desde 1900 hasta 1992
gobierno de Alfonsín
 
 

Entre las primeras disposiciones adoptadas por el gobierno de Alfonsín, se contó la de enjuiciar a los integrantes de las Juntas del “Proceso†–salvo a quienes compusieron la que acompañó a Bignone– y crear la CONADEP (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas), que presidió el escritor Ernesto Sábato e integraron numerosas figuras adversas a los militares, contándose entre ellas exilados, periodistas contestatarios, dirigentes de agrupaciones defensoras de los Derechos Humanos, ministros de diversos cultos y activistas en receso. Además de los Comandantes en jefe, se dispone juzgar a algunos guerrilleros, tales como Enrique Gorriarán Merlo (in absentia) y Mario Firmenich, que sería detenido en Brasil. A fines de diciembre, el Congreso anuló la Ley de Amnistía dictada por el general Bignone. Y, comenzado 1984, comienza asimismo una macabra tarea de exhumación de cadáveres, enterrados como “NN†en el sector respectivo de los cementerios públicos y que se supone correspondan a desaparecidos durante la represión.


A mediados de marzo, el gobierno sufre su primer revés parlamentario, ya que el Senado –donde no cuenta con mayoría– rechaza un proyecto oficial tendiente a modificar el régimen que regula la actividad sindical. Y una ley que prohibe toda forma de censura, sumada a la disolución del Ente de Calificación Cinematográfica dispuesta por las autoridades, acentúa el “destape†en los medios de comunicación, donde proliferarán las referencias sexuales, los ataques a los militares, las reivindicaciones apenas veladas de la lucha insurrecional, las malas palabras, las críticas a la Guerra por las Malvinas y los sarcasmos dirigidos contra diversas expresiones de la tradición argentina.


Ese mes se organiza el PAN (Plan Alimentario Nacional), que consiste en la distribución gratuita de víveres a los ambiguamente descriptos como “sectores carenciadosâ€. Pronto se alzarán voces, denunciando discriminaciones políticas en los repartos e insinuando la existencia de un negociado descomunal, vinculado con la adquisición de las provisiones a distribuir.


En mayo, conforme a la tónica vigente en materia de espectáculos, el actor italiano Darío Fo estrena en el Teatro Municipal General San Martín una pieza blasfema, que suscita la reacción de grupos católicos y genera una gresca frente a la sala.


Corre octubre, cuando es conocida la propuesta papal respecto al diferendo con Chile por el Beagle, que mejora ligeramente el laudo británico pero mantiene sus puntos sustanciales. Y el gobierno resuelve someter su aceptación a los resultados de un plebiscito, que se lleva a cabo el25 de noviembre. Interesado en cerrar el caso, presiona por la aprobación de la propuesta mediante una intensa propaganda que, en rigor, no refleja la realidad, al insistir en que se trata de optar entre la paz y la guerra. Por televisión se difunde un debate, donde el canciller Dante Caputo brega por el “síâ€, mientras el senador justicialista Vicente L. Saadi lo hace por el “noâ€. Saadi está viejo, confunde datos, no atina con las citas y Caputo sale mucho mejor parado de esa confrontación. La Prensa, La Nueva Provincia y la revista Cabildo sostienen enérgicas campañas contra la propuesta, mientras los grupos de izquierda –que concurren a un acto realizado en el estadio de Atlanta para apoyar la postura oficial– están empeñados en favor de la aceptación del acuerdo con Pinochet, propuesto por el Papa en virtud de una negociación iniciada durante el gobierno militar, lo cual no dejó de resultar curioso. En el plebiscito, se impone el “sí†con más del 70% de los votos (10.450.000 contra 2.221.000). La aprobación por el Senado, en cambio, se logra por estrecho margen: 23 votos contra 22 y una abstención, que es la del senador radical León.


