza, había tenido que gobernar desde la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, porque la provincia de Buenos Aires estaba separada del resto del país.

En 1860, en ocasión de la unificación plena del país con la reincorporación de la provincia de Buenos Aires, al no estar ésta dispuesta a ceder su ciudad, pide la reforma del artículo de la Constitución que había establecido la capital en Buenos Aires, estableciéndose que la ciudad que se decidiera a constituirse en capital federal debía ser legalmente cedida por la Legislatura de la provincia a la que perteneciera.

Era de suponer que Mitre, no gobernaría el país desde Paraná, territorio bajo la influencia de Urquiza, pero tampoco desde ninguna otra ciudad del interior, sino que sólo lo haría desde Buenos Aires, por ello impulsa la sanción de una ley para el establecimiento de la capital.

No todos en su partido pensaban de la misma manera. Arduos debates periodísticos y legislativos se pronunciaban por las distintas posturas. Una de ellas, el “autonomismo�, liderada por Adolfo Alsina, se oponía a la federalización de Buenos Aires, deseosa de no perder la autonomía. Enfrentando al autonomismo se ubicaban quienes consideraban que debía sacrificarse la autodeterminación porteña en beneficio de la Nación, recibiendo el mote de “nacionalistas�. Al frente de este grupo se encontraba el propio Mitre.

Finalmente se logra un acuerdo, sellado con la aprobación de la llamada “Ley de Compromiso�, que permitía —por un plazo de cinco años— que tanto las autoridades nacionales, como las provinciales residieran en la ciudad, aunque las federales solo en calidad de huéspedes de la provincia.

Pasado el tiempo, a medida que se aproximaba el vencimiento del lustro establecido en la ley, crecía la necesidad de resolver la sede de la capital. Distintos proyectos se elevaron al Congreso para designar capital de la república a otro lugar que no fuera Buenos Aires. Fue propuesta la localidad cordobesa de Bell Ville por su centralidad geográfica en el país. También lo fue, en varias ocasiones, la ciudad de Rosario, por las excelentes vías de comunicación con el resto de la República, por su puerto y su comercio florecientes. Sin embargo, estos planes, aunque lograron la aprobación de ambas Cámaras, fueron objeto del veto presidencial, primero de Mitre, luego de Sarmiento.

Ningún proyecto era aceptado: el nudo de la cuestión era que ningún presidente quería alejarse de la metrópoli que era el centro político, social, comercial y cultural del país. Argumentaban que de dejarse a Buenos Aires solamente como capital de su provincia, su gobernador ostentaría mayor poder que el propio presidente de la República gobernando desde una modesta localidad provinciana.

Las autoridades federales, aún con el plazo de la Ley de Compromiso ya vencido, siguieron residiendo en la ciudad Buenos Aires, pero carecían de autoridad inmediata sobre el territorio en que se alojaban, al tiempo que se profundizaban más las diferencias entre los sectores en pugna.

Hacia 1874 la crisis por la cuestión capital se agudizó al extremo cuando los comicios presidenciales consagraron electo a un candidato del interior: Nicolás Avellaneda. Fuerzas porteñas, encabezadas por el candidato derrotado, Bartolomé Mitre, se levantaron en armas, pero fueron derrotadas por las leales al gobierno federal.

En 1880, volvió a recrudecer la cuestión: un nuevo alzamiento se produjo en vísperas de nuevos comicios presidenciales, ante el anuncio presidencial de que se iba a federalizar la ciudad en disputa. Ante la revuelta, Avellaneda se vio obligado a designar por decreto al pueblo de Belgrano, entonces fuera del ejido porteño, como sede transitoria del gobierno nacional. El enfrentamiento, que fue particularmente cruento, terminó con la derrota del los insurrectos.

El 24 de agosto de 1880, Avellaneda presentó un proyecto de ley por el cual se declaraba a Buenos Aires capital de la República y se la ponía bajo control directo federal, y el 21 de septiembre, la ley resultaba definitivamente aprobada, y el 6 de diciembre de ese mismo año era promulgada por su sucesor, el Presidente Julio A. Roca.