éste fue el gabinete del general Agustín P. Justo: Leopoldo Melo (Interior), Carlos Saavedra Lamas (Relaciones Exteriores), Alberto Hueyo (Hacienda), Manuel de Iriondo (Justicia e Instrucción Pública), Antonio De Tomaso (Agricultura), Manuel Alvarado (Obras Públicas), coronel Manuel Rodríguez (Guerra) y capitán de navío Pedro S. Casal (Marina).

El gobierno de Justo resultó un buen administrador y durante el mismo se llevarán a cabo importantes obras públicas, tal como ha sucedido frecuentemente en la Argentina cuando un militar ocupa la primera magistratura. Se construyeron caminos y cuarteles; se dio impulso a los Parques Nacionales; Mar del Plata y Bariloche adquirieron una nueva fisonomía, en virtud de las espléndidas obras encomendadas por las autoridades al arquitecto Alejandro Bustillo; se abrió la Avenida 9 de Julio y se crearon el Banco Central, la Junta Nacional de Carnes, la de Granos y la que regula la producción vitivinícola, conforme al dirigismo económico que apuntaba por entonces. No obstante todo ello, el período que comienza con la gestión de Justo y se extiende hasta la revolución de 1943 es denominado por varios sectores “la década infame�, utilizando una definición acuñada por el escritor nacionalista José Luis Torres.

Trataré de explicar desapasionadamente el por qué de esa definición, sin duda extremada. Ocurrió que, a partir de la prédica iniciada por los jóvenes nacionalistas, en las postrimerías del segundo gobierno de Yrigoyen, coincidente con las “nuevas ideas� que alentaba el general Uriburu –desarrolladas por Carlos Ibarguren en la conferencia del teatro Rivera Indarte, Córdoba–, dos convicciones habían echado a andar: por un lado, que el funcionamiento institucional, derivado del individualismo consagrado por la Constitución Nacional, no era el adecuado para encauzar una realidad donde las fuerzas sociales tenían ya una presencia vigorosa; por otro, se tomó conciencia del papel complementario –y subordinado– de la economía argentina respecto a la británica, suscitando esa comprobación un escozor creciente, para explicar el cual se apelaba cada vez con mayor frecuencia al concepto de “soberanía nacional�.

La difusión de estas ideas determinó que, por reacción, aquéllos que se les oponían acentuaran su disidencia, abroquelándose en una tenaz defensa del sistema institucional vigente y de un orden económico que había reportado prosperidad al país, creando asimismo una fuerte vinculación entre su clase dirigente y los centros financieros que sustentaban dicho orden. Tal oposición, por otra parte, resultaba exacerbada por los acontecimientos que conmovían el mundo, desde mediados de la década del 20, y a los que es preciso referirse para comprender los sucesos que aquí tenían lugar y los que sobrevendrían en adelante.