El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, al cual le compete juzgar a los acusados por eventuales excesos en la lucha contra la subversión, demora largamente los trámites. Cuando expresa que considera legítimas las órdenes impartidas con relación a aquella lucha, el gobierno le sustrae las causas respectivas que, en virtud de la legislación aprobada con posterioridad a los hechos, pasan a la Cámara Federal. Mientras tanto, la CONADEP se ha expedido con un voluminoso informe que titula Nunca Más y, en base a pruebas que no podrían haber dado sustento a una decisión judicial, fija en casi 9.000 el número de “desaparecidos†y formula cargos contra gran cantidad de militares, que participaron en las acciones libradas contra el terrorismo guerrillero.


La CGT dispone paros sucesivos en procura de mejoras salariales y el peronismo está agitado por un enconado debate interno. En él pujan dos líneas: los “ortodoxosâ€, que responden a sus posturas tradicionales, contándose entre ellos Lorenzo Miguel, Oraldo Britos y Herminio Iglesias; los “renovadoresâ€, influidos por la socialdemocracia europea al igual que el alfonsinismo y que, por ende, tienden a concertar con el gobierno, situándose en esa vertiente Antonio Cafiero, Carlos Grosso y, por aquel entonces, el gobernador de La Rioja, Carlos Saúl Menem.


La inflación continúa su marcha ascendente y la deuda externa también crece, incontenible, sumando ya 48.000 millones de dólares.


Durante 1985, Alfonsín viaja varias veces al exterior, luego de haber visitado los estados Unidos, en 1984. Al comenzar el año, la Federación Juvenil Comunista envía un nutrido contingente a Nicaragua, para colaborar con el régimen marxista que allí existe. El grupo es conocido como “Brigada del Caféâ€, ya que participará en su cosecha, aunque se extiende la presunción de que sus integrantes recibirán instrucción militar en el país centroamericano. Luego viajarían al mismo las Brigadas “José de San Martín†y “Simón Bolívarâ€.


La economía está cada vez más desquiciada. El Secretario General de la CGT, Saúl Ubaldini, no ahorra ataques al gobierno. Y, debido a que su oratoria asume cierto tono plañidero, Alfonsín lo califica de “llorón†y “mantequitaâ€.


A mediados de junio, un nuevo ministro, Juan Vital Sourrouille, lanza el “Plan Australâ€, apuntado a detener la inflación. El “peso argentino†es reemplazado por el “australâ€, que equivale a mil de aquéllos y cuya paridad se fija en algo más de un dólar, ya que la moneda norteamericana pasa a valer 80 centavos de austral. Se congelan precios y salarios, introduciéndose un sistema llamado “desagioâ€, en virtud del cual las deudas sufren quitas tarifadas. La inflación se reduce notablemente, pero no en la medida prevista por los autores del plan.


En septiembre, el Congreso aprueba una reforma al Código Civil, que modifica sustancialmente el régimen legal de la familia: se equiparan totalmente los hijos extramatrimoniales a los legítimos y se restringe el ejercicio de la patria potestad por parte del padre, que pasa a ser compartida con la madre, debiendo resolver los tribunales en caso de desacuerdo. Se prepara igualmente la introducción del divorcio en la legislación argentina.


Durante octubre, tiene lugar una serie de atentados con explosivos en los colegios, cuyo origen jamás se aclaró, pero que dieron pie al gobierno para denunciar un complot, encarcelar a varios ciudadanos y establecer el estado de sitio. Más tarde, los presos serían liberados por no haberse comprobado nada contra ellos. En noviembre se realizan elecciones para renovar las Cámaras y, a raíz de la impresión favorable producida por el “Plan Australâ€, los radicales obtienen el 43% de los sufragios contra el 34% de los peronistas, que han acudido divididos al comicio.


La Asamblea general de las Naciones Unidas resuelve, por 107 votos a favor y 4 en contra, con 41 abstenciones, que Inglaterra debe iniciar negociaciones con la Argentina, respecto a las Islas Malvinas. Gran Bretaña no lo hace, ni expresa intenciones de hacerlo.


El 9 de diciembre, la Cámara Federal, bajo la presidencia de León Arslanian y habiendo actuado como fiscales Julio C. Strassera y Luis María Moreno Ocampo, dicta sentencia respecto a la actuación de los comandantes en jefe durante la guerra antisubversiva. Condena a cadena perpetua al general Videla y al almirante Massera, a 17 años de prisión al general Viola, a 8 años al almirante Lambruschini, a 4 años y 6 meses al brigadier Agosti. El general Galtieri, el almirante Anaya y el brigadier Lami Dozo fueron absueltos en estas causas. Los imputados oyeron la lectura del fallo en pie, luciendo los uniformes correspondientes a sus respectivas fuerzas. Videla se había negado a formular defensa alguna, entendiendo que los miembros del tribunal tenían resueltas las condenas de antemano, tratándose de un juicio político dispuesto por una administración que cuenta entre sus integrantes a numerosos ex guerrilleros. Distinguidos penalistas rebatirían, con argumentos jurídicos consistentes, la decisión del tribunal.







Durante el gobierno de Raúl Alfonsín tuvo lugar un hecho macabro, rodeado hasta ahora del mayor de los misterios. El 10 de junio de 1987 fue violentada la tumba que guardaba los restos de Juan Domingo Perón, en la Chacarita. Si bien inicialmente se aseguró que el féretro que los contiene se mantenía intacto, más tarde pudo saberse que, por el contrario, aparecía forzado y los autores del atropello habían aserrado las manos del ex presidente a la altura de las muñecas, llevándoselas. Junto con ellas, también se habrían apoderado de un anillo que conservaba una de las mismas, de la gorra militar que se hallaba en el ataúd y de un manuscrito, depositado junto al cadáver.


Hubo algunas comunicaciones de quienes se atribuyeron el hecho, exigiendo a dirigentes peronistas el pago de un rescate que, según se dijo, alcanzaba a 8.000.000 de dólares. Las tratativas se diluyeron, no obstante, sin quedar definitivamente en claro si aquellos que exigían el pago para devolver las manos de Perón las tenían realmente consigo. Aunque, como prueba, habrían enviado parte del manuscrito desaparecido, redactado por Isabel Martínez. A todo esto, el juez a cargo de la investigación, doctor Jaime Far Suau, denunció estar recibiendo amenazas para no profundizarla. Más tarde pidió autorización a la Cámara, con el fin de viajar oficialmente a España durante la feria judicial y entrevistar allí a la viuda de Perón en busca de nuevos datos, necesarios para proseguir la pesquisa. El permiso le fue denegado. Viajó el juez de todos modos, costeándose el traslado de su bolsillo. Al regresar, uno de los testigos que se proponía interrogar murió súbitamente. Las amenazas no cesaron, llegándose al punto de que la mujer de Far Suau fue secuestrada por unas horas. éste, así presionado, resolvió abandonar la Justicia, cosa que comunicó a sus amigos. No llegó a hacerlo, porque falleció en un extraño accidente automovilístico, al incendiarse su coche después de volcar, habiéndose salido del camino en un tramo de ruta sin tráfico y donde no existen curvas.


Para agregar elementos enigmáticos al asunto, es preciso señalar que el cajón que contiene los despojos de Perón estaba protegido por una gruesa losa de hormigón y un cristal blindado, habiendo penetrado los incursores a través del techo del panteón, donde hicieron un boquete. En virtud de lo cual, la lúgubre tarea ejecutada debió insumir largas horas y producir un ruido apreciable. Cosa sorprendente, pues la tumba no dista de las oficinas administrativas del cementerio.


El 2 de septiembre de aquel año 1987, tomó estado público un escrito de Far Suau, presentado por su apoderado, uno de cuyos párrafos decía: “Creo que estamos ante una maniobra aberrante, tramada para mantener en la impunidad un hecho delictuoso bochornoso, al mismo tiempo que se habla irresponsablemente de esclarecimiento para dejar a salvo el cumplimiento de los deberes del Estado”.


La alusión del juez se refería a declaraciones formuladas por el entonces ministro del Interior, doctor Tróccoli, quien había anunciado que el caso estaba en vías de ser aclarado (La Nueva Provincia, 3/9/87